El juez imputa a Alberto Pozas, exdirector de ‘Interviú’, por el espionaje a Pablo Iglesias

El juez que investiga la red de corrupción policial centrada en el comisario jubilado José Manuel Villarejo imputó este lunes al periodista Alberto Pozas Fernández por revelación de secretos en relación al supuesto espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pozas, exdirector de Interviú y hasta el jueves número dos de la oficina de comunicación de La Moncloa, acudió a declarar como testigo, pero el magistrado cambió su condición procesal después de que manifestara que en 2016 entregó a Villarejo un pendrive con datos personales de Iglesias.

Alberto Pozas (Madrid, 1959) anunció el pasado viernes su renuncia al cargo de director general de Información Nacional en La Moncloa, que había formalizado el día anterior. El periodista, subordinado inmediato del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, justificaba su salida en los motivos que se podían “imaginar”, es decir, por su supuesta relación al caso Villarejo. El comisario jubilado, actualmente en prisión, le había apuntado como la persona que le había entregado el pendrive con datos extraídos de un teléfono móvil robado en 2016 a Dina Bousselham, una antigua asesora de Pablo Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europea. Según declaró el policía, los datos habían llegado a la redacción de la revista Interviú, dirigida por Pozas hasta su cierre en enero de 2018, pero este consideró que su contenido no era publicable y, por eso, se lo dio a Villarejo.

La información volcada del celular sustraido a Bousselham en el dispositivo de almacenamiento informático que acabó en manos de Villarejo incluía, entre otros elementos, comunicaciones privadas de Pablo Iglesias en Telegram, una aplicación de mensajería instantánea. Una de ellas, de agosto de 2014, sirvió en julio de 2016 para que el periódico digital Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda, publicara una noticia en la que atribuía una serie de comentarios machistas al secretario general de Podemos. Esa pieza era un jalón más en una serie de informaciones que publicaron diversos medios apoyándose en dossieres policiales sin firma, supuestamente confeccionados por las llamadas cloacas del Ministerio del Interior.

Entre esos documentos apócrifos, lanzados en el momento en que Podemos se encontraba en su punto de mayor auge electoral y aspiraba a adelantar al PSOE en la hegemonía de la izquierda, figuraba el llamado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), que aseguraba que el régimen iraní había financiado a Podemos y a su entorno. Estos informes sin membrete, que causaron un notable revuelo mediático y que sirvieron para articular querellas contra Podemos, fueron desechados de plano tanto por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo como por el Tribunal de Cuentas.

La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, citó a declarar a Alberto Pozas. El magistrado, que instruye el caso Villarejo o caso Tándem, le convocó en relación con la última de las diez piezas abiertas en el macrosumario, bautizada como Dina. El juez lo llamó inicialmente, para este lunes por la mañana, como testigo, es decir con obligación de decir la verdad a todas las preguntas.

Según fuentes jurídicas, apenas llegó a contestar más que unas pocas cuestiones con carácter general. Casi en los prolegómenos del interrogatorio, Pozas manifestó que siendo director de la revista Interviú, editada por el Grupo Zeta, entregó al comisario jubilado Villarejo el pendrive con el volcado del teléfono de Dina Bousselham.

De testigo a investigado

En ese momento, y a la vista de que las manifestaciones de Pozas podrían incriminarle, el magistrado García-Castellón, a sugerencia de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, decidió parar el interrogatorio. Pozas se convertía en ese instante en el primer periodista imputado en el caso Villarejo, por un supuesto delito de revelación de secretos y será citado en otro momento acompañado de abogado. El ex número dos de la Secretaría de Estado de Comunicación salió de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones.

El pasado viernes, Pozas enmarcó su dimisión en un intento de impedir que su vinculación con Villarejo pudiera servir para atacar al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez. Este lunes, el PSOE, en plena precampaña, marcó distancias con Pozas. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, recordó que este ha sido imputado por “actividades que tienen que ver con su actividad profesional como periodista”, y no por su labor en el Ejecutivo.

En la jornada de hoy, el juez García-Castellón también interrogó, como testigo, al esposo de Dina Bousselham. En otra pieza del caso, la llamada Kitchen, el magistrado realizó una prueba pericial grafológica al policía Sergio Ríos Esgueva, antiguo chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas e imputado por el robo de documentos a aquel.