La juez del ‘caso máster’ carga contra la Rey Juan Carlos: “No ha ayudado en nada”

La juez del caso máster mantiene la decisión de archivar la principal línea de investigación de la causa y, a través de un auto dictado este jueves, rechaza el recurso presentado por la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ) de Madrid. Carmen Rodríguez-Medel, responsable del juzgado de Instrucción número 51 de la capital, desestima así todos los argumentos del centro docente, que expuso que el acuerdo del Tribunal Supremo —que dijo que no se podía imputar al líder del PP, Pablo Casado, por no existir indicios suficientes— no era extrapolable al resto de implicados, como así había resuelto la magistrada.

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La instructora aprovecha, además, para lanzar un claro mensaje a la URJC, que desde 2006 dejó sin control el Instituto de Derecho Público (IDP), epicentro del caso máster y dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama. Como ya le ha reprochado en otras ocasiones, su colaboración ha sido deficiente. "Es necesario enfatizar que uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado la presente instrucción judicial ha sido, precisamente, la dificultad de extraer conclusiones claras en relación a cómo funcionaba —en lo que aquí nos concierne, los másteres impartidos— la universidad", subraya la juez.

"Su actuación, en opinión de esta instructora, no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos que se estaban investigando. Tan pronto se informaba de que determinada documentación no aparecía como, sorpresivamente, la misma se encontraba (significativo es la solicitud de convalidación de créditos del señor Casado)", continúa Rodríguez-Medel en su escrito, donde remacha: "Sin duda, hubiera ayudado a esclarecer los hechos objeto de investigación si la documentación de la URJC hubiera dado garantías de integridad y fiabilidad. No es el caso".

La magistrada recuerda también que el rector, tras estallar el escándalo que ha marcado la actualidad política durante más de medio año, destituyó a Álvarez Conde y puso al frente del IDP al profesor Pablo Acosta para investigar las irregularidades. Se hizo, según explicó el docente en su declaración ante la juez, para "lanzar el mensaje de que quería hacer una limpieza" en el centro. Pero este no contó con ningún tipo de apoyo administrativo. "No tenía personal o este —una estudiante— no tenía cualificación", destaca el auto, donde se insiste en que el propio Acosta admitió que el encargo "le vino grande" y "no tenía experiencia previa en este tipo de actuaciones".

Por todo ello, sumado a que la URJC no ha solicitado ninguna diligencia de investigación a lo largo de los sucesivos meses de instrucción, Rodríguez-Medel se muestra sorprendida ante el recurso presentado ahora por la universidad. Lo califica de "paradójico", vista "su pasividad en la causa a la hora de impulsarla".

El consejero, citado como testigo

Pese a que cerró la línea principal de investigación, la juez mantiene abierta la causa por la falsificación del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Por esta parte mantenía imputados a la exjefa del Ejecutivo; a Álvarez Conde; a Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado —dos de las profesoras que firmaron el acta del trabajo fin de máster de la antigua jefa del Ejecutivo autónomo— y a Teresa Feito Higueruela, la exasesora del Gobierno regional que supuestamente acudió a la URJC cuando saltó el escándalo para presionar a los profesores. Aunque, según el auto dictado este jueves, Rodríguez Medel ha decidido también desimputar a López de los Mozos.

Y en esta línea siguen las pesquisas. La juez ha citado a declarar como testigo a Rafael van Grieken, consejero de Educación. "Fue uno de los interlocutores, directo o indirecto a través de su personal, del rector el día en el que se publicó la noticia del máster. Hechos que culminaron con la indiciaria falsificación del acta del TFM", subraya Rodríguez-Medel.