Abocados a la calle por 300 euros

Carmen Buch tiene 35 años, tres hijos menores de edad y vive, con 532 euros al mes, bajo el umbral de la pobreza. Tiene un piso de 70 metros cuadrados, luminoso, en el distrito de Puente de Vallecas, al sur de Madrid. Paga 150 euros al mes de alquiler social. Y no tiene deudas. En agosto se retrasó al pagar dos facturas de unos 300 euros. Y la empresa municipal, que es dueña del inmueble, comenzó el procedimiento para echarla. A ella y a sus tres hijos. Tras una protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la concejal y diputada Eva Durán, esta ha asegurado que intercederá para paralizar el desahucio. “Si no fuera por la PAH y por los escraches, nadie nos haría caso. Todos nosotros estaríamos ahora en la calle”, afirma Carmen Buch.

El edificio donde viven Buch y sus hijos de 4, 10 y 13 años, es una especie de gran familia. Los vecinos conocen a sus hijos; saben, por ejemplo, cuándo Yaiza, la pequeña, se ha puesto enferma. Llegaron al inmueble en 2006, después de haber pasado una temporada realojados en Villaverde, al sur de la capital, tras el desalojo de la chabola en la que vivían en el barrio de San Fermín. El de Puente de Vallecas, donde están ahora, no es un barrio marginal. No son excluidos sociales. Las calles de la zona son amplias, hay parques, escuelas, bares y zonas deportivas públicas. Un barrio más de una ciudad más.

Con los 532 euros que Carmen, en paro, recibe como subsidio no le da para vivir. “Al mes pago de piso 150 euros. Y luego voy a Cruz Roja y a Cáritas. Nos dan comida y cupones para comprar en los supermercados”, relata. El padre de sus hijos, que es chatarrero, vive en Huete (Cuenca): “Cuando puede, me manda 20 euros”. Para amueblar el piso recurrió a su hermana. Esta pidió un crédito y Carmen se lo devuleve a plazos. “Todo lo pagamos poco a poco. Los Reyes Magos de los niños, también. Este año no ha habido mucho. Un par de muñecas y una tableta para Jonathan, el mediano, que me consiguió financiada mi hermana”.

Aunque ahora no se pierde ni una convocatoria, hace unos meses no conocía la PAH. En diciembre, cuando vio cómo se ejecutaba el desahucio de un vecino, pagó rauda su deuda de 300 euros. Ya era tarde. Varios funcionarios acudieron a su casa días después. Era morosa y debía marcharse. Un defecto en la notificación paró el desalojo hasta abril. El pasado día 1, después de Semana Santa, y aún festivo escolar, su hija Jennifer, de 13 años, abrió la puerta de casa. Su madre había salido. Fue a ella a quien le comunicaron que los iban a desahuciar. “Haced lo que queráis, pero aquí dentro hay tres menores”, espetó la niña. Cuando al rato regresó su madre, una de las funcionarias entró y exclamó sorprendida: “Pero si esto es una casa digna...”.

Un nuevo fallo en la notificación paralizó el desahucio hasta el próximo jueves. El viernes pasado, tras protestar ante el despacho de la edil madrileña y diputada Eva Durán, esta se comprometió a paralizar su desalojo. Le dijo que la llamará.

“Aquí no puedes fiarte de nadie. Y te lo digo yo que, teóricamente, tengo el mío parado, pero no podemos bajar la guardia. Cuando la gente esté atenta a otra cosa, volverán a empezar a echarnos”. Quien se expresa así desde el salón de la casa de Carmen es Amalia Torres. Tiene 51 años y vive con su marido y sus tres hijos en la sexta planta del mismo bloque. Son cinco personas que ingresan al mes 426 euros de ayuda a parados de larga duración. Contrajeron, también con el Ayuntamiento de Madrid, una deuda de 5.100 euros. “¿Cómo iba a saber cuando nos compramos esto que lo de la construcción iba a explotar y mi marido se quedaría sin nada?”, expresa.

Hace un mes, activistas de la PAH impidieron su desahucio. Se pospuso hasta el 4 de abril y la misma concejal de la que pende el desalojo de Carmen intervino in extremis el pasado viernes tras, según relató, “hablar con la alcaldesa Ana Botella”. “Ahora, tras cuatro años, se supone que vamos a negociar. Es lo que llevamos intentando y nadie ha querido. Sin la PAH habría sido imposible”, narra Torres.

Carmen Buch, Amalia Torres y su hija, de 25 años, Gloria Artigues, se han convertido en una suerte de activistas a tiempo completo. Acuden a las convocatorias de la PAH, conocen a los amenazados por desahucio, encadenan la historia de un drama con otro y llaman por su nombre de pila a los funcionarios. Todas coinciden en la crítica al trato que les da la Administración. “Acudí a la empresa municipal tras el intento de desahucio y me soltaron: ‘Pero si ya habéis parado el primero, parad también el segundo. ¿De qué os quejáis?”, relata Artigues. También cargan contra lo que creen una “discriminación racial”. “He llegado más de una vez y me han preguntado qué soy: si gitana o quinquillera ”, remarca Buch.

Las tres afectadas esgrimen de memoria la sentencia europea que dio un varapalo a la ley hipotecaria española. Traen a su discurso los escándalos de supuesto enriquecimiento ilícito que salpican a miembros de varios partidos políticos y de la familia real. Y vuelven a su barrio para aferrarse a un argumento demoledor: “En esta misma calle hay un edificio vacío con 94 viviendas”, afirma Buch. “Es del Ayuntamiento y lleva cerrado dos años. ¿De verdad se van a atrever a dejarme en la calle con tres niños?”.