La Guardia Civil pregunta a la juez del ‘caso Ático’ si aún quiere un informe pericial que encargó hace 30 meses

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil remitió el pasado 4 de enero a la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, un oficio en el que le preguntaba por el estado actual del sumario del llamado caso Ático, en el que está imputado el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la supuesta adquisición irregular de una vivienda de lujo en esta localidad de la Costa del Sol. El Instituto armado quería saber si la causa se encuentra en situación de "sobreseimiento, archivo o cualquier otra situación por la que no sea necesaria la realización" de un informe pericial que la magistrada encargó hace 30 meses.

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La Guardia Civil se refiere al estudio que la juez Conejo solicitó sobre "la integridad y autenticidad" de la grabación que el hoy encarcelado comisario José Villarejo hizo de la conversación que mantuvo en noviembre de 2011 con Ignacio González —también imputado en el caso Lezo— en una cafetería de Madrid y en el que este le mostró su interés de que no saliera a la luz que él figuraba como arrendatario del inmueble. Una grabación que la Fiscalía Anticorrupción consideró en su momento muy relevante ya que consideraba que de la misma se podía atribuir al expresidente de la Comunidad de Madrid "hechos que, de ser ciertos, podrían integrarse delitos de cohecho y blanqueo de capitales, en los que también resultaría afectada su esposa [Lourdes Cavero, también imputada en la causa]".

En este último escrito, la Guardia Civil le daba a la magistrada 30 días para responder. De no hacerlo, aseguraba que procedería "a dar de baja definitiva a la petición en las bases de datos de este Servicio [de Criminalística] y a la devolución de los indicios remitidos". La respuesta de la magistrada no se demoró tanto. El pasado 9 de enero —solo cinco días después— dictaba una providencia en el que ordenaba informar al Departamento de Ingeniería del Instituto armados que "las presentes actuaciones se hallan en trámite".

La petición del informe pericial sobre el archivo de audio lo hizo la magistrada el 15 de julio de 2015. En febrero de 2016, la Guardia Civil le remitió dos oficios en los que reclamaba aclaraciones sobre detalles técnicos de la grabación para poder completar el estudio. Entre ellos, reclamaba el equipo con el que se realizó la misma y el archivo de audio original de la misma. También solicitaba que el polémico policía rellenase un cuestionario elaborado por la propia Guardia Civil sobre las circunstancias en las que se realizó la misma y solicitaba al diario El Mundo, el primer medio que dio cuenta de ellas, que informase si los archivos que colgaron en su página web habían recibido algún tratamiento técnico antes de su difusión.

La magistrada atendió a todas las peticiones y solicitó esa información. Villarejo presentó el 7 de abril un escrito en el que daba los pormenores de su encuentro con González y los detalles técnicos del sistema que utilizó para registrar la conversación, aunque aseguró no recordar ni la marca ni el modelo de la grabadora que utilizó. Sí afirmó que el archivo de audio lo registró "de forma continua y sin interrupción" y que lo volcó posteriormente en un ordenador para, a su vez, pasarlo a un pendrive que entonces entregó al que entonces era su jefe, el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido, quien ocupaba el cargo de director adjunto operativo de la Policía Nacional.

En mayo de 2017, la Dirección General de la Policía comunicó a la magistrada que no tenía "constancia registral de ningún escrito dando cuenta de la conversación grabada, ni ningún soporte de audio conteniendo la citada conversación". El diario también remitió su respuesta, en la que aseguraba que el archivo que manejaron sus periodistas era una copia. Por todo ello, la Guardia Civil remitió poco después un nuevo escrito en el que recordaba a la juez de Estepona que para efectuar el análisis pericial era "necesario disponer, entre otros elementos, del equipo grabador" o, en su defecto, "el soporte pendrive en el que supuestamente se copió en primera instancia el contenido de la grabadora original”. Sin ninguno de ellos, concluía que no era posible realizar "el estudio de autenticación" que se le reclamaba y que aún hoy espera la magistrada.