Por qué es controvertido el CETA

Forjar acuerdos comerciales con el exterior constituye una de las grandes potestades de la Unión Europea. Este ámbito, uno de los pocos de competencia exclusiva de Bruselas, nunca fue conflictivo para los Estados miembros. Pero el salto cualitativo que se propuso dar Europa en el contenido de los tratados comerciales y los crecientes recelos hacia la globalización convirtieron el tratado con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) en la diana del descontento ciudadano. Estas son las principales claves del pacto, que se aplica provisionalmente en la UE hasta que lo ratifiquen formalmente todos los países.

Un concepto diferente. La Comisión Europea ha suscrito, sin grandes controversias, 44 acuerdos comerciales anteriores en todo el mundo. Con la caída en picado de las tasas arancelarias, Bruselas ideó una fórmula más ambiciosa para los nuevos tratados. Se trataba de trascender el ámbito del comercio de bienes para alumbrar los llamados tratados de segunda generación, que fijan reglas comunes para intercambiar servicios e inversiones, para acceder a la contratación pública en los dos bloques firmantes y para fijar determinados estándares. El de Canadá es el primer acuerdo que incorpora esas novedades.

Grandes cifras. El CETA es el mayor acuerdo comercial que ha firmado nunca la UE, especialmente por el acceso que otorga a las empresas europeas a prestar servicios en el país norteamericano. Europa y Canadá ya intercambian cada año 63.500 millones de euros en bienes y 27.200 millones en servicios. Y en 2014 se registraron 274.700 millones de inversión europea en Canadá, frente a 166.000 millones de dinero canadiense invertido en el bloque comunitario. La Comisión espera que el tratado inyecte 12.000 millones de euros adicionales en el PIB europeo y que procure un mayor acceso de las compañías europeas a suelo canadiense.

Principales objeciones. Los detractores del CETA relativizan estas cifras y alertan de que unificar criterios con Canadá –probablemente el país tercero más cercano al bloque comunitario- puede degradar las normas europeas. Por ejemplo, si el tratado facilita la movilidad de trabajadores a ambos lados del Atlántico y las normas laborales canadienses son más laxas que las de la UE, ¿cómo garantizar que eso no perjudica a los trabajadores europeos? ¿Y cómo impedir que un inversor canadiense imponga sus reglas cuando choque con las autoridades de un país miembro? Inquietudes como estas, alimentadas por las dudas sobre si la globalización destruye más empleos de los que crea, prendieron en buena parte de la ciudadanía europea.

División política. La votación del Parlamento Europeo, el pasado febrero, reveló el grado de división que genera este dosier. El CETA fue aprobado por 408 votos a favor, con 254 en contra y 33 abstenciones. El rechazo al acuerdo con Canadá trascendió los círculos minoritarios hasta contagiar a una parte de la socialdemocracia europea (Francia y Alemania incluidas). Casi 80 diputados socialistas votaron en contra o se abstuvieron, frente a los 97 que siguieron la línea oficial votando a favor. Hubo detractores de casi todos los países (belgas y austriacos figuraron entre los más críticos). Fue precisamente el socialdemócrata Paul Magnette, presidente socialista de la región belga de Valonia, quien mantuvo hasta el último momento la amenaza de veto al acuerdo con Canadá. Respecto al resto de familias políticas, el Partido Popular Europeo, los liberales y la mayor parte de los conservadores del grupo de los tories británicos lo respaldaron. Los verdes y la izquierda minoritaria se opusieron. También los grupos eurófobos de Nigel Farage y Marine Le Pen.

Cambios en el acuerdo. Alarmados por la creciente oposición política y social, los Veintiocho idearon una salida. Para garantizar que el tratado no merma los derechos europeos, los líderes aprobaron un “instrumento interpretativo” (con rango legal) que se añadió al acuerdo y que aborda cada una de estas cuitas. El documento garantiza que las disputas entre inversores y autoridades se resolverán en un nuevo tribunal público europeo (no con un arbitraje privado), recuerda el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y refuerza las reglas medioambientales. También recoge el derecho de las autoridades europeas a excluir algunas actividades (por ejemplo, la sanidad o la educación) del concurso privado de empresas.

Aprobación. Solo con todas estas salvedades aceptaron los jefes de Estado y de Gobierno el proceloso CETA. Su aplicación definitiva requerirá, no obstante, la aprobación de todos los parlamentos nacionales y regionales competentes. El motivo es que se trata de un acuerdo considerado mixto (que trasciende los aspectos comerciales y, por tanto, requiere el pronunciamiento de los hemiciclos de los Estados miembros). Su futuro puede frustrarse si alguno de esos órganos lo rechaza.

Próximos pasos. El CETA corre el riesgo de quedar como el primer y último acuerdo de segunda generación relevante que apruebe la UE. La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense ha borrado del mapa el TTIP, un tratado muy similar que se negociaba con Estados Unidos y que seguramente nunca verá la luz. Los expertos de la Comisión Europea se inclinan ahora por cultivar los acuerdos clásicos en lugar de aspirar a marcos tan complejos y sensibles para la ciudadanía.