Qué menos que dar siete días

El juicio oral no podrá empezar, como era deseo del tribunal de enjuiciamiento, el 5 de febrero. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, había señalado en escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 23 de enero, que la vista comenzaría en “fechas próximas al 5 de febrero”. Pero para fijar la fecha es necesario antes aprobar el auto de admisión y denegación de pruebas de acusaciones y defensas. Y son centenares de testigos, pruebas periciales y documentales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al que la ley no reconoce función jurisdiccional alguna, empero, ha metido baza y desde hace semanas va diciendo que la fecha sería el miércoles 6 de febrero. Este jueves, Lesmes volvió a abordar el socorrido tema del procés, ya que, al decir de un magistrado, le permite “dar vidilla” a esta fase de prórroga de facto de su mandato. Según el presidente del Supremo y del CGPJ, no se descarta que el juicio pudiese comenzar la semana próxima. Mientras, las partes personadas—a quienes afecta la fecha para su organización y preparación— siguen la fijación del inicio del juicio cual una partida de tenis: bola va, bola viene. Eso sí: la orden de traslado de los 12 acusados por rebelión desde cárceles catalanas a Madrid no ha sufrido variación y se está haciendo este viernes.

La fecha de comienzo del juicio solo se puede establecer una vez que se dicta el auto de pruebas. Y aunque el tribunal lo aprobase este viernes—posibilidad que fuentes del Supremo veían ayer improbable, aunque no imposible— habría que notificarlo a las partes. No parece razonable, por no decir que resultaría impresentable, convocar un juicio oral de esta importancia con menos de siete días de anticipación.

“Lo mínimo para que los letrados revisen el auto de admisión y denegación de pruebas, acomoden su agenda y lo hablen con sus defendidos, es una semana. Lo habitual es separar 10 días entre el señalamiento y el comienzo del juicio, aunque no se encuentre reglamentado”, comenta otro magistrado. “Para que el juicio pueda empezar de manera presentable el martes 12, el auto debería ser aprobado y notificado el lunes 4 o el martes 5”, añade.

El debate sobre los medios de prueba está avanzado, pero la resolución será muy extensa, entre otras cosas porque el tribunal pretende explicar por qué acepta o deniega cada una de las propuestas. Fuentes jurídicas señalan que las declaraciones testificales del expresidente Mariano Rajoy y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, propuestos por la acusación popular de Vox, y un número importante de defensas de los acusados serán admitidas por la intervención de ambos en momentos clave. Por ejemplo, cuando el 11 de octubre de 2017, Rajoy anunció desde el Palacio de la Moncloa el envío de un requerimiento al entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirmase si el día anterior había declarado la independencia. Sáenz de Santamaría, a su vez, fue la encargada de realizar las diligencias para enviarlo a la Generalitat. Este requerimiento fue el que abrió el proceso que condujo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.