La oposición clama en vano para que el PP no acabe con la justicia universal

En estos momentos gracias a la legislación española sobre la justicia universal se tramitan en la Audiencia Nacional casos como el asesinato del cámara de televisión José Couso en Irak; los vuelos de la CIA; el genocidio en Ruanda; las masacres en el Tibet, los asesinatos de los españoles Carmelo Soria e Ignacio Ellacuria, casos de atropello de los derechos humanos a activistas saharauis y una querella contra guardianes nazis. Estos casos quedarán archivados cuando entre en vigor como ley la proposición de ley defendida por el Grupo Popular para restringir la aplicación de la norma de 1985 que ha sido modelo para toda Europa.

Toda la oposición se ha comprometido a no olvidar estos casos y esta materia, a iniciativa de Aitor Esteban del PNV, de manera que esporádicamente traerán a la Cámara iniciativas para que se reponga la ley. Además, una vez en vigor la oposición se unirá, encabezada por el PSOE, para presentar un recurso de inconstitucionalidad. “La marca España se ha convertido en la marca de Caín”, ha dicho Gaspar Llamazares. "La reputación de España queda muy dañada. ¿Qué les ha dado el gobierno chino a cambio de este atropello a los derechos humanos?", ha preguntado la diputada de UPyD, Irene Lozano.

No tiene la menor duda la oposición en su conjunto que la “presión” y las amenazas de China han sido determinantes para esta decisión del Gobierno, ejecutada por el Grupo Popular, para que no se pueda perseguir desde España a los exmandatarios chinos. No va a ser posible que un juez español investigue delitos cometidos fuera del territorio nacional, y, desde luego, los afectados tienen que ser españoles. “La impunidad será la verdadera marcha España”, ha dicho Joan Tardá de ERC. Además, se añade una disposición transitoria por la que los casos actuales quedan archivados. Tanta precisión le ha llevado a Aitor Esteban, portavoz del PNV, a concluir que esta hecha específicamente para poner fin a los casos que ahora están en los tribunales españoles.

Este es el caso del cámara José Couso, cámara de Tele 5 asesinado por disparos de soldados norteamericanos en la guerra de Irak. Su madre, su hermano y su viuda han estado hoy en el Congreso y se han reunido con todos los grupos, también con el Grupo Popular. “Les quiero mirar a los ojos y decirles que no cambien la ley, que llevará a que se archive el caso”, ha pedido la madre de Couso.

El argumento que ha dado José Miguel Castillo, del Grupo Popular, respecto a que esta legislación es innecesaria porque ya existe la Corte Penal Internacional, para juzgar casos de crímenes de lesa humanidad ha sido rechazado por la oposición. “El tribunal y la justicia universal son complementarias no subsidiarias”, ha dicho Llamazares. Pero además China y Estados Unidos no han firmado el acta del Tribunal Penal, por tanto, no la respetan. Desde el PP se ha tratado de convencer que con la reforma que piensan hacer se protege los casos de violencia de género y los casos de abusos sexuales de los niños, en tanto que con la actual “se establece una justicia quijotesca, sin resultado alguno”. Sí ha dado resultados, han insistido en la oposición.

Las presiones de otros gobiernos van a hacer que España incumpla compromisos internacionales, ha recordado Soraya Rodríguez del PSOE que ha desmenuzado la propuesta del PP, además de enumerar los casos ahora en tramitación para preguntar si con la ley del PP se archivan o no. No ha habido respuesta pero con la letra de la ley la respuesta es sí. "Es una ley de punto final, vergonzosa, a cambio de relaciones comerciales", ha denunciado Llamazares.

Desde grupos moderados como CiU la posición no ha sido más suave, en voz de Jordi Jané. “Se convierte a España en cómplice de la impunidad de crímenes de guerra y lesa humanidad porque hace “casi imposible la persecución de estos delitos”. El Gobierno se ha “achantado” ante intereses de los poderosos”, ha opinado Aitor Esteban del PNV. Diputados y jueces tienen que presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una norma que “ofende la memoria de millones de personas”, ha animado Tardá de ERC. Los argumentos en contra siguieron en voz de Olaia Fernández Davila del BNG y Sabino Quadra de Amaiur. Pero fue inútil. Al borde de las nueve y media de la noche, la proposición de ley fue aprobada por 179 votos a favor, frente a 163 en contra. Ahora empieza la tramitación y en menos de cuatro meses entrará en vigor que acaba con la justicia universal en España tal como ahora se practica.