Los jueces vascos se quejan de la retirada de los últimos escoltas en vacaciones

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha censurado la supresión de los cinco servicios de escolta que mantenían hasta el 1 de septiembre las principales autoridades judiciales de Euskadi, entre ellas el presidente del alto Tribunal vasco, "con infracción de la debida consideración institucional y en plenas vacaciones".

Este organismo ha aprobado un acuerdo en relación a esta medida, en el que pide que la Secretaría de Estado de Seguridad asuma la prestación del servicio de protección y solicita que los presupuestos vascos de 2014 consignen una partida para restituir los vehículos de incidencias.

El acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, se aprobó el pasado lunes, después de que el Gobierno vasco trasladara "de forma verbal" a la presidencia del TSJPV la decisión de la consejera de Seguridad de suprimir, desde el día 1 de septiembre, los cinco servicios de escolta que aún se presentaban a jueces y magistrados destinados a órganos judiciales de Euskadi.

El resto de las escoltas que llevaban jueces, magistrados y fiscales tras el asesinato del magistrado José María Lidón a manos de ETA en 2001 había sido suprimido una vez que la banda terrorista anunció el cese definitivo de su actividad armada.

En concreto, la decisión del Departamento de Seguridad afectada a "las cuatro autoridades que tienen atribuida en el bloque de constitucionalidad la representación ordinaria del Poder Judicial", es decir el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los presidentes de las Audiencias de los tres territorios históricos, así como el juez decano de Bilbao.

El documento censura que la decisión de Seguridad se ha producido "con infracción de la debida consideración institucional, en plenas vacaciones judiciales" y sin tomar en consideración la solicitud del tribunal vasco ante los departamentos de Seguridad y Justicia para que "se pospusiera al resultado de las reuniones de las comisiones insterinstitucionales" previstas para el mes de septiembre.

En estas reuniones, indica, debía resolverse sobre la propuesta de la Sala de Gobierno de mantener la vigencia del programa de protección para las cinco autoridades judiciales durante el actual ejercicio presupuestario.

El aplazamiento, según apunta la Sala, "tenía por finalidad que fuera en los presupuestos generales para el año 2014 en los que se consigne la partida, hoy inexistente, que permita restituir a las autoridades judiciales afectadas los vehículos de incidencias y el personal conductor que fue amortizado como consecuencia de la implantación del programa de protección" tras el asesinato de Lidón.

"La afección institucional producida por la forma en la que se ha llevado a cabo la clausura unilateral del programa de protección personal no afecta al reconocimiento de los servicios prestados en el desarrollo del programa y a la gratitud hacia las personas que lo han hecho posible", añade.

De este modo, explica el escrito de la Sala de Gobierno, las autoridades judiciales han dejado de contar con el servicio de protección personal dispensado por el Gobierno vasco y tampoco disponen de vehículos de representación e incidencias para el desarrollo de sus funciones en los 14 partidos judiciales vascos.

LA SECRETARÍA DE ESTADO

En este marco, pide a la Junta de Seguridad del País Vasco que "se dé cumplimiento y aplicación a los acuerdos sobre delimitación de servicios entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza" adoptados en marzo de 1989 y desarrollados en enero de 1995 y, en consecuencia, "se asuma la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Seguridad en la prestación del servicio de personal inmediata" a los cuatro presidentes y al juez decano de Bilbao.

El acuerdo ha sido trasladado a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y a los integrantes de la Junta de Seguridad del País Vasco.