El suplicio de la agente que plantó cara a los­­ cazadores de aves protegidas

Los cuatro guardias forestales que vigilaban el archipiélago de Chinijo, al norte de Lanzarote, dimitieron en 1996 hartos de la permisividad oficial con la caza furtiva de la pardela cenicienta, ave marina que forma parte de la tradición de estas islas desde los tiempos de los aborígenes. Poco antes, nada menos que el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Higinio Hernández, fue denunciado por cazar estas aves, una delicia culinaria que se consumía antaño en las islas en días de fiesta. Era reincidente. Tres años atrás le habían sorprendido agachado sobre unos cubos llenos de pardelas a medio desplumar en el islote de Alegranza. Era de noche y en la foto se le ve desconcertado por el flash. Ya entonces estaba protegida la especie por ley. Ley que se estaba saltando un político.

La reseña histórica sirve para poner en contexto lo que desde hace unos meses le ocurre a la sargento jefe del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, que se enfrenta a un expediente disciplinario que podría apartarla del servicio. En apenas nueve meses, sus superiores han abierto cinco expedientes contra ella: los primeros fueron por faltas leves; los dos siguientes, graves y el más reciente es muy grave y ha supuesto que, como medida cautelar, lleve cesada de funciones más de dos meses. La caída en desgracia de Moreno, de 38 años, tiene su origen en una operación contra el furtivismo en Alegranza en septiembre de 2015, según aseguran organizaciones ecologistas de la isla, diputados del parlamento de Canarias, la Fundación César Manrique y otras fuentes consultadas por este diario.

Moreno, natural de Segovia, llevaba menos de un año en la isla cuando, acompañada de otros dos agentes, sorprendió a 19 hombres cazando y asando pardelas en el islote. Habían fondeado sus embarcaciones de recreo frente a la playa y habían instalado una carpa azul para dar sombra, una mesa y una cocina portátil. Unos estaban sentados, otros cocinando y los demás paseando por la playa. “Se percibe claramente desde el risco un fuerte olor a ave cocinándose”, se lee en la diligencia que redactó el Seprona. Los agentes les vigilaban desde una posición elevada y entonces bajaron a identificarles. “¿Esto es pardela?”, preguntó uno de los agentes. “Manifiesta sí, bajando la mirada y haciéndose a un lado”, refiere el escrito. Después, durante la instrucción judicial, un examen de ADN demostraría que, efectivamente, estaban asando un ave protegida en pleno parque natural.

Aquellos hombres resultaron ser prominentes miembros de la sociedad lanzaroteña y de otras islas canarias: grandes empresarios turísticos propietarios de edificios de apartamentos y gasolineras, médicos, un arquitecto municipal, un luchador de lucha canaria, un policía nacional… La Fiscalía pide para 11 de los 19 una multa de 5.760 euros por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de protección a la fauna. El juzgado de instrucción 2 de Arrecife está a punto de abrir juicio oral. Según el escrito de acusación, el objeto de su visita a Alegranza –islote deshabitado al que está prohibido acceder— “era la degustación de diversos ejemplares de la pardela cenicienta que previamente habían capturado, a sabiendas de que la misma se encuentra protegida”.

La pardela es un ave marina migratoria que prácticamente no toca tierra salvo en época de crianza. Cada pareja tiene un solo pollo que no sale del nido hasta que, entre octubre y noviembre se produce el aleteo, el primer vuelo. Los progenitores dejan de alimentarles para animarles a aventurarse al exterior. Justo antes es cuando tradicionalmente los pardeleros sacaban los pollos de las huras (nidos) con un bichero (un trozo de hierro alargado con una ganzúa en la punta). En la patrulla que realizaron los agentes tras identificar a los pardeleros en septiembre de 2015 observaron “gran cantidad de nidos o huras de pardela expoliados”. “Al menos 50 huras poco profundas carecen de pollo”, añaden en el atestado. Al día siguiente en otra inspección encontraron “un saco con 10 ejemplares de pardela y un bichero”. Su conclusión: “Se ha producido una caza masiva de pollos de pardela”.

La sargento Moreno se fue de baja de maternidad poco después. A los meses de volver al servicio activo empezaron las sanciones. La primera fue, según explica su abogada, por preguntar en una reunión por las capturas de gatos en la isla de La Graciosa. La segunda, un mes después, por haber incentivado a una ciudadana a poner quejas. Ya ha sido archivada. La tercera, esta ya grave, al mes siguiente, por tramitar dos denuncias de maltrato animal presentada por dos protectoras hacía casi un año (mientras ella estaba de baja) y a las que no se había dado curso. En otra grave, la acusan de pedir muchos papeles (copia de declaraciones de testigos) y hacer aseveraciones falsas (le dicen que ya le habían dado copia y que por tanto no es cierto que no la tenga). Quienes proponen las sanciones son el coronel Ricardo Arranz y el capitán Germán García.

“Los motivos de las sanciones son a cada cual más ridículo”, dice la abogada de la asociación Transparencia Urbanística, Irma Ferrer. “Hacer bien su trabajo aquí en Lanzarote le ha traído consecuencias, pero la sargento tiene coraje y no se ha equivocado. No tienen nada contra ella”, añade. “Llevamos 40 años con el asunto de las pardelas. Es una costumbre de la clase bien de la isla, y desde que está prohibido es un aliciente mayor. Gloria sin saberlo atacó a un privilegio. Fue su bautizo de fuego y no se lo perdonan”.

Los 19 pardeleros habían solicitado un permiso del Cabildo de Lanzarote para fondear en Alegranza y pasar unos días en la playa. Y el Cabildo se lo concedió pese a que, tal y como consta en el sumario del caso, hay varios antecedentes de sanciones a uno de ellos, A. G. C., por acampar ilegalmente, aunque no fue él quien pidió el permiso en 2015. Distintas fuentes acusan al Cabildo de conocer perfectamente la actividad ilegal de este grupo y de no hacer nada por evitarla. El Cabildo no se ha personado en el caso. Según una portavoz, porque el caso compete a una administración de rango superior, el Gobierno de Canarias. Tampoco este se ha personado.

“Han ido a por ella, a sancionarla”, asegura la abogada María Jesús Díaz Veiga, que se ha hecho cargo de su defensa en el último expediente, el de consecuencias más graves para la sargento. Este se basa en la queja del veterinario municipal de la perrera de Arrecife, que acusa a Moreno de hostigarle con visitas y denunciarle por múltiples irregularidades. El coronel Arranz no solo creyó al veterinario antes que a su subordinada, sino que llegó a mandarle una carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que le pide disculpas por la actuación de la sargento y le informa de que le ha abierto expediente disciplinario interno.

“El parte disciplinario hace íntegramente suya la versión del veterinario y la instructora copia literalmente lo que dice el coronel, como si actuara bajo sus órdenes. El procedimiento es un paripé, un traje a medida para una decisión ya tomada. Solo ha llamado a testigos que sabe que van a ratificar la versión del veterinario, y a nadie que lo contraste”, añade la abogada. “Es evidente que hay una situación de acoso hacia ella aunque del resto de expedientes no puedo hablar tanto porque los conozco menos”.

El veterinario, Javier López, se reafirma en conversación con EL PAÍS: "Profesionalmente me ha hundido. Me ha hecho parecer un traficante de animales, con un acoso continuo, y yo puedo demostrar con documentación que todo es correcto. Son todo mentiras". Se refiere a las investigaciones que ha llevado a cabo la sargento Moreno acerca de denuncias contra la perrera por, entre otras cosas, haber entregado en adopción a una misma pareja de alemanes a 300 perros, cachorros especialmente, sin microchip y de los que se desconoce el destino en el periodo 2012-2015. O por haber sacrificado animales el mismo día de su llegada a la perrera, o sin mediar un informe que lo justificara.

Los hechos los reconoció el propio López en una entrevista en la Cadena Ser el mes pasado, pero mantiene que tenía cobertura legal para todo o que en algún caso se trata de errores de transcripción en los libros de entrada y salida de animales. El conflicto se está embrollando con denuncias cruzadas entre el veterinario y una concejal de Podemos en Arrecife, Leticia Padilla, que lamenta que no se esté investigando a fondo a la perrera: "La Consejería de Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias lleva años sin tramitar las denuncias del Seprona, de todas las islas", asegura.

El caso ha llegado al Parlamento canario de la mano de un diputado de Podemos, Manuel Marrero, que ha presentado varias preguntas al respecto y ha publicado una carta abierta sumándose a las más de 125.000 firmas que se entregaron esta semana al nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Piden “Justicia para Gloria” y reclaman del Gobierno “una actuación inmediata ante el acoso que viene sufriendo la sargento del Seprona”.

"La Fundación César Manrique está viendo con preocupación el injustificado cuestionamiento de la profesionalidad de la sargento", asegura Fernando Gómez, su director, y destaca que su actuación ha sido de "dedicación, independencia y rectitud" pese a "las presiones propias de un entorno reducido como es el de la isla de Lanzarote". La isla acumula una historia reciente de corrupción urbanística, medioambiental y de tráfico de drogas. Hace cuatro años tenía más de 200 imputados --11 de ellos alcaldes y exalcaldes-- en decenas de causas judiciales. Lanzarote apenas tiene 145.000 habitantes. "Esto es la periferia de la periferia"; la define un periodista que trabaja en la isla.

La sargento Moreno no cuenta con muchos apoyos dentro de la Guardia Civil. El portavoz de la AUGC en Las Palmas, Juan Couce, asegura: "Este caso no es lo que parece. Esperemos a que se resuelva el procedimiento judicial que hay abierto. Llevamos dos años advirtiendo al coronel Arranz que iba a suceder esto". Otras fuentes de la Guardia Civil aseguran que el Seprona de Lanzarote es un avispero desde la llegada de Moreno, que "se ha excedido en su celo profesional". "Llegó como si fuera la primera que hacía algo en la isla y acusando a los compañeros de corrupción. El Seprona lleva aquí desde 1998 y ha sentado en el banquillo a gente muy importante", apuntan. Y añaden que tres compañeros de la sargento están de baja psicológica.

Uno de ellos, M. A. P. O., la ha denunciado por denuncia falsa y falsedad documental. Ella había alertado a sus superiores de que este guardia tenía amistad con un pardelero y de que, según un testigo, este le había prevenido de una inspección de la patrulla en Alegranza en 2013. El mismo pardelero, J. C. G. B., empresario turístico, que la sargento pilló in fraganti dos años después cocinando aves protegidas en pleno parque natural.