El PNV rompe con la “realidad virtual” de EH Bildu en el nuevo estatuto

El objetivo de los juristas designados por el PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos de articular un proyecto de reforma del Estatuto que no desborde el marco constitucional, aunque exhiban diferencias, ha reabierto la crisis entre los soberanistas vascos. El divorcio jurídico entre EH Bildu y el PNV —pese a que pactaron las bases políticas— ha elevado la tensión entre ambos. El experto del PNV, el exdiputado Mikel Legarda, describe en su explicación de voto que la izquierda abertzale defiende “una realidad virtual a la que se quiere dar apariencia de validez jurídica”.

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Una “realidad virtual” que choca con el discurso de “realismo político” al que apela el lehendakari Íñigo Urkullu cada vez que tiene ocasión. En ese contexto, la decisión del PNV de desmarcarse de las bases, de carácter soberanista de la izquierda abertzale y de buscar un acuerdo para actualizar el Estatuto de Gernika junto a socialistas vascos y Elkarrekin Podemos, aleja el fantasma de catalanizar Euskadi.

Ahora la Ponencia de Autogobierno tiene por delante, al menos dos años para pulir los tres proyectos que le han llegado, el firmado por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos con votos particulares en asuntos como el derecho a decidir, la Idenitidad Nacional o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la del PP, y la de EH Bildu. El trabajo jurídico, más allá del ideario político de los partidos, lo que ha hecho es dinamitar el espejismo de unidad soberanista que creó el acuerdo entre PNV y Bildu con el que el grupo de expertos comenzó a trabajar.

La constatación de que el partido de Andoni Ortuzar, más allá de compartir objetivos políticos, no se iba a sumar a una estrategia de confrontación llegó con el debate sobre las consultas. El jurista designado por el PNV, Mikel Legarda explica que el partido de Andoni Ortuzar “no quiere recurrir a vías de hecho al margen del ordenamiento” jurídico actual, entre otras razones porque el encargo que el Parlamento vasco a los juristas fue el de crear un proyecto normativo con visos de efectos jurídicos plenos y no una “realidad virtual a la que se quiere dar apariencia de validez jurídica”.

Esa andanada a EH Bildu tuvo sus primeros efectos el pasado mayo. EH Bildu anunció en plenas elecciones municipales del 26M que presentaría su propio proyecto de estatuto a la vista de que el PNV se desmarcaba. Arnaldo Otegi acusó al PNV de traicionar las bases pactadas, al tiempo que veía cómo se alejaba la posibilidad de abrir en Euskadi un nuevo frente al Estado.

La desconfianza histórica entre el PNV y EH Bildu vuelve al primer plano a falta de escasos seis meses para que se suspenda el Parlamento vasco y Euskadi se sumerja de nuevo en unas elecciones, esta vez autonómicas.

El enfado de la izquierda abertzale con ese carril que se iba configurando entre socialistas peneuvistas y morados, iba más allá de los desacuerdos en la formulación del derecho a decidir, —relegado a una disposición adicional segunda y con una redacción muy cuidada—, o de la “identidad nacional vasca” ya que el PNV también renunció al establecimiento de una relación “de naturaleza confederal plena con el Estado”, pese a que lo compartía en las bases pactadas con EH Bildu.

Legarda explica que “su materialización plena exige la previa modificación del ordenamiento jurídico vigente, lo que está —por el momento— más allá de la capacidad del Estatuto”. Un, “por el momento”, que tiene relación con la posición del PSOE de revisar el Capítulo VIII de la Constitución que regula la organización territorial del Estado.

El jurista propuesto por los socialistas, el catedrático de Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren, tiene muy claro y valora la coincidencia con el PNV y Podemos en el sentido de que “no se puede verbalizar” y menos en un texto jurídico, como hace EH Bildu, “que el País Vasco tiene derechos que no tiene. Sí se puede decir que aspira a ellos o que quiere que se le reconozcan, pero eso es radicalmente diferente”.

Seguridad

 Sin embargo, el empeño por no desbordar la Constitución no significa que el PNV renuncie a algunas de sus demandas históricas y que se las discuta a los socialistas. En el capítulo 100, que hace referencia a la Seguridad, la redacción pactada entre PNV y Elkarrekin Podemos elimina la capacidad del Gobierno central para decidir la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Estas podrán intervenir a requerimiento del Gobierno Vasco, o cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente comprometido, pero siendo necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad”.

López Basaguren fija su voto particular y devuelve al Gobierno la capacidad de hacerlo dando cuenta a las Cortes Generales. “Podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando este cuenta a las Cortes”, enmienda.

En el caso de Navarra y la posibilidad de establecer relaciones institucionales singulares no solo con la comunidad vecina, sino con las provincias vasco francesas, la redacción del PNV, PSE y Podemos, los tres partidos que gobiernan en la comunidad foral, apela al máximo respeto a las instituciones respectivas, a la voluntad de la ciudadanía atendiendo a la normativa sobre la materia de los distintos territorios, Estados, y de la Unión Europea, y en el marco de los procedimientos legales vigentes en cada momento.