El PNV apela al soberanismo pactado en el nuevo estatuto

El derecho de autodeterminación se encuentra en esta nueva propuesta del PNV, en la disposición adicional segunda, pero se formula de manera cuidadosa a la vista de los márgenes fijados por el Tribunal Constitucional en 2014, cuando falló sobre el recurso presentado contra la declaración de enero de 2013 del Parlamento de Cataluña donde proclamaba su soberanía y el derecho a decidir.

Entonces, el Constitucional anuló el primer principio de la declaración del Parlament donde se consideraba al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”, pero validó las referencias que contenía el texto sobre el inicio de un proceso para conseguir el “derecho a decidir”. Dijo que estas no eran inconstitucionales siempre, eso sí, que se llegara a conseguir ese objetivo dentro del marco legal y constitucional vigente. Es decir, previa reforma de la Ley Fundamental. Con ese contexto como telón de fondo, el PNV refleja ahora el derecho a la autodeterminación como una aspiración que, en todo caso, se materializaría tras un pacto con el Estado.

“La plena realización de los derechos históricos del Pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”, expone en el texto que llevará hoy a la Cámara autonómica. Esta redacción final es de Mikel Legarda, excongresista y jurista del PNV.

El mensaje de los nacionalistas con su reforma estatutaria es, por tanto, que no renuncian a su catecismo político, pero que no quieren llegar a la confrontación por ello. Sin embargo, lo que considera el PSE, y de forma más radical el PP, es que su mera presencia en el articulado —sumado a otros aspectos, como referencias a la “identidad nacional” o la diferenciación, aunque sin efectos, entre ciudadanos y nacionalizados— es inadmisible y va a dificultar, si no imposibilitar, el acuerdo.

Elkarrekin Podemos es el que más se acerca al PNV en ese campo. La redacción de Arantxa Elizondo, jurista nombrada por el partido de Pablo Iglesias, sostiene que “la plena realización de los derechos históricos como manifestación institucional del autogobierno vasco se materializará a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente siendo su ejercicio legal y pactado”.

Frente a esas dos visiones posibilistas, que buscan el pacto y ajustarse al marco legal, la de EH Bildu sigue la estela de la vía unilateral y la confrontación con el Estado puesta en práctica en Cataluña. La redacción de Íñigo Urrutia, el jurista asignado por la coalición secesionista, desborda el marco legal a conciencia. “En orden a salvaguardar y hacer efectivo el derecho a decidir de la ciudadanía, las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums en lo que corresponde tanto a asuntos políticos, sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con el Estado Español y otros espacios europeos o internacionales”.

El experto socialista, Alberto López Basaguren, advierte de que el cierto consenso alcanzado con PNV y Elkarrekin Podemos en uno de los tres textos que hoy se registrarán —EH Bildu presentará su alternativa y el PP un documento en el que mantienen su apuesta por el actual texto de Gernika— puede tirarse por la borda por la inclusión de un elemento de esta naturaleza.

Nacionalizados

Sin embargo, el derecho a decidir no es el único elemento de fricción. En los más de 100 artículos del nuevo texto —el actual tiene 47 y el de EH Bildu más de 200— sigue figurando la distinción entre ciudadanos vascos y nacionalizados. Una diferenciación que, en las bases pactadas entre PNV y EH Bildu, dejaba la puerta abierta a la desigualdad entre unos y otros y que en la redacción que ha acabado por hacer el PNV son iguales a todos los efectos.“Se reconoce la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca sin que ello pueda afectar la igualdad del individuo y los grupos en que se integra ni suponer factor de discriminación alguna”, propone. Algunos expertos se preguntan, entonces, por qué explicitar las dos categorías.

También hay oposición en el caso de la consulta habilitante que PNV y Bildu pactaron en sus bases, que debería convocar a los ciudadanos una vez que el nuevo texto saliera del Parlamento vasco y antes de entrar al Congreso. Tiene dos vertientes: una presente y otra futura. La reforma del Estatuto ha de hacerse con la normativa vigente y esa prevé un referéndum, pero una vez aprobado en las Cortes. Para el futuro cabría añadir una consulta habilitante, siempre pactada con el Estado y no vinculante, pero para hacerlo con esta reforma debería aprobarse una legislación que lo permitiera. Este martes la Mesa calificará las propuestas y volverá el debate, ya con los partidos, sobre la Ponencia de Autogobierno.