Pastor y Blanco niegan toda responsabilidad en el accidente del Alvia

La comisión del Congreso de los Diputados que intenta depurar responsabilidades políticas en el accidente del Alvia que acabó con la vida de 80 personas en 2013 en Santiago ha vivido este lunes dos comparecencias cruciales pero sin sorpresas. La popular Ana Pastor y el socialista José Blanco, los políticos gallegos que dirigían el Ministerio de Fomento cuando se rebajó la seguridad en el tramo donde descarriló el tren, se han desvinculado totalmente de esas decisiones y las han atribuido a sus subordinados y a los técnicos. Después de varios años bloqueando PP y PSOE la petición de las víctimas para abrir una investigación parlamentaria, ambos niegan haber sellado un “pacto de silencio” para protegerse mutuamente y "tapar" la tragedia.

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Pese a que los supervivientes y familiares de los fallecidos en el siniestro llevan años acusándola de haberse afanado en ocultar las responsabilidades de la Administración en el descarrilamiento, Ana Pastor, ministra de Fomento cuando ocurrió la tragedia y actual presidenta del Congreso de los Diputados, no ha dudado en presumir de transparencia y entrega a las víctimas. "Desde el primer minuto" y hasta que dejó el cargo, la popular ha asegurado que se involucró "personalmente" en su asistencia y dio órdenes a sus subordinados de facilitar "toda la información requerida".

Pastor ha alegado que fueron los técnicos los que decidieron desconectar en los trenes Alvia, un año antes del accidente, el sistema de control continuo de frenado ERTMS, una tecnología que hubiera alertado al maquinista de dónde estaba cuando se despistó y no frenó. Ha señalado, en concreto, a los jefes de Seguridad de Adif y Renfe -Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares-, a los que ella "nunca" ha dado instrucciones y que ya estaban con el anterior Gobierno socialista. "No tengo que hacer valoraciones de lo que hacen otros", ha afirmado.

Pastor se ha mostrado mucho más parca en los detalles espinosos que Blanco. La exministra popular ha eludido, por ejemplo, dar explicaciones sobre el varapalo de la Unión Europea que recibió su gestión del accidente y se ha negado a valorar el informe de la Agencia Ferroviaria Europea que reprochó la falta de independencia de la investigación interna que hizo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente de su departamento. "A mí no me consta que nadie haya querido tapar nada", ha asegurado.

Blanco tampoco asume ninguna responsabilidad. "Ni una sola decisión que yo haya impulsado ha tenido como consecuencia el accidente", ha proclamado quien era ministro de Fomento cuando en diciembre de 2011 entró en servicio la línea donde ocurrió el accidente. El socialista ha negado haber acelerado las obras entre Ourense y Santiago por intereses electorales. “La planificación era anterior a mi llegada y yo no la alteré”, ha insistido el ahora eurodiputado. “En aquella época estaba sometido a tal escrutinio político que si hubiera alterado en los más mínimo los calendarios se hubiera montado la marimorena”.

Para fundamentar su afirmación, Blanco ha asegurado que la fecha de diciembre de 2011 para la entrada en funcionamiento de la línea de alta velocidad donde descarriló el Alvia se anunció en junio de ese año, mientras que el día de las elecciones generales no se conoció hasta septiembre cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió adelantarlas. “Nunca nadie me trasladó dificultad alguna para cumplir el calendario”, ha subrayado. “No hubo prisas”. “Para usted era muy importante que la alta velocidad sí o sí llegara a la Galicia”, le ha afeado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha recordado unas declaraciones suyas de marzo de 2011 en las que afirmó que “comprometía su cargo con el AVE gallego”.

Blanco, que se ha mostrado enfadado en varias ocasiones y ha acusado los portavoces de En Marea y ERC de caer en “interpretaciones torticeras”, se ha desvinculado de la otra decisión clave en el accidente que se tomó en su mandato: la modificación del proyecto que dejó el tramo donde descarriló el Alvia, más concretamente los cuatro kilómetros de vía anteriores a la estación de Santiago, sin el sistema de control continuo de velocidad denominado ERTMS. “Nunca se me informó del cambio en el sistema ERTMS”, ha alegado el exministro. "Me enteré después del accidente". Si hubiera estado instalado, ha admitido, “habría habido más probabilidades de que el accidente no se hubiera producido”.

Disculpas por negar la investigación política

La diputada de En Marea Alexandra Fernández le ha preguntado a Blanco quién solicitó la “nefasta” modificación del proyecto para retirar el ERTMS en el tramo donde ocurrió la tragedia. “Desconozco de dónde partió la iniciativa”, ha respondido el exministro socialista. Según ha repetido varias veces, él no estampó tampoco su firma en el modificado de obras que permitió esta rebaja de seguridad ni autorizó la puesta en servicio de la línea, un trámite este último del que responsabilizó a la Dirección General de Ferrocarriles. ¿Avala la actuación de sus subordinados?, le ha preguntado el PP. "No tengo que avalar o dejar de avalar. Tengo la convicción de que se adoptaron conforme a las normas".

También ha negado cualquier responsabilidad en el funcionamiento de Adif, cuyo jefe de Seguridad cuando él fue ministro, Andrés Cortabitarte, se sentará en el banquillo junto al maquinista acusado de 80 homicidios por imprudencia. Cuando llegó al cargo, se ha excusado Blanco, mantuvo “toda la estructura de Adif y las tomas de decisión se hicieron como se venían haciendo”. No ha citado en ningún momento por su nombre a Cortabitarte, pero sí ha dedicado palabras de reproche al maquinista Francisco José Garzón por “priorizar” la llamada telefónica que lo despistó frente “al inicio de la frenada” antes de la infausta curva de Angrois.

Blanco ha pedido disculpas por no haber aceptado la creación de una comisión de investigación en el Congreso que exigían las víctimas y que fue reiteradamente bloqueada por PP y PSOE. Dice que es lo único de lo que se arrepiente pero ha negado que ese veto se debiese a un “pacto de silencio” con los populares para tapar sus responsabilidades en la gestión de la línea. Fue su compañero de partido Odón Elorza, ha aducido, quien le convenció de que “si no tenía nada que ocultar” debía apoyar la investigación parlamentaria. “No hubo pacto de silencio, en todo caso un silencio que me autoimpuse para no generar polémica ante la magnitud de la tragedia y el dolor de las víctimas”. La intervención de ambos ministros han cerrado el periodo de comparencias de la comisión.