El juez Ruz investiga el despilfarro de los actos de ‘primera piedra’ de Aguirre

Un nuevo auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en apariencia de mero trámite, puede provocar otra sacudida en el PP nacional y especialmente en el de Madrid. El magistrado ha decidido profundizar la investigación sobre los contratos que la Comunidad de Madrid otorgó a la trama empresarial de Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel, para la organización de cientos de actos de propaganda de la expresidenta de la comunidad y líder regional del partido, Esperanza Aguirre. El juez Ruz ha dado un plazo de cinco días a las Consejerías de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid para que aclare si 15 de estos actos, casi todos puestas de primeras piedras de hospitales, carreteras, urbanizaciones y viviendas protegidas, fueron sufragados por las empresas adjudicatarias de esas construcciones, y no pagados directamente por el Gobierno regional a las sociedades de Correa, como se creía hasta ahora. Los agasajos, celebrados entre 2005 y 2007, tuvieron un coste total de 730.000 euros.

Sin embargo, el magistrado va un paso más allá. Ruz, a sugerencia de la Fiscalía Anticorrupción, quiere saber quién redactó los pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares de los contratos de las obras y quién fue el responsable técnico o político de su adjudicación y su fecha. En el caso de la Consejería de Sanidad, los actos se refieren a una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.

El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.

El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.

En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, aseguró este jueves que van a entregar a la Audiencia Nacional la información que les ha requerido sobre adjudicaciones a empresas vinculadas a la red Gürtel, y que lo harán “dentro del plazo” establecido. En relación a estos actos de inauguración, ha indicado que es “público y notorio y es lo habitual en grandes infraestructuras que la contratación de esos actos la realizan empresas, no la Comunidad”.