El Rey intentará recuperar la proyección exterior perdida por el largo bloqueo político

Los diez meses de congestión política que ha vivido España, que el Rey definió ante Naciones Unidas como "coyuntura compleja", han supuesto un período de instrucción intenso para Felipe VI, que apenas año y medio antes había llegado al trono por la abdicación de su padre, Juan Carlos I. En esta etapa, con dos elecciones generales, cinco rondas de consultas y tres debates de investidura, el Rey ha tenido que afrontar una dura prueba y desarrollar sus habilidades como jefe de Estado de modo acelerado, a medida que las dificultades derivadas de la fragmentación electoral y los intereses de partido obstaculizaban su camino.

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Mientras la política incrementaba su descrédito por la incapacidad de sus representantes para desbloquear el atasco, la imagen del Rey, que ha mantenido una notable presencia en el proceso por asignación constitucional, se ha mantenido, sin embargo, al margen de esta penalización. Así lo recogió el Pulso de España de Metroscopia el pasado 3 de junio, según el cual siete de cada diez españoles valoraban de forma positiva la labor del jefe del Estado con un notable grado de transversalidad.

El sociólogo José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, considera que la imagen del Rey en este tiempo no ha resultado dañada, mientras que para los españoles la de la política ha seguido deteriorándose. En contraposición a la crispación que destilaban los partidos, “a lo largo del proceso, el Rey ha dado en todo momento la sensación de normalidad, de serenidad, de no tensar cuerdas”, explica. Esa actitud, unida al lanzamiento en sus discursos de llamadas a la responsabilidad y al entendimiento, ha contribuido a salvaguardar su consideración en un período muy complicado.

El historiador Santos Juliá sostiene que el proceso de interinidad “no tenía que reforzar ni debilitar” la figura del jefe del Estado. “El Rey se ha limitado a la Constitución. Su papel es bastante claro en esta situación”, ciñe. Pero mantener el equilibrio con el punto de apoyo en convulsión no ha resultado sencillo. La Zarzuela, aferrada a la Constitución, ha tenido que soportar fuertes presiones durante este período.

Por una parte, del PP, que al constatar que Mariano Rajoy no reunía apoyos suficientes para ser investido en enero, quiso forzar un atajo constitucional para repetir las elecciones sin celebrar el debate de investidura. El Rey aguantó el pulso y, para mantener el flujo institucional y no romper la neutralidad ante la inhibición de Rajoy, ofreció la posibilidad a Pedro Sánchez, que había manifestado su propósito de intentar la investidura. La maniobra provocó una tensión entre La Moncloa y La Zarzuela que el desbloqueo no ha disipado del todo.

Pero ha habido más. También algunos medios han querido marcar el camino al jefe del Estado por los extrarradios de la Ley Fundamental. “En un momento hubo voces que reclamaban una función arbitral y afortunadamente el Rey no las tuvo en cuenta”, añade Juliá. “Él ha conducido su propia situación ateniéndose a lo que la Constitución establece”, defiende el historiador. Sin embargo, se muestra convencido de que “el Rey no necesita mayor legitimación” en este proceso. “No está en juego, como sí lo estuvo en su padre en los últimos tiempos", tanto por el caso Nóos como por alguno de sus episodios y comportamientos personales.

El filósofo Fernando Savater también resalta la ponderación con la que ha conducido el procedimiento constitucional el Rey en medio de la convulsión política. “Ha hecho lo que tenía que hacer y de un modo discreto y responsable. No ha dado la sensación de querer hacer más de lo que le corresponde. La situación era nueva y no era fácil”, apunta.

No lo era, entre otras razones, porque el artículo 99 de la Constitución no ha resistido el paso del tiempo. La catedrática de Derecho Constitucional de la UNED Yolanda Gómez define como “una prueba de fuego” el trabajo que ha llevado a cabo el Rey para cumplir con el precepto constitucional. En su opinión, el artículo 99 de la Constitución, que establece el procedimiento de nombramiento del presidente del Gobierno, “está hecho para que haya un acuerdo entre los políticos cuando van a ver al Rey”.

“Se ha roto el planteamiento inicial de la Constitución”, diagnostica. “Los políticos han ido a ver al Monarca sin tener un acuerdo y sin haber hecho incluso la negociación previa. Se ha dejado entrever que el encargo era previo a la negociación y no es así. Pasó cuando Mariano Rajoy declinó y cuando Pedro Sánchez dijo que cuando el Rey le ofreciera presentarse a la investidura iniciaría los contactos con los partidos”, critica la también catedrática Jean Monnet de la Unión Europea.

A pesar de esa alteración, Gómez considera que “el Rey lo ha hecho muy bien, atendiendo la situación”. “No se ha inmiscuido en absoluto, manteniéndose siempre al margen de la negociación. Su mayor mérito es haberse mantenido escrupulosamente al margen hasta el límite del plazo, dejando el espacio necesario para la negociación política”, valora.

En el momento en el que se elaboró la Ley Fundamental tampoco estaba contemplado que pudiera darse una situación de fragmentación electoral como la que tiene ahora España, que es la que ha propiciado el guion enrevesado de este proceso. La catedrática juzga que “urge reformar el artículo 99” para evitar otra congestión. “Iniciamos un período en el que la situación actual va a ser más común que la anterior”, previene.

Agenda pendiente

La elección de Rajoy como presidente del Gobierno tras el tortuoso proceso de interinidad iniciado a finales de 2015, en el que la agenda del Rey ha estado supeditada a las vicisitudes de la investidura, allana el camino para que La Zarzuela retome el capítulo de la representación internacional y la proyección exterior de Felipe VI que se había marcado tras su llegada al trono.

Desde su proclamación, el 19 de junio de 2014, apenas dispuso de 18 meses de normalidad para tomar las riendas de la Jefatura del Estado y tratar de recomponer la deteriorada imagen de la Corona. Esa parte la pudo poner en marcha mediante medidas de transparencia, austeridad y reaproximación social. Con un nuevo código regulador de conducta y una normativa para prohibir a los miembros de la familia real aceptar favores y regalos. Con un cortafuegos ético alrededor de su hermana Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin.

Pero la segunda parte, la que debía proyectarle en el ámbito internacional a través de la representación exterior del Estado, quedó en suspenso por la disponibilidad que le exige el artículo 99 de la Constitución. Pero sobre todo, por la presión del Gobierno tras la fricción por el intento de saltarse el procedimiento ante la imposibilidad de que Rajoy fuera investido. La Moncloa dejó entrever que una convocatoria de elecciones, saltándose el debate de investidura, despejaba el camino al Rey para poder realizar el viaje anunciado para marzo al Reino Unido, mientras que la continuación del proceso no aconsejaba la presencia del Rey fuera de España.

La Casa del Rey tuvo que aplazar entonces hasta cuatro viajes (Reino Unido, Arabia Saudí, Japón y Corea del Sur), algunos de los cuales tratará de realizar en 2017. De momento, el Rey viajará a Portugal en la segunda quincena de noviembre.

Aunque se ha abierto una brecha en la “coyuntura compleja” de España, como definió Felipe VI en su discurso ante Naciones Unidas el pasado septiembre, el horizonte no se ha despejado. El final del bloqueo se ha saldado con un desgarro en el PSOE, que sin duda alterará aún más el mapa electoral, y con un aumento del descontento.

La XII Legislatura arranca con al menos 80 diputados antimonárquicos proactivos (71 de Unidos Podemos y 9 de Esquerra Republicana de Cataluña) en los escaños, algo que no había ocurrido hasta ahora, y con el choque de trenes entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña a punto de producirse. La incertidumbre persiste, pero ya está situada netamente en el terreno político. El cometido del Rey en el proceso casi ha terminado pero su tarea no ha hecho más que empezar.