La gran mayoría de empleados del complejo judicial de Madrid eran jefes

Diecisiete de los 20 operarios del Campus de la Justicia de Madrid, la sociedad 100% pública encargada de crear la que iba a ser la mayor ciudad judicial del mundo (que ha supuesto un despilfarro para las arcas públicas de 105 millones), fueron contratados como jefes sin subordinados, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Había nóminas de hasta 106.000 euros. Y casi todos llegaron al Campus por elección arbitraria o relación de parentesco.

Al renunciar la Comunidad de Madrid a levantar la megaciudad judicial a finales de 2008, coincidiendo con la irrupción de la crisis económica, muchos de los operarios continuaron en nómina pese a que apenas había trabajo que realizar. Los tres últimos fueron despedidos finalmente a mediados de 2012, cuando se decidió extinguir el Campus por inviable. Pero bien pudo finiquitarse tres años antes. A varios trabajadores hubo que indemnizarles con hasta 36.000 euros por el despido. Todos ellos fueron contratados a dedo. Y, según fuentes del Campus, “por ser amigos de algún alto cargo”. El Campus permitía la contratación a dedo ya que, aunque su capital era público, se creó como sociedad mercantil sujeta al derecho privado.

Entre los empleados del Campus estuvo un hijo del exministro y actual eurodiputado Miguel Arias Cañete. También sirvió el Campus para pagar supuestos favores. Fueron contratados varios agentes que se vieron salpicados en el escándalo del espionaje de de Madrid. El sueldo medio de los operarios rondó los 62.000 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Y en esos años se beneficiaron de fuertes subidas salariales aun cuando la sociedad ya estaba abocada al cierre por ruina.

La sociedad fue extinguida en julio del año pasado tras nueve años de funcionamiento. EL PAÍS destapó ayer que el Campus de la Justicia, ideado y pregonado por la expresidenta Esperanza Aguirre, ha desperdiciado 105 de los 130 millones de euros que le inyectó desde 2005 el Gobierno de Madrid. A estas alturas el patrimonio neto de la firma se ciñe a un secarral de 400.000 metros cuadrados situado entre el aeropuerto de Barajas y el recinto ferial del IFEMA, sobre él emerge un único edificio, el que iba a ser el Instituto de Medicina Legal, cuyas obras costaron 22 millones, que hoy está tasado en 17,5 y cuyo deterioro es tal que necesitaría al menos otro cinco para funcionar.

Contratos indefinidos

El dinero público despilfarrado (la megaciudad judicial no se ha levantado) se ha ido por todos lados. Desde fastuosas presentaciones millonarias de colocación de primeras y segundas piedras o proyectos de cientos de miles de euros que nunca vieron la luz, hasta maquetas que costaron cada una casi un millón de euros y que ahora ven pasar el tiempo en un sótano de la Consejería de Justicia de Madrid. Campus de la Justicia fue constituida ex profeso en 2005 para gestionar la construcción de una Ciudad Judicial que iba a ser la mayor del mundo. El fallido proyecto consistía en aglutinar en Valdebebas todos los juzgados de la capital, que aún siguen dispersos en casi una veintena de sedes (el Gobierno regional paga 39,8 millones de euros anuales en alquileres).

Uno de los capítulos que han contribuido al despilfarro del dinero público del Campus fue el de los empleados. Bajo el mando de sucesivos consejos de administración que presidieron, por este orden, los consejeros Alfredo Prada, Francisco Granados y Salvador Victoria, llegaron a sumar hasta 20 nóminas.

“Apenas había curritos, casi todos eran jefes sin tropa a la que mandar, pero con sueldo de jefe”, señalan fuentes cercanas al extinto Campus, que recuerdan los viajes por medio planeta que organizó el Campus por orden de la Comunidad para presentar “un proyecto que ha sido una ruina para todos”. Hasta llegó a anunciarse el proyecto en el Washington Post con un coste de 12.000 euros.

Sólo había un administrativo y un recepcionista. También había una secretaria, pero esta lo era del Consejo de Administración, integrado por altos cargos políticos del Gobierno regional. A todos se les hicieron contratos indefinidos.

El Campus colocó su primera oficina en un lujoso edificio alquilado de la calle Miguel Ángel. “El despliegue de comilonas y plazas de garaje gratis era tremendo, y todo había que pagarlo", señalan fuentes del Campus. Luego, los operarios, cada vez menos porque no había ninguna actividad, se trasladaron a otro edificio de la calle Ribera del Loira. Finalmente, acabó en la sede de la Consejería de Justicia.

Un ejemplo de que los operarios del Campus no escatimaban recursos es, por ejemplo, que disponían de una gestoría que cobraba un dineral por cada gestión, cuyo tiempo cronometraba en minutos. Por el hecho de recibir un fax del Campus, o una llamada telefónica, o revisar un papel, percibía entre 33 y 90 euros. Por asistir a una reunión del Campus, 500 euros. Y por una mera consulta, algo más de 90.

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