La Fiscalía de Málaga pide el archivo del caso del ático de Ignacio González en Estepona

La Fiscalía de Málaga ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la que se investiga la supuesta adquisición irregular de un ático de lujo en Estepona por parte de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, y su esposa, Lourdes Cavero. El fiscal responde así a la petición de archivo que habían solicitado las defensas, subrayando que no se han encontrado “indicios suficientes que puedan apoyar la imputación” del matrimonio ni de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, también investigado.

El denominado caso Ático, que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, ha investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho. Para ello, ha tratado de determinar cómo, cuándo y por qué llegó la vivienda de lujo a manos de González y Cavero, que poseen el 80% y el 20% respectivamente. Ambos lo adquirieron a finales de 2012 por casi 770.000 euros. Sin embargo, disfrutaban de él desde junio de 2008, cuando lo alquilaron por 2.000 euros al mes a una sociedad llamada Coast Investors LLC. La firma, constituida en el estado norteamericano de Delaware —habitual refugio fiscal—, había comprado el inmueble a un particular por 750.000 euros apenas tres meses antes, en marzo del mismo año. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional reflejaba que la firma estadounidense solo está vinculada al ático de Estepona.

Las acusaciones personadas vinculaban el dúplex, de 500 metros cuadrados y ubicado en la lujosa urbanización Alhambra del Golf, con un supuesto soborno. González, Cavero y Cerezo declararon por estos hechos como investigados en la primavera de 2016. La pareja defendió que primero lo disfrutó de alquiler y, más tarde, pudo adquirirlo gracias al finiquito que la mujer recibió tras casi tres décadas trabajando en el sector eléctrico.

Según han apuntado fuentes judiciales a Europa Press, el ministerio fiscal asegura que las posibilidades de continuar con la investigación “se han agotado”. De hecho, el plazo marcado por la Ley para la investigación ya ha finalizado, por lo que el juez instructor, Eloy Marfil, ya rechazó hace unos meses extender una prórroga, tal y como pidió una de las acusaciones particulares. Decisiones, además, que fueron confirmadas por la Audiencia Provincial de Málaga. La última prórroga se concedió en mayo de 2017.

La investigación arrancó a mediados de 2012. En marzo de 2016, González, Cavero y Cerezo fueron citados como investigados. A finales de ese año, el caso fue declarado de especial complejidad. Desde entonces, a la instrucción se han aportado informes policiales y de la Agencia Tributaria. También se han solicitado peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de Coast Investors, así como sus cuentas bancarias y activos. Pero para el fiscal estas comisiones rogatorias “poco o nada han aportado”, según han explicado las mismas fuentes.

Para la fiscalía, González y su mujer financiaron la compra del ático utilizando dinero “no sospechoso”, como refleja uno de los informes policiales aportados a la instrucción del caso. Sin embargo, ha sido imposible “conocer el origen de los fondos utilizados por la sociedad para adquirir los inmuebles”. Tampoco ha sido posible saber cómo se pudo financiar la adquisición ni el destino del dinero obtenido por la sociedad tras vender la vivienda al matrimonio.

Igualmente, a partir de una conversación entre González, un agente de policía y el comisario Manuel Villarejo —que declaró como testigo en la causa—, no se ha apreciado indicio concluyente de que González, que estuvo siete meses en prisión provisional por el caso Lezo, haya podido cometer un delito de blanqueo. La transcripción, incorporada recientemente a raíz de otra causa iniciada en la Audiencia Nacional, refleja una charla en la que se habla de una sociedad propietaria de los inmuebles como entidad instrumental.

Ignacio González, que fue mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, ha sido recientemente procesado por Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, por una de las líneas de investigación abiertas en el caso Lezo. El instructor considera que el también dirigente del Partido Popular tuvo un papel clave en el desvío de fondos públicos en la compra de la empresa de aguas brasileña Emissão, que fue adquirida por el Canal de Isabel II durante el mandato de González en el gobierno regional madrileño.