El dueño de la finca donde murió Julen basa su defensa en que “nunca ha pasado antes” algo similar

David Serrano, dueño de la finca donde se ubica el pozo por el que cayó Julen en Totalán (Málaga), ha defendido este viernes en los juzgados su inocencia, tal y como viene subrayando desde que ocurrió el accidente que costó la vida al pequeño. Lo ha hecho en base a dos argumentos principales. Por un lado, ha explicado que siempre creyó que la obra para ejecutar el pozo tenía licencia, porque dejó toda la petición de permisos en manos del profesional que lo realizó. Y, por otro, en lo inaudito e imprevisible de lo sucedido. "No podía imaginarme que una persona pudiera entrar por ahí. Ni un adulto, ni un niño, ni un animal", ha dicho Serrano a la titular de juzgado de instrucción número 9 de Málaga, según ha relatado su abogado, Antonio Flores.

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El propietario de los terrenos como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Durante algo más de una hora y media ha contestado a las preguntas de la Fiscalía, de la acusación particular —que representa a los padres del niño—, de sus abogados y de la propia juez, según han explicado fuentes judiciales. Serrano ha relatado que conocía el peligro que suponía la existencia de un agujero en el suelo, de ahí que lo tapara con bloques de hormigón e, incluso, advirtiera a quienes disfrutaban de una jornada de campo en la finca el domingo 13 de enero. Pensó en la posibilidad de que alguien se lesionase, pero jamás en una situación como la que finalmente ocurrió. "Si agentes de la Guardia Civil y otros profesionales no creyeron en un primer momento que pudiera caber un niño ahí, cómo iba a saber mi cliente que podía ocurrir algo así", ha afirmado Flores, que ha insistido en que "nunca ha pasado antes" algo similar.

Sobre los permisos necesarios para la realización del sondeo para buscar agua, los abogados han explicado que su cliente es una persona "completamente ignorante" sobre los trámites para hacer el pozo y, por eso, "se encomendó a un profesional que le dijo que se encargaba de todo". Y que posteriormente lo tapó con bloques de hormigón. Su versión contradice a la que ofreció Antonio Sánchez, quien hizo el pozo, que ha reiterado en diferentes ocasiones que él tapó el agujero.

"En cualquier caso, queremos decir que hay un investigado por un presunto delito, no un culpable", ha añadido otro de los abogados de Serrano, Juan Martínez, quien ha pedido comprensión y respeto para todas las partes: "En primer lugar, para la familia de Julen y el propio niño". Además, ha denunciado haber leído comentarios en los artículos publicados en la prensa "que rayan el odio" y que hay "personas cercanas" al entorno de Serrano que "lo acusan de asesinato". La firma de abogados prevé ponerlo en conocimiento de las autoridades.

Serrano ha sido la primera persona en declarar —y el único en hacerlo como investigado— en el caso que intenta depurar responsabilidades y aclarar las circunstancias en las que el niño cayó por un pozo de 25 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad. Las comparecencias ante la juez continuarán la semana que viene, pero quienes las realicen lo harán ya en calidad de testigos. El lunes será el turno de la pareja del propietario de la finca y los propios padres de Julen. El miércoles darán su versión de los hechos los senderistas que acudieron a ayudar a la familia tras escuchar los primeros gritos, siendo los primeros en llegar al lugar y también en llamar a los servicios de emergencias. También declararán, ya en el mes de marzo, la persona que hizo el pozo, Antonio Sánchez, el operario que hizo la zanja, y cuatro agentes de la Guardia Civil, entre ellos el instructor y el secretario de las diligencias.

El operativo de rescate para llegar hasta el lugar exacto en el que quedó atrapado el pequeño —que murió a consecuencia de la caída, como reflejó la autopsia— se extendió durante 13 días. Un periodo en el que se realizó lo que se llegó a denominar como una gran obra de ingeniería civil. La Junta de Andalucía anunció esta semana que los trabajos tuvieron un coste económico de casi 700.000 euros, cuyo pago será asumido por la propia administración andaluza.