La ‘marca Gibraltar’, mejor que las de España y Reino Unido

Conseguir que la Marca España recupere lustre, tras el varapalo que sufrió con la crisis, ha sido objetivo prioritario del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la pasada legislatura. Sus desvelos solo han logrado situar a nuestro país en el puesto 36 del ranking de fortaleza de la imagen de países y jurisdicciones territoriales del mundo elaborado mediante el sistema MESIAS, una herramienta de medición cuantitativa de la evolución de la marca-país que aplica el Ministerio de Exteriore.

Es un puesto por delante del 37 de la marca UK (Reino Unido, por sus siglas en inglés), pero muy lejos del número uno, con el que se ha alzado uno de los territorios menos apreciados por el jefe de la diplomacia española: la colonia británica de Gibraltar.

Para atribuirle esta sorprendente medalla, MESIAS se basa en el análisis objetivo de cuatro parámetros: turismo, exportación, inversión directa externa e inmigración. La imagen de un territorio es mejor cuanto más atractiva resulta a la hora de obtener resultados en estos cuatro campos, en términos per cápita.

Los autores de este informe confidencial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, admiten que la valoración de Gibraltar puede estar sobredimensionada a la hora de contabilizar el flujo de turistas, pues las autoridades del Peñón incluyen entre ellos a los casi 26.000 españoles que trabajan en Gibraltar o a los que cruzan varias veces al día la Verja para trapichear con tabaco. Por la misma razón, la cifra de inmigrantes estaría infradimensionada.

Respecto a las inversiones externas, solo se incluyen datos de las procedenctes de Estados Unidos y Rusia, mientras que en las exportaciones no figuran las de petróleo, aunque el bunkering constituye un pingüe negocio para la Roca. El informe admite que, si se tuvieran en cuenta estos datos, la valoración de la Marca Gibratar sería mejor, si cabe.

Y ¿cuál es la causa de que un territorio de solo 6,8 kilómetros cuadrados y 30.000 habitantes tenga la mejor imagen del mundo? Para los autores del estudio no es tan sorprendente: “Gibraltar presenta, en términos de Fortaleza de Marca Territorial/Jurisdiccional un comportamiento idéntico al registrado por los considerados Paraísos Fiscales”. Entre los 12 primeros puestos del índice, alegan, hay 10 territorios calificados como tales, y entre los 31, nada menos que 15.

¿Sigue siendo el Peñón un paraíso fiscal? Sus autoridades lo niegan tajantemente. Gibraltar ya no figura en la lista gris de la OCDE, aunque en la misma solo quedan dos islas de la Polinesia (Naurú y Niué), pues basta para abandonarla con firmar 12 acuerdos de intercambio de información y a menudo los propios paraísos fiscales los suscriben entre sí. Tampoco está en la lista de la UE, aunque para ello es necesario que 10 estados miembros la cataloguen como tal. España sí lo hace y Gibraltar sigue figurando en la lista que elabora el Ministerio de Hacienda, de la que han salido Andorra, Luxemburgo o Panamá.

Gibraltar forma parte de la UE y está obligada a aplicar sus directivas, incluida la 2011/16/UE, sobre cooperación en el ámbito de la fiscalidad, y la 2014/107/EU, que modifica la anterior y prevé el intercambio obligatorio y automático de información sobre acuerdos tributarios con empresas. Una reforma fruto del escándalo LuxLeaks: el descubrimiento de que casi 350 multinacionales tenían acuerdos secretos con Luxemburgo para eludir millones en impuestos en otros países de la UE.

Además, el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, se ha comprometido a poner en marcha antes de que sea obligatorio, en 2017, un registro donde figuren los verdaderos beneficiarios de las sociedades: es decir, quienes posean más del 25% de los derechos de voto o controlen su dirección. Aunque este registro no será público, como ha pedido Transparency Internacional, y solo podrán acceder al mismo quienes demuestren “interés legítimo”, Gibraltar presume de ser, con Montserrat, el único territorio británico de Ultramar que ha atendido el llamamiento de Cameron para poner freno al blanqueo de capitales.

Lo que no está claro es que este registro sirva para acabar con los llamados free riders. Se denomina así a los dueños de lujosas mansiones en la Costa del Sol que eluden el pago de impuestos mediante un opaco entramado societario. Aunque residen en España, no pagan el IRPF ni el impuesto de patrimonio y ni siquiera el de matriculación de sus vehículos de alta gama.

Para empezar, la vivienda no figura a nombre de su dueño, sino de una sociedad. Las acciones de la misma son titularidad de una compañía constituida de Gibraltar, que pertenece a su vez a sociedades, trusts o fundaciones con sede en las Islas Vírgenes Británicas u otro paraíso fiscal. Como la firma propietaria de la mansión está registrada en España, evita pagar el gravamen sobre inmuebles de no residentes y del impuesto de sociedades se deducen todos los gastos de mantenimiento de la misma.

Cuando la Administración española intenta desentrañar esta maraña, tropieza con la actitud renuente de la gibraltareña. “No es que no faciliten información, están obligados a hacerlo, pero solo nos dan la que saben que ya tenemos o no afecta a nadie relevante”, aseguran fuentes conocedoras de estas investigaciones.

“Gibratar ha decidido hace ya tiempo que va a cumplir a rajatabla toda la normativa del transparencia fiscal en su propio interés”, aseguran portavoces del Gobierno de Picardo.

La Adminitración Tributaria española tiene actualmente en su punto de mira a casi 150 free riders. Será el momento de comprobar si la Marca Gibraltar está dispuesra a perder atractivo para según qué inversores.