Zaplana, a un cómplice: “No puedo sacar cinco millones porque en España dirían: ‘¿Dónde va?”

El exministro del PP Eduardo Zaplana recibió 10,5 millones de euros en sobornos de las empresas de la familia del exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, vinculada al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por la adjudicación de dos jugosos contratos de la Generalitat valenciana, de la que el exdirigente fue presidente entre los años 1995 y 2002, la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico Valenciano, según concluye la Guardia Civil en su informe integral de la Operación Erial. El atestado figura en el sumario del caso, que hasta ahora había permanecido secreto. Las comisiones se pagaron presuntamente en Luxemburgo a través de dos sociedades que actuaron como "vehículos corporativos". El exdirigente popular se ha declarado inocente.

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Zaplana, al que sus supuestos cómplices en varios delitos continuados de corrupción que se prolongaron durante casi dos décadas llamaban "el jefe" en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, confío al asesor fiscal Fernando Belhot sus problemas para disponer del dinero de origen presuntamente delictivo que tenía oculto. El encuentro entre ambos, en un hotel de Madrid, fue grabado por los investigadores el 18 de abril de 2018. Un mes antes de ser detenido, Zaplana decía: "...A mí me pasa lo mismo, yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo... yo puedo sacar (ininteligible) que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de... primero porque no los tengo ahora, porque me he metido en un problema. Pero segundo, es que aunque los tuviera (...) tengo que decir aquí en España, (y) me van a decir: '¿Usted dónde va?".

Como alternativa, Belhot le plantea proporcionarle el dinero en "billetes de 500".

Zaplana: Es complicado.

Belhot: Claro.

Z: Pero bueno... Si son de 50 los puedo...

B: Claro, exacto, yo te iré devolviendo de poco a poco. Y no te digo que sea en dos días... En una semana, 10, 15 días.

Z: Si puede ser en un mes, mejor.

El sumario del caso Erial, una investigación coordinada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, y la Fiscalía Anticorrupción revela que el dinero de los presuntos sobornos pagados en Luxemburgo entró a continuación en un circuito internacional de blanqueo en el que participaron sociedades pantalla en Uruguay, Panamá, Andorra y Suiza.

"Me acojoné al ver la web"

Zaplana cuenta a su asesor fiscal Belhot, en la misma conversación de abril de 2018, la preocupación que sintió al ver que en una noticia sobre el macrocaso de corrupción Odebrecht —por el nombre de una constructora brasileña—, que ha sacudido a una decena de países latinoamericanos, se mencionaba la sociedad Plaza Fountains, cuyo titular era Joaquín Barceló, uno de sus supuestos testaferros:

Zaplana: "Pues lo que me acojonó fue...cuando vi la página web.

Belhot: Claro.

Z: Pero no... no por el fondo, porque tengo mucha confianza en ti (...) y yo sé que tú te sabes manejar.

El expresidente valenciano, al que le fue detectada una leucemia en 2015, alude a su estado de salud y al de su esposa, también paciente de cáncer, en la conversación con su asesor fiscal y supuesto experto en blanqueo de capitales. Y lamenta que "Ignacio", en aparente referencia al expresidente de la Comunidad de Madrid con el PP Ignacio González, no le está "dando dinero de Andorra".

Zaplana: Fíjate que ahora, entre esto, mi mujer y tal, yo no estoy pensando en mí... O sea...

Belhot: Claro.

Z: Pero es imposible alejarte... Porque tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto... Para algunas cosas que a mí me pide... necesito liquidez... A mí Ignacio no me está dando dinero (ininteligible) de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco... tampoco pasa nada.

Cómo sacar el dinero de España

El exministro fue detenido el 22 de mayo y la juez lo mandó esa tarde a prisión provisional, una situación en la que ha permanecido hasta el pasado 7 de febrero. El exdirigente popular ha reivindicado su inocencia y ha negado haber cobrado comisiones ni tener cuentas en el extranjero. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera acreditado, en cambio, que el grupo empresarial de los Cotino utilizó dos sociedades radicadas en Luxemburgo, Imison Internacional y Fenix Investment, para pagarle los sobornos por las adjudicaciones que Zaplana cocinó en su etapa de presidente de la Generalitat con ayuda de otros acusados, como su exjefe de gabinete Juan Francisco García.

La mecánica, según la Guardia Civil, consistió en que dos sociedades de Luxemburgo, que fueron constituidas en 2001, cuando Zaplana era presidente de la Generalitat, por la familia Cotino. Estas dos mercantiles, Imison Internacional y Fenix Investment, compraron participaciones de dos mercantiles españolas por poco dinero. Años después, en 2005 y 2007, las sociedades de Luxemburgo revendieron estas participaciones por una "cuantía extraordinaria" a mercantiles de los sobrinos de Cotino, Vicente y Juan. De ese modo, los empresarios valencianos hicieron supuestamente efectivo el pago de los sobornos mediante una fórmula que permitía simultáneamente sacarlo de España y colocarlo en Luxemburgo. Para redondear el cohecho, según la UCO, la titularidad de las dos sociedades de Luxemburgo fue traspasada a los presuntos testaferros de Zaplana Joaquín Barceló y Juan Francisco García.

86,5 millones para los Cotino

Las supuestas comisiones se abonaron cuando Zaplana ya había dejado la Generalitat y el puesto de ministro de Gobierno de José María Aznar, pero era diputado del PP en el Congreso y dirigente orgánico de la formación. Los pagos se hicieron coincidiendo con los momentos en que la familia Cotino hizo caja al vender sus negocios de ITV y de energía eólica, ingresando por ello 86,5 millones.

La UCO considera que los sobornos tuvieron continuidad, con pagos de menor cuantía, hasta 2011. Y que además de Zaplana y sus testaferros tuvieron como beneficiarios a su sucesor en la presidencia de la Generalitat, José Luis Olivas, también del PP. Los investigadores concluyen que el misterioso pago de 580.000 euros que Olivas recibió de la empresa de los Cotino, Sedesa en 2008, respondía en realidad a su comisión por las adjudicaciones del Plan Eólico. Olivas fue condenado en 2017 a un año y medio de prisión por este pago por los delitos de falsedad documental y fraude fiscal, pero no por cohecho, ya que la investigación de tales hechos corrió en paralelo a la del caso Erial.

Los investigadores concluyen que los sobrinos del exdirector general de la Policía Juan Cotino, Vicente y José Cotino, también detenidos en mayo, participaron activamente en el pago de los sobornos. Sobre Juan Cotino, la UCO señala que se habría beneficiado de los supuestos amaños por las ganancias que obtuvo a través de la empresa familiar, Sedesa, y apunta a que, a la vista de un correo electrónico que recibió en el año 2000, pudo intervenir en las adjudicaciones.

La "hoja de ruta"

El caso Erial surgió a raíz de lo que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO describen en sus escritos e informes incorporados al sumario como "hoja de ruta". Se trata de unos documentos hallados en 2015 por la Guardia Civil en un registro en el despacho del abogado de Marcos Benavent mientras investigaba el caso Taula, una presunta trama del 3% vinculada el PP valenciano. Benavent, recaudador confeso de esa trama corrupta, aseguró que los papeles se los había entregado un hombre que se mudó a una casa de Valencia en la que había residido Zaplana. Los folios, que contienen anotaciones manuscritas presuntamente del exministro, se describe el proceso de adjudicación del Plan Eólico Valenciano y el opaco diseño de la sociedad de Luxemburgo Inversiones Imison, utilizada supuestamente para pagar los sobornos.

Fondos bloqueados

La juez dejó en libertad a Zaplana el 7 de febrero, con prohibición de salir de España y obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, tras bloquearle dos cuentas en Suiza en las que el exdirigente del PP mantenía ocultos supuestamente 6,3 millones de euros. En junio la instructora ya le decomisó otros 6,7 millones de euros, entre dinero en efectivo y bienes inmuebles, que supuestamente había reintroducido en España, en parte aprovechando la amnistía fiscal aprobada por el ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.