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Marjaliza detalla este jueves al juez la conexión Granados-Villarejo

El empresario aseguró en diciembre en la Audiencia Nacional que él y el político pidieron ayuda al policía

Francisco Granados, a su llegada para comparecer en el Congreso en marzo de 2018.
Francisco Granados, a su llegada para comparecer en el Congreso en marzo de 2018.Andrea Comas

El constructor David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama Púnica, acude hoy a la Audiencia Nacional para aportar al juez Manuel García-Castellón nuevos datos de la supuesta conexión entre Francisco Granados, exconsejero del PP en los Gobiernos regionales de Esperanza Aguirre, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado por liderar presuntamente una trama policial. Marjaliza, que colabora con la justicia desde junio de 2015, aseguró en su anterior comparecencia, de diciembre de 2018, que Granados y él habían recurrido al policía para que les ayudase ante las autoridades suizas después de que estas bloquearan las cuentas bancarias que tenían en entidades financieras helvéticas a nombre de empresas pantalla y que habían sido intervenidas en diciembre de 2012. El entorno de Granados negó entonces dichos contactos.

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Según fuentes de la defensa del constructor, este aportará hoy la fecha y detalles concretos de las dos reuniones que supuestamente mantuvieron él y el político con Villarejo en el verano de 2013, con tan solo tres semanas de diferencia y en un hotel cercano al Estadio Santiago Bernabeu, en Madrid. Marjaliza afirmó en su anterior declaración que en estos encuentros el policía presumió de tener contactos con el Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac), aunque finalmente el policía se limitó a recomendarles a un abogado en España que les pusiera en contacto con sendos bufetes de Ginebra para iniciar un pleito en Suiza e intentar recuperar el dinero. No lo consiguieron y las autoridades helvéticas facilitaron a la Fiscalía Anticorrupción a comienzos de 2014 los datos que permitieron iniciar la Operación Púnica, que provocó la detención de ambos en octubre de ese año.

Operación Parcelle

Suiza comenzó a investigar a Marjaliza y Granados a finales de 2012, tras detectar movimientos sospechosos de dinero en varias cuentas abiertas en el BNP Paribas de Ginebra en las que figuraba como beneficiario el constructor, según consta en el sumario del caso Púnica. En los primeros documentos de la que fue bautizada como Operación Parcelle (parcela en francés) ya se destacaba la estrecha relación del empresario con Granados, del que se recogía que había sido objeto en España de una “investigación por corrupción, recepción de sobornos, evasión de impuestos y de espionaje político”, en referencia al caso Espías, recientemente juzgado en España con la absolución de los implicados.

Marjaliza fue informado entonces por la entidad financiera suiza del bloqueo de sus cuentas, tras lo que decidió acudir al político —con el que mantenía una estrecha relación de amistad— para comentarle su temor. Según declaró en diciembre, fue Granados quien presuntamente le propuso ir a ver a Villarejo, al que el popular conocía de antes. En el primer encuentro, el policía les prometió hacer gestiones ante el Sepblac para saber si la información suiza había llegado a España. En el segundo, les presentó al abogado Ernesto Díaz Bastién —que fue defensor del propio Villarejo desde su detención en noviembre de 2017 y hasta el pasado mes de octubre, en pleno escándalo por las grabaciones del comisario a la ministra Dolores Delgado—, que se ofreció a ponerles en contacto con dos abogados suizos para iniciar el pleito ante la justicia helvética.

Según consta en el sumario del caso Púnica, Marjaliza —que llegó a reclamar a la justicia suiza una indemnización por la inmovilización de sus fondos— mantuvo su pleito hasta el 9 de octubre de 2014. Solo dos semanas después fue detenido por la Guardia Civil e ingresó en prisión. Por su parte, Granados contrató los servicios del bufete LHA. Un abogado de este despacho, Maurice Harari, remitió, entre octubre y noviembre de 2013, tres cartas a la Fiscalía de Ginebra para, en primer lugar, personarse en la causa y, más adelante, “transmitir sus observaciones” sobre la relación de su cliente con los hechos que se investigaban. No sirvieron de nada. Suiza remitió a España la información de los movimientos bancarios sospechosos que desembocaron meses después en la detención de ambos.

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