El juicio de Gürtel examina una época de corrupción
La fiscalía pide 125 años de prisión para el líder de la trama, Francisco Correa
El próximo martes, la Audiencia Nacional comenzará a enjuiciar la pieza principal del caso Gürtel de corrupción en el PP. La vista oral, que se adentrará en la primavera de 2017, es algo más que el juicio a la trama encabezada por Francisco Correa, para quien el fiscal pide 125 años de prisión, y en la que figuran, entre otros, el extesorero del PP Luis Bárcenas. El proceso someterá a examen una época en la que empresarios arribistas colonizaron la formación conservadora.
La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) —un fortín blindado por la policía en medio de un polígono industrial— acogerá a partir del martes el juicio central del caso Gürtel, la trama de corrupción que más profundamente ha sacudido la política española en los últimos años. La investigación, iniciada por el juez Baltasar Garzón —apartado de la judicatura— y finalizada por el magistrado Pablo Ruz, ha puesto en distintos momentos en serios apuros al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ahora en funciones.
Durante los próximos meses —la fecha de finalización es una incógnita— la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia analizará la red de tráfico de influencias que tejió el empresario Francisco Correa en diferentes administraciones controladas por el PP, en especial la Comunidad de Madrid. La trama logró contratos públicos de forma irregular por valor de 8,4 millones de euros desde finales de los años noventa hasta febrero de 2009, cuando Garzón puso en marcha la operación policial que desmontó el negocio. Correa recibió supuestamente otros 2,5 millones como conseguidor de contratos públicos para otros empresarios.
Según la investigación, Correa y su número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, pusieron en marcha un sistema de facturas falsas con un triple objetivo: crear una caja b para sobornar a cargos públicos a cambio de contratos muy lucrativos, eludir impuestos y encubrir la verdadera propiedad de los fondos. El entramado empresarial de Correa en España dependía en última instancia de entidades opacas en paraísos fiscales, como la isla caribeña de Nevis.
En el banquillo de la llamada Época I del caso Gürtel se sentarán 37 personas. El primero de ellos es Francisco Correa, el empresario que se hacía llamar Don Vito por sus subordinados y que, tras más de dos años en prisión y con sus cuentas embargadas, será representado por un abogado de oficio. Correa, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 125 años y un mes de prisión y multas por 60,3 millones, ha manifestado en los últimos días su disposición a colaborar con la justicia, después de amagar con hacerlo en varias ocasiones en los últimos años.
Ana Mato y el PP, partícipes lucrativos
Entre los responsables civiles del juicio del caso Gürtel destacan la exministra de Sanidad Ana Mato, a quien la Fiscalía le reclama 28.468 euros como partícipe a título lucrativo de los delitos de su exesposo, Jesús Sepúlveda, antiguo alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Los sobornos que Correa entregó a Sepúlveda y a su homólogo de Majadahonda Guillermo Ortega sirvieron para sufragar gastos de campaña electoral del Partido Popular en las municipales de 2003. Por ello, la fiscalía reclama a la formación conservadora 328.440 euros también como partícipe lucrativo.
El juicio coincidirá en el tiempo y el lugar con la vista oral de las tarjetas black de Caja Madrid.
El primer paso del cabecilla de la trama ha sido autorizar a la Audiencia a sacar de sus cuentas embargadas en Suiza 2,2 millones para hacer frente a posibles responsabilidades civiles. De este modo, Correa pretende que se le aplique la atenuante de reparación del daño.
El otro gran protagonista del juicio será Luis Bárcenas. El extesorero del PP se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel. En este juicio se le juzgará, entre otros, por delito contra la Hacienda Pública por ocultar en Suiza una fortuna de 48,2 millones de euros. Bárcenas, que pasó 19 meses en prisión preventiva, está acusado, de apoderarse de 299.000 euros de la caja b del PP, que gestionaba con su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta.
Precisamente, uno de los factores que pueden influir en el desarrollo y en el resultado de la vista oral ha sido la decisión de archivar la causa contra Lapuerta, de 88 años, por la “demencia sobrevenida” que padece. El anciano extesorero puede servirle a alguno de los procesados como escudo al que cargar las responsabilidades.
Entre los políticos que nutrieron de fondos a la trama corrupta de Correa destaca Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia con Esperanza Aguirre. López Viejo supuestamente recibió 472.465 euros en “gratificaciones” de Correa por adjudicar a sus empresas la organización de 386 actos propagandísticos de la expresidenta del PP de Madrid.
300 testigos
Precisamente Aguirre será una de las testigos —más de 300 están citados— que más expectación suscita en esta causa. Además de ella, serán interrogados cinco exministros del PP: Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Javier Arenas.
El juicio estará presidido por el magistrado Ángel Hurtado, de tendencia conservadora y que redactará la sentencia. Junto a él formarán el tribunal los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Este último, de carácter progresista, ha sido recusado por varios de los acusados, en un movimiento con pocos visos de prosperar.
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