¿Quién manda en el Valle de los Caídos?

En la oración de vísperas del pasado miércoles en la abadía del Valle de los Caídos había 15 monjes benedictinos, de edad media elevada. Presidía el prior, Santiago Cantera, nacido en 1972. Las lectura decía: “Cualquier cosa que hagas, que sea sin protestas ni discusiones, así serás irreprochable y límpido”. Sin embargo el prior ha protagonizado un enfrentamiento insólito con una familia, los Lapeña, y el Estado, porque desean exhumar los restos de dos parientes enterrados en el Valle de los Caídos. Se ha negado a cumplir una sentencia firme que le obliga a ello desde hace dos años, al menos a dejar entrar expertos para comprobar si es posible, y la semana pasada no acudió a una comparecencia en el Senado a explicarse. Dijo que si los senadores querían oírle, que fueran al convento a verle. Tampoco ha querido recibir a este periódico. Tras ser criticado en público por el presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, el pasado viernes, trascendió que finalmente acataría la orden del juez. Pero ha dependido de un cambio de humor, nadie podía obligarle, salvo las fuerzas del orden: ni el Estado ni la Iglesia española tienen autoridad sobre él, aún se rige por un convenio anacrónico de 1958 y su único superior es el abad de su orden... en Francia. Es como un reducto sin ley.

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El Valle de los desconocidos

El incidente vuelve a sacar a la luz un gran asunto pendiente, qué hacer con el Valle de los Caídos y, sobre todo, un estatus absurdo que no se ha querido abordar en 40 años. De mirar siempre para otro lado, quien se acerca allí encuentra un incomprensible pastiche civil-religioso, público-privado, franquista-democrático. De hecho aún se rige por decretos y normas no derogados de la dictadura. No es un lugar de la memoria, como otros que existen en Europa tras conflictos bélicos, ningún cartel explica nada y en las dos puertas de los osarios pone: “Caídos por Dios y por España”.

"Algún día un papa pedirá perdón por esto"

"Mucho me temo que algún día vendrá un papa y pedirá perdón por los abusos cometidos en el Valle de los Caídos", reflexiona Eduardo Ranz. Es el abogado de la familia Lapeña, en la imagen superior, que lleva seis años de pugna en los tribunales para que puedan exhumar los restos de dos parientes, los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña, fusilados por el bando franquista en 1936. Sus cadáveres están entre los miles que Franco llevó al Valle de los Caídos desde 1959 sin permiso de las familias, de ambos bandos, y quieren darles una sepultura digna. Hay unos 12.000 difuntos desconocidos en el osario, según Francisco Ferrándiz, experto del CSIC.

Los Lapeña son de los pocos que han logrado una sentencia a su favor, pues otras causas fueron archivadas y la vía penal quedó cerrada por el Supremo en 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy cerró la civil con un cambio legal en 2015, pero este proceso era anterior y siguió adelante. Con una sentencia firme desde marzo de 2016 y el informe favorable de la Abogacía del Estado, ante la pasividad del Gobierno y la tozudez del prior en no acatar el fallo, Ranz lo denunció a la ONU, que deberá pronunciarse en breve.

El mayor cementerio de la Guerra Civil es tan raro que se puede dormir allí. Hay un hotel, una hospedería barata y de personal amable que regenta la abadía. Junto a los restos, en gran parte sin identificar, de al menos 33.847 personas también hay un colegio, donde duermen niños, el internado de la escolanía. La hospedería es de propiedad pública, pero exhibe un marcado carácter religioso. Hay crucifijos en las habitaciones, se venden rosarios y objetos de culto, libros eclesiásticos (cuatro volúmenes de doctrina social de la Iglesia, 6 euros) y tienen folletos publicitarios de bancos para iglesias y vino para consagrar. Incluso alberga unos paneles de exposición sobre la historia del cristianismo. En el mayor cementerio de la Guerra Civil lo primero que se ve al llegar al monasterio es un campo de fútbol y un frontón. En el hotel se organizan bodas, bautizos y reuniones de empresa.

La abadía recibe 340.000 euros al año de los Presupuestos del Estado. Mantener el Valle de los Caídos le costó a Patrimonio Nacional, según datos oficiales, dos millones de euros en 2014, principalmente por sus 30 empleados; en 2015, 2,5 millones; 1,8 en 2016. Los ingresos de venta de entradas rondan los 1,3 millones al año. En 2016 recibió 262.860 visitantes.

El cementerio es público, aunque no se puede visitar, pero el prior sostiene que eso es “una falacia” y se niega a abrir la puerta. Tiene la llave de la memoria de miles de muertos. La pregunta es: ¿quién manda aquí? Es increíble, nadie parece saberlo. Patrimonio Nacional responde que aquello es del Estado, pero solo lo administra “provisionalmente” por un limbo legal y no tiene autoridad sobre el prior. Es decir, este monje vive en sus instalaciones, le paga por estar allí pero no es empleado suyo ni acepta órdenes.

En el ámbito religioso, la Conferencia Episcopal no quiso aclarar nada la semana pasada: “No hacemos declaraciones de este tema”. El arzobispado de Madrid también se desentiende y niega cualquier poder jerárquico sobre la abadía, aunque esté en su diócesis. Consultada la Santa Sede, tampoco quiso pronunciarse. Por fin el viernes Blázquez rompió el silencio de la Iglesia española y desautorizó al prior: “Si la autoridad legítima, al abad del Valle de los Caídos le dice 'aquí tenemos estos restos, mandemos que sean custodiados aquí', no se puede negar ni para recibirlos ni para sacarlos”. Horas después el PP, que aseguró haber mantenido un diálogo con el religioso, anunció que el prior accedía a retirarse del contencioso e, incluso, a reunirse con las familias de las víctimas, que hasta ahora nunca ha recibido. El abogado de la familia Lapeña confirma que el recurso ya está retirado.

Este conflicto puntual parece resuelto, pero lo cierto es que ni el propio Blázquez tendría autoridad sobre este monje. Según las jerarquías de la Iglesia, la abadía es autónoma. Se formó con monjes de Silos, interlocutor del Estado cuando se abrió el monasterio, pero el abad de Silos, Lorenzo Maté, también se desmarca: “Son autónomos, ellos deciden, el superior y la comunidad”. Resulta que nadie manda sobre el prior en España. La cabeza de esta congregación benedictina es la abadía de Solesmes, en Francia. Lo confirman al teléfono: el Valle de los Caídos está bajo su autoridad, igual que los monasterios de Silos y Leyre, pero el abad, Philippe Dupont, 71 años, no estaba la semana pasada y tampoco saben nada del tema. En resumen, un monje francés tendría la última palabra, la llave a los muertos de la Guerra Civil, y quizá ni lo sabe.

¿Cómo se ha llegado a esta situación surrealista? Mirando para otro lado. El lugar se creó con un convenio en 1958 entre una entidad creada al efecto, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y la abadía de Silos, que envió 20 monjes al nuevo monasterio. En democracia, una ley de 1982 dio la gestión de los inmuebles de la jefatura de Estado a Patrimonio Nacional, aunque ya se impuso el tabú del Valle en forma de vacío: era el único lugar que no se mencionaba, salvo como sobreentendido. La disposición final tercera establecía que el patronato de la Fundación pasaba a Patrimonio Nacional, pero la institución explica que está a la espera de que la ley se desarrolle. Es decir, que le aclaren qué se hace exactamente con eso. La Fundación es hoy un ente teórico y misterioso.

El informe de 2011 de la comisión de expertos, formada a raíz de la ley de memoria histórica de 2007, intentó aclarar algo. Su recomendación más conocida fue trasladar los restos de Franco, para cambiar el significado del recinto –también fue aprobado por mayoría en el Congreso en 2017, una decisión no vinculante que el Gobierno ha desoído-. La tumba del dictador está en el altar de la basílica, junto a la de José Antonio Primo de Rivera, y como el templo es propiedad de la Iglesia son en realidad las únicas sobre las que tiene poder de decisión, no sobre el resto de miles de difuntos. Por tanto, teóricamente, la Conferencia Episcopal podría dar el primer paso en este sentido, expresando su voluntad de sacar de allí los restos del dictador, aunque esté obligada por ley a custodiarlos. Ahorraría a los políticos la incomodidad de reabrir el debate para tomar una decisión, aunque los dejara en evidencia. Además la tumba incumple el código canónico: el artículo 1242 indica que en los templos solo pueden enterrarse obispos, cardenales o el Papa.

La propuesta sobre Franco eclipsó el resto del informe de 2011 y el trabajo de la comisión –con la que tampoco quiso colaborar el monasterio benedictino-. Pero también pedía revisar el convenio, poner orden en este caos, frenar el deterioro del lugar, crear un centro serio de reinterpretación, identificar las víctimas y dignificar el cementerio. El informe sigue en un cajón.

El pasado 5 de marzo hubo una novedad. La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, a preguntas del PNV en el Senado, dijo: “El Gobierno es plenamente consciente (…), dado el tiempo transcurrido, visto el nuevo marco constitucional, y habida cuenta de la nueva realidad social existente en nuestro país, el convenio suscrito en el año 1958 debe ser renovado”. Se saludó como un primer paso. Pero, consultado, el Ministerio de Justicia matiza: “La revisión del convenio depende de las partes que lo firmaron en 1958, Patrimonio y Comunidad Benedictina, que serán las que lo estudien en su momento”. Patrimonio no sabe nada. Depende del ministerio de Presidencia, que es quien debería moverse. El PNV preguntará de nuevo por el asunto esta semana, el martes 20 de marzo, al ministro de Justicia en el Senado. Nadie en España parece querer tener nada que ver con esto y mientras tanto un monje va por libre.

Queda pendiente la excursión de los senadores al Valle, el póximo día 26 de marzo. En principio solo se opuso el PSOE, por considerarlo un insulto a la dignidad del Senado, y también criticó duramente al presidente de la institución, Pío García-Escudero, por permitir la visita. Al final solo acudirán PP y PNV, muy crítico pero que prefiere no desaprovechar ninguna oportunidad de diálogo. El prior, en cualquier caso, no irá al Senado.