Arias Cañete ignoró un informe de su ministerio contrario a compensar a FCC

La reunión entre los directivos de la constructora FCC y Arias Cañete se celebró el 24 de febrero de 2014, un año y medio después de la riada que dañó la desaladora de Bajo de Almanzora (Almería). Sobre este asunto se ha pronunciado este martes, a través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura, a pesar de que Arias Cañete dejó este departamento en abril de 2014. Agricultura ha confirmado la reunión. "Para la celebración de la misma, [el gabinete del entonces ministro] pidió información a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la situación del proyecto", señala ese comunicado. Aquella desaladora resultó dañada por una riada y la UTE que la construyó —de la que formaba parte FCC— se negaba a afrontar el coste de su reparación. Agricultura no ha informado este martes sobre el sentido de la "información" solicitada, que contenía un escrito contrario a las pretensiones de FCC.

Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se remitieron al gabinete de Arias Cañete dos informes para esa reunión. El primero de ellos era de Acuamed, la empresa pública responsable de la obra y de afrontar los pagos. En ese escrito se apunta ya a que se habían mantenido reuniones entre esta empresa pública —que está en el centro de la trama que investiga el juez Velasco— y la UTE. "La última propuesta alcanzada fijaba un reparto del importe de la reparación del 40% por parte de Acuamed y el 60% por parte de la UTE", se apunta en el escrito elaborado de la sociedad pública el 19 de febrero de 2014. Pero se señalaba que había sido "inviable concretar ese acuerdo".

Resolución del contrato

En el segundo informe que se adjuntó para la reunión, fechado el 23 de enero de 2014 y elaborado por la Dirección General del Agua, se concluía que "lo más conveniente sería la resolución del contrato por causas imputables al contratista, reclamando al mismo los daños causados". En el escrito se señalaba que si se daba ese paso "con casi toda seguridad" el contratista "intentará evitarla" con un "pleito".

En el informe de la Dirección General del Agua se resalta que, cuando se produjeron las inundaciones, "se comprobó que el contratista no disponía de las coberturas de seguros que establecía el contrato y el pliego". "Evidentemente si se hubiese suscrito el seguro, los daños estarían reparados, reparándose o indemnizados por la compañía aseguradora o por el Consorcio de Compensación de Seguros", se añadía. Fuentes cercanas al caso señalan que no había seguro porque la obra no estaba acabada cuando sufrió la inundación.

A pesar de que la trama del agua no había saltado aún a la opinión pública, en el informe ya se advertía de que "existe una gran sensibilidad social y mediática, en lo que afecta a la gestión de los fondos públicos", lo que "hace que la Administración y los entes públicos sean aún más prudentes en sus actuaciones, que exigen demostrar sin la mas mínima duda una defensa clara y nítida del interés público". Y se avisaba: "Este tema podría trascender a la opinión pública", como ha ocurrido.

A pesar de este informe, tras la reunión con la constructora, Arias Cañete solicitó a la Abogacía del Estado que analizara si era legal que parte de los gastos de reparar la desaladora los asumiera la Administración, como pretendía FCC. Las constructoras se quejaban en ese momento de que el Estado les adeudaba 1.200 millones de euros en obras y que el presupuesto del ministerio para temas hídricas era de apenas 300 millones. El informe encargado por Arias Cañete, firmado por el letrado del Estado Pablo Fernández Ruiz el 10 de abril de 2014, concluía que había una "corresponsabilidad" entre la UTE y Acuamed, como sostenía la constructora.

El ministerio resalta que la Administración nunca pagó a la UTE ni las obras de la desaladora ni la reparación tras la riada. La semana pasada, el juez Velasco sostuvo que no se cerró finalmente la "compensación indebida" porque el Consejo de Administración de Acuamed y su dirección tuvieron conocimiento de la "denuncia" que un exdirectivo presentó en marzo de 2015 alertando de este principio de acuerdo. Sin embargo, el juez señala que hubo "persistencia en la idea", ya que en los presupuestos generales de 2015 se "consignaron cerca de 36 millones". En los de 2016 bajó esa "compensación de 8 y 14 millones". EL PAÍS ha intentado este martes recabar, sin éxito, la versión de Arias Cañete. Desde su departamento europeo un portavoz ha asegurado que "no se desoyó nada". "Al contrario, se pidió el informe jurídico de la Abogacía del Estado", ha añadido. FCC, por su parte, defiende la legalidad de su reclamación. Según la empresa, lo que había solicitado era "el pago que le corresponde, en el marco de la legislación aplicable".