El dueño de la finca donde murió Julen: “Jamás pensé que cabría un niño”

El propietario de la finca donde se ubicaba el pozo por el que cayó Julen, David Serrano, ha explicado esta mañana que él tapó el orificio con dos bloques de hormigón. Lo hizo, según asegura, sobre la una de la tarde del domingo 13 de enero. Es decir, minutos antes de que el niño se precipitara por el agujero de 71 metros. También ha asegurado que, tras colocarlos, advirtió a las personas que había en el terreno de la existencia del hoyo. “Creía que alguien podía meter un pie y partírselo, pero jamás pensé que cabría un niño”, ha señalado Serrano esta mañana. En su versión, el niño se "escurrió" entre los bloques y cayó. “Yo tengo una niña de dos años que jugaba con Julen y podría haber sido ella. No me lo voy a perdonar nunca”, ha dicho entre lágrimas mientras procedía a la lectura de un comunicado que no ha llegado a finalizar. Tampoco ha permitido preguntas “porque no está preparado psicológicamente para ello y porque legalmente no es adecuado”, ha dicho uno de sus abogados, Antonio Flores.

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Serrano contradice de esta manera la versión dada por Antonio Sánchez, máximo responsable de Perforaciones Triben, que aseguró haber dejado el pozo sellado. “Lo hago siempre”, indicó antes de comparecer ante la Guardia Civil. Más tarde concretó que había dejado una gran piedra en la boca del sondeo para evitar cualquier incidente y que esta había sido retirada en posteriores movimientos de tierra en la parcela.

David Serrano ha querido también aclarar algunos aspectos relacionados a los movimientos de tierra existentes en su finca, de 4.500 metros cuadrados. El dueño de la propiedad asegura que la parcela tenía una gran pendiente y que realizó un llano con la ayuda de un amigo. También que su objetivo no era construir una casa, solo plantar aguacates. De hecho, ha relatado que ese era el objetivo de la prospección: encontrar agua con la que regar los árboles, que le permitirían ganar “un dinero”.

Reconoce que no tenía las autorizaciones necesarias para realizar los movimientos de tierra que hizo, pero que para el pozo confió en la palabra de Antonio Sánchez, quien, según la versión de Serrano, le dijo que tenía todos los permisos para ello. Le cobraría 12 euros por metro de pozo, que serían 27 en caso de que hubiera agua. “Yo le pagué en dinero, no me dio factura ni nada, y se marchó con la máquina dejando el pozo abierto y una montaña de arena alrededor como un volcán al pie del pequeño desnivel”, cuenta Serrano.

Según su relato, después de hacer el pozo había pequeños desprendimientos de arena y tierra en la ladera y, para evitarlos, le recomendaron levantar un muro de contención, de ahí que hubiera materiales de construcción en la zona. Y que días después de ejecutar el sondeo, para asentar la pared realizó una zanja en forma de ele, al final de la cual estaba el pozo, que iba a quedar “tapado bajo el hormigón”, según la versión de Serrano.

Juan Martínez, que ejerce la defensa de Serrano junto a Antonio Flores, ha explicado que se han personado en la causa abierta por el juzgado número 9 de instrucción de Málaga “en calidad de parte interesada, para que David participe como testigo”. Ambos letrados han relatado también la estrategia de su defensa en el caso, que se centrará en la ausencia de licencia del sondeo y del resto de documentación y permisos necesarios para su ejecución, así como la ausencia de “mínimas medidas de seguridad”. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Totalán ya confirmaron que no existía ninguno de estos documentos y que, por tanto, el pozo era ilegal.

Los letrados han insistido en que es imposible prever o prevenir un accidente como el de Julen “porque no hay precedente en el mundo” y, por tanto, descartan cualquier responsabilidad de su cliente por homicidio imprudente. “Jamás pudo David ser consciente de ese riesgo, nadie lo podía haber visto como una posibilidad real. La propia Guardia Civil pensaba que el niño no estaba ahí porque no podía caber”, han asegurado. Los portavoces del cuerpo de seguridad explicaron en numerosas ocasiones que cualquier duda inicial, si existió, quedó eliminada tras conocer el testimonio de José Roselló y Victoria García, los padres de Julen, que contaron cómo vieron caer al niño. Los letrados también han indicado que cada año 800 niños fallecen en accidentes domésticos y “ahí no se habla de homicidio involuntario, aunque son cosas previsibles y que se pueden prevenir”.

El arquitecto Jesús Flores ha indicado además que asesora al equipo de abogados desde dos puntos de vista. El primero, sobre las cuestiones técnico-jurídicas que rodearon las circunstancias del pozo por el que cayó el niño. En relación a ello, volvió a insistir en la ausencia de permisos y medidas de seguridad, así como en la normativa pública que obliga a rellenar los sondeos en caso de que no se encuentre agua y a taparlos con hormigón. El segundo, elaborando un informe que analiza técnicamente y valora desde el punto de vista económico la operativa de salvamento de Julen. Una labor que pretende estudiar si todas las decisiones técnicas y pasos realizados para realizar el rescate fueron los más adecuados y oportunos. Y que el despacho de abogados realiza en previsión de que durante la causa que investiga el caso se pueda pedir a Serrano que cubra los gastos de los trabajos de rescate.

Finalmente, los letrados han dicho que pretenden solicitar el archivo del caso, subrayando que no comparten la percepción de que "tiene que haber un culpable" y han apuntado que "la única responsabilidad penal, si la hubiese, sería de ese profesional" [en referencia al pocero]. También han añadido que el accidente se produjo como “consecuencia directa de las acciones y omisiones de un profesional que, teniendo los medios, la maquinaria y los conocimientos técnicos y legales, perforó un pozo de 110 metros de largo y 21 centímetros de diámetro a sabiendas de que quebrantaba la ley”.