Los discapacitados enfrentan barreras en la red que la ley no logra derribar

"Ningún arquitecto se plantea, hoy en día, diseñar un edificio que no sea accesible para personas con discapacidad. No sé por qué no ocurre lo mismo con las páginas web", se queja el consultor web José Miguel Moreno. Este malagueño de 31 años, que tiene un 89% de discapacidad, ha elaborado un estudio independiente sobre el nivel de accesibilidad que ofrecen 85 páginas de administraciones públicas y empresas en Internet. Los resultados del análisis señalan que, a pesar de estar obligadas por ley, en 66 de las entidades analizadas, entre ellas el Senado, diversos Ayuntamientos, la Guardia Civil o Renfe, los criterios de accesibilidad no se cumplen o son sustancialmente mejorables. 

Estas conclusiones confirman la tendencia que señalan otros informes elaborados por organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Existe una legislación que desde 2009 obliga a los portales en Internet de entes públicos y de algunas empresas a incluir herramientas en la página que faciliten la interacción de personas con limitaciones físicas. Medidas como incluir textos simplificados, evitar ciertos captchas, utilizar algunos formatos de letras o el contraste de los colores facilitan sustancialmente la navegación en la red para personas invidentes o sordas.

Algunas compañías han llegado a recibir recomendaciones de sanción. Es el caso de Iberia. El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad, Cermi, anunció este martes que la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha propuesto sancionar a Iberia con una multa de 30.000 euros por la falta de accesibilidad de su página web.

Renfe es otra de las entidades que ha sido acusada de incumplir la norma. Existen varias solicitudes de sanción cursadas ante el Ministerio de Sanidad. Los informes encargados al respecto por Sanidad señalan que Renfe ha hecho notorios esfuerzos en los últimos meses por mejorar la accesibilidad de su página web, por lo que el ministerio ha propuesto archivar la solicitud de sanción, proceso que actualmente está en fase de recurso por parte de los demandantes.

Mario García, presidente de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe, señala que, al igual que con otros muchos temas que afectan a la discapacidad, como puede ser el empleo, las barreras físicas o la educación, en la accesibilidad de las páginas web existe "una legislación que debería cumplirse y sin embargo no se cumple".

Existe una legislación que debería cumplirse y sin embargo no se cumple M. García, presidente de Cocemfe

Una de las entidades públicas señaladas como no accesibles en el informe del consultor Moreno es el Senado. La cámara alta ha explicado a EL PAÍS que en el momento de inaugurar su actual web, estrenada en noviembre de 2012, el objetivo de cumplir los criterios de accesibilidad "se cumplió solo parcialmente". Actualmente se trabaja para tener una web plenamente adaptada para septiembre, según aseguran desde la institución.

El presidente de Cocemfe apunta varias razones para que se den los incumplimientos de la normativa: la falta de concienciación, el desconocimiento de las pautas de accesibilidad por parte de los propios desarrolladores web o el falso mito de que es cara. Pero, a su juicio, el motivo principal es que "verdaderamente no se persigue el incumplimiento de las leyes, y al final existe la sensación de que cumplir o no, no supone mayor problema”. “Las sanciones en muchos casos no llegan a ser lo contundentes que debieran", señala. Añade que, además de beneficiar a personas con discapacidad, estas medidas también son útiles para otros usuarios como personas mayores o para quienes no entienden el idioma.

Fuentes del Ministerio de Sanidad, organismo encargado de supervisar el cumplimento de las pautas de accesibilidad web, explican que en la oficina que se encarga de registrar las reclamaciones y denuncias de personas con discapacidad, muchas de las quejas que llegan son relativas a obstáculos para navegar por la red.

Los incumplimentos de la normativa podrían ser evitados con facilidad Juan Luis Quincoces, director del CENTAC

Los incumplimentos de la normativa podrían ser evitados con facilidad. Es lo que opina Juan Luis Quincoces, director del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, Centac. Explica que, en numerosas ocasiones, cuando señalan a entes públicos y privados los errores y les proponen soluciones, “se sorprenden de lo fácil que hubiera sido hacerlo bien desde el inicio”. Indica que la dificultad aumenta cuando se enfrentan al posible coste de tener que “enmendar” webs mal construidas. Al igual que cuando se construyen las rampas para sillas de ruedas, "al inicio el coste es similar o menor al de los escalones, pero una vez construida la escalera, cambiarla significa que es necesario deshacer trabajo y construir sobre lo nuevo", comenta.

El consultor Moreno asegura que, como persona con discapacidad, en muchas ocasiones siente frustración cuando constata que una web no es accesible. Cree que las sanciones no sirven para mucho. En el caso de la propuesta de multa a Iberia, opina que 30.000 euros por seis años de inclumplimento de la ley sale muy barato; mucho más que hacer una web nueva. Sin embargo, cree que el mayor motivo para hacer una página accesible no debería ser evitar las sanciones ni tampoco incrementar los beneficios empresariales. “Imagina el día en el que una persona ciega pueda comprar comida, o un billete de avión o tren por internet”, comenta; “solo por la sonrisa de esa persona, deberían hacerlo”.