Comienza el juicio contra 37 agentes de la Policía Local de Sevilla por el amaño de oposiciones

El juicio por el supuesto amaño de las oposiciones a la Policía Local de Sevilla comienza este martes a las 10 de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 10 de la capital andaluza, cinco años después de que se conocieran las presuntas filtraciones. De los 45 imputados, 37 son agentes del Cuerpo, la mayoría con vínculos familiares directos con mandos policiales destacados. El caso minó la ya cuestionada credibilidad de una institución que se encontraba bajo sospecha por la apertura sucesiva de varias investigaciones relacionadas con su forma de actuar.

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La Fiscalía solicita 13 años de inhabilitación y multa de 5.400 euros para Juan José García, superintendente de la Policía Local que presidía el tribunal, para el resto de los miembros del mismo, y para un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, por un delito continuado de prevaricación y revelación de secretos. Para los agentes que superaron los exámenes gracias a las supuestas trampas pide cuatro años de inhabilitación y 100.000 euros de multa. El Ministerio Público también reclama que se declaren nulas de pleno derecho las oposiciones y que el consistorio de la capital andaluza sea declarado responsable civil subsidiario.

Un total de 104 personas se presentaron a las 47 y 56 plazas que salieron a concurso en las oposiciones de 2011 y 2012, respectivamente. La Fiscalía sospecha que el superintendente y otros integrantes del tribunal “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico”. 16 de los aspirantes favorecidos conocían 80 de las 100 preguntas de las que constaba el cuestionario, lo que provocó que todos “fallaran de forma contundente” las cuestiones que no conocían de antemano y que cometieran exactamente los mismos errores e incorrecciones que aparecían en la plantilla filtrada, según explicó en su auto Jesús García Vélez, el juez encargado de la instrucción.

Este caso no solo provocó inquietud e irritación ante el fraude derivado de las trampas en las oposiciones, sino que desató las alarmas por los casos de enchufismo que subyacían entre los beneficiados por la filtración. De los 37 agentes imputados, al menos 28 tenían supuestamente un buen padrino dentro del Cuerpo: eran hijos de, sobrinos de o hermanos de. En su resolución, el magistrado instructor señala, por ejemplo, que el superintendente favoreció a un hermano de su compañera sentimental y a un sobrino; que uno de los miembros del tribunal habría beneficiado al hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España; o que otro de los aspirantes era hijo de un empresario gallego que obtuvo la adjudicación del contrato para los vestuarios de la Policía Local de Sevilla y que había invitado a uno de los examinadores a pasar unos días en Madrid.

A lo largo de estos cinco años en los que se ha prorrogado el proceso, debido en buena medida a las estrategias legales dilatorias de la defensa, los agentes encausados no han sido relevados de sus puestos de trabajo y cinco de ellos están admitidos para ascender, según confirmó ayer mismo el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera; algunos de los policías que sacaron a la luz esta trama corrupta han debido compartir, además, destino con sus compañeros imputados como consecuencia de su investigación.

El superintendente García será quien dé inicio a las declaraciones de los imputados y los testigos, que se sucederán a partir del próximo 2 de octubre. Entre quienes están llamados a comparecer (9 de noviembre), en calidad de testigo, se encuentra José Antonio de la Rosa, antiguo máximo responsable de la Policía Nacional en la anterior legislatura de Mariano Rajoy, que ocupaba el cargo de director general de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla cuando se produjeron los hechos, con Juan Ignacio Zoido al frente de la alcaldía de la ciudad.