Un año sin investigar la muerte de Mohamed Bouderbala en Archidona

Un simple trozo de pan. Fue el origen de la disputa que acabó con la muerte de Mohamed Bouderbala. Su cuerpo fue encontrado sin vida el 29 de diciembre de 2017 en el Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona (Málaga). El argelino, de 36 años, se encontraba privado de libertad por una falta administrativa tras haber alcanzado las costas españolas en patera. Pasó 18 horas aislado sin comida, agua ni vigilancia. Y la situación acabó en una tragedia cuyas circunstancias, un año después, aún no se han investigado.

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El Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan Ignacio Zoido, justificó el uso del recinto penitenciario archidonés por el “colapso” de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)”. El espacio aún no estaba inaugurado y tenía numerosas deficiencias, pero el entonces gobierno del Partido Popular decidió encerrar allí a 572 personas de manera temporal, entre ellos 11 menores.

La privación de libertad comenzó el 20 de noviembre. Fueron numerosas las entidades sociales, sindicatos y juristas los que realizaron críticas inmediatas a la medida. Principalmente porque incumplía la propia Ley de Extranjería, que especifica que no se interne a personas migrantes en cárceles solo por tener una situación administrativa irregular.

El Defensor del Pueblo también denunció la situación. Principalmente, porque la infraestructura penitenciaria nunca había sido utilizada debido a la ausencia de servicios básicos y sus numerosas carencias. Según las entidades sociales que atendieron a los migrantes, hacía frío y no había mantas suficientes, no funcionaba el agua caliente en algunos módulos, apenas había traductores, la asistencia médica era insuficiente y los internos llegaron a pasar semanas con la misma ropa. “La situación era durísima y muy precaria”, subraya Majot Majlul, una de las intérpretes que pudo asistir a los migrantes. No había contacto con el exterior y sí numerosos problemas con las visitas de los abogados. “Les atendíamos sin intimidad y a través de mamparas”, recuerda Fran Matas, letrado del turno de oficio del Colegio de Abogados de Antequera.

“Nuestro miedo aumentaba día a día”, relata uno de los internos, que califica la estancia de “calvario” en un testimonio recogido en el informe Cárcel de Archidona: otro agujero negro para los Derechos Humanos, presentado el pasado 19 de diciembre por la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes en Málaga. “Quiero olvidar todo ese sufrimiento, pero es imposible”, subraya el migrante cuyas palabras se acompañan de los duros relatos de letrados y traductores que conocieron el interior del recinto. La situación dentro de la cárcel se fue haciendo insostenible y la movilización social fuera se hacía cada vez más visible.

El 28 de diciembre la discusión por un trozo de pan durante el almuerzo entre un policía y uno de los internos se convirtió en la gota que colmó el vaso. El migrante se autolesionó con un cuchillo y otros compatriotas intentaron mediar, según se relata en el documento de la plataforma. La situación derivó en el aislamiento de 144 personas en el módulo 3 del centro penitenciario. A Mohamed Bouderbala lo introdujeron en la celda 41 sin compañía. Pasó 18 horas sin vigilancia, comida o agua, como mostraron las cámaras de seguridad. El joven se suicidó y su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente. En la última década, seis personas han fallecido dentro de un CIE.

La causa se cerró pocos días después del fallecimiento del argelino. El juez la archivó basándose en el atestado policial y “sin que se hicieran ningún tipo de diligencias”, explica Amanda Romero, abogada de la familia de Bouderbala. Por ello, recurrió la decisión -como también hicieron las acusaciones populares ejercidas por Andalucía Acoge, Izquierda Unida y Podemos- ante la Audiencia Provincial, que ordenó la reapertura parcial de la investigación.

El próximo 1 de febrero, los agentes policiales que trasladaron al joven a su celda y el personal médico que lo había asistido en dos ocasiones anteriores dentro de la cárcel declararán ante el juez. Entre otras cosas, se pretende conocer si la intervención en el comedor y las medidas posteriores de aislamiento estaban justificadas. El letrado José Luis Rodríguez Candela subraya también que “la privación de alimentos durante 18 horas [como sucedió a Bouderbala] sería constitutiva de trato degradante”, según recoge el documento que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentó en junio pasado. En él se incluye un relato de los acontecimientos con testimonios de algunos testigos y similar al de la plataforma malagueña.

El internamiento duró 52 días y finalizó el 10 de enero de 2018. De las 572 personas migrantes encerradas en la cárcel de Archidona, el Gobierno devolvió a su país a 486 ciudadanos argelinos, según explicó en enero Juan Ignacio Zoido durante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El entonces ministro añadió que el resto fue puesto en libertad. La mayoría -63- por petición de asilo y otros 11 por ser menores.