El juez ordena investigar todas las cuentas de Bárcenas y su familia

El juez Pablo Ruz emitió este martes un auto en el que da un plazo “improrrogable” de cinco días a distintos bancos para que le faciliten todos los movimientos bancarios del extesorero popular Luis Bárcenas y de su familia (su esposa y su hijo Guillermo) entre los años 2009 y 2013. Ruz quiere los movimientos de las cuentas para analizar qué hizo Bárcenas con el dinero que ocultó en Suiza (en torno a 50 millones de euros) y que luego repatrió en parte tras el estallido del caso Gürtel. La sospecha es que parte de ese dinero procedía de la caja B que el PP mantuvo entre 1990 y 2008 y que él gestionó. Ruz investiga a Bárcenas por delitos de blanqueo, fraude fiscal, falsedad, cohecho y estafa procesal.

Ruz quiere, además, los apuntes que figuren en Bankia sobre los 294.000 euros que ingresó su esposa Rosalía Iglesias en esta entidad, en metálico, entre 2004 y 2007. Y, asimismo, indaga los movimientos de los 149.000 euros que Iglesias ingresó en abril de 2005 en un banco de Barcelona como pago de un apartamento en Baqueira Beret. El juez sospecha que este dinero procedía de la caja B del PP. Además, Ruz reclama datos de los 500.000 euros que, el 19 de enero de 2006, ingresó la esposa de Bárcenas en Caja Madrid y que el extesorero dijo que procedían (luego se descubrió que era falso) de la venta de obras de arte.

Las pesquisas que desarrolla Ruz también revelan una compra de 149.000 euros en acciones de la empresa periodística Libertad Digital por parte de la esposa de Bárcenas y de Francisco Yáñez, testaferro en Suiza del extesorero. También se sospecha que este dinero procedía de la caja opaca del PP. Bárcenas luego vendió esos títulos y se ignora el destino del dinero.

En la frenética actividad que realizó Ruz este martes figura otro auto en el que también da un plazo de cinco días al PP para que le entregue las escrituras notariales que, a partir de 2007, acrediten los poderes que otorgó el partido a Bárcenas como gerente y luego como tesorero, así como la fecha concreta de revocación de esos poderes.

Uno de los objetivos de esta petición es analizar la eventual responsabilidad penal, no solo del extesorero del PP sino de la propia dirección del partido, en la administración de la caja B que mantuvieron los populares entre 2000 y 2008. Esta petición de Ruz se produce tras la declaración que prestó Bárcenas el pasado jueves y que duró cinco horas. Delimitar el tipo de poder que se le otorgó es importante para determinar si la responsabilidad de las cuentas es sólo de Bárcenas o también atañe a alguno de sus superiores jerárquicos. El artículo 310 del Código Penal castiga con hasta siete meses de cárcel al “gestor” que lleva una contabilidad B en su empresa. Si Bárcenas demuestra que las órdenes para que hubiera esa caja opaca provenían de un superior, entonces la responsabilidad se extendería al superior. Aún no lo ha acreditado. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, señaló el año pasado ante Ruz que a Bárcenas le fueron revocados los poderes de tesorero en octubre de 2009. El extesorero, en cambio, aseguró que le fueron revocados en marzo de 2010.

La petición de esos poderes tiene que ver también con las obras de la sede del PP en Génova y con la compra de la sede del PP de La Rioja, que fueron pagadas, según Bárcenas, con dinero de la caja B. Según Bárcenas, el PP de la Rioja obtuvo 200.000 euros en B (se supone que una donación) que remitió al PP de Madrid y éste, a su vez, tras hacer un apunte en su caja B, lo devolvió a La Rioja.

En otro auto, Ruz pide a dos sociedades extranjeras que faciliten datos sobre la adquisición de un barco y un apartamento a nombre de Pablo Crespo, número dos de Gürtel, en Cancún (México). Crespo señaló este martes que disfrutó de esos bienes (“en régimen de multipropiedad: ocho días al año”) durante un tiempo. Y que ignora la situación actual dado que, tras serle embargadas sus cuentas, dejó de pagar la cuota.