La Fiscalía pide dos años de cárcel por difundir imágenes de la secretaria judicial del registro del 20-S

La Fiscalía pide dos años de cárcel y una multa de 17.100 euros para un internauta acusado de los delitos de obstrucción a la justicia y coacciones por divulgar en su cuenta de Twitter la imagen de la secretaria del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que dirigió el registro en la sede de Economía el 20-S. En su escrito de acusación, la Fiscalía de Barcelona solicita la apertura del juicio oral a R.N.A., un internauta con antecedentes penales que el 6 de marzo de 2019 divulgó un mensaje en su cuenta de Twitter con una fotografía de la funcionaria judicial, Montserrat del Toro, detallando su nombre, su número de DNI y el comentario: "Esta señora no quiere que la vean".

Ese día, la secretaria judicial había comparecido como testigo en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo para detallar las circunstancias relativas a su salida de la consellería de Economía el 20-S de 2017, donde miles de independentistas se habían concentrado para protestar por el registro en el edificio de la Generalitat en una operación contra los preparativos del 1-O. Pese a que el juicio fue retransmitido en directo, la imagen de la secretaria judicial no llegó a ser difundida por los medios autorizados, ya que la sala penal del Supremo acordó que no se divulgara para proteger a la testigo.

En concreto, el Supremo resaltó que se debía impedir la difusión de la imagen de Montserrat del Toro ya que las causas judiciales relativas al procés habían "disparado actuaciones de amenazas o de acoso" al espacio personal y familiar de varios funcionarios de justicia. "No puede descartarse que una actuación individual y aislada que captara la imagen de la declaración y la divulgara públicamente con posterioridad bastaría para introducir un grave riesgo personal y familiar en la testigo", advirtió el Supremo, para justificar que Del Toro compareciera sin que se difundiera su imagen.

Ante esta situación, el acusado, movido según la Fiscalía por la finalidad de lograr la "mayor difusión posible" de la imagen y aspecto de la testigo, difundió su fotografía y varios datos personales de la secretaria judicial en su cuenta de Twitter para que fuese objeto "cuanto menos de insultos y escarnio tanto en redes sociales como en su vida privada". Por este motivo, la Fiscalía acusa al internauta de un delito de obstrucción a la justicia, por el que solicita dos años de cárcel, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 8.100 euros. Además, también le atribuye un delito de coacciones, por el que pide que se le imponga una multa de 9.000 euros.

El pasado 10 de febrero, la secretaria del juzgado 13 de Barcelona declaró de nuevo como testigo, este caso por videoconferencia y sin que se difundiera tampoco su imagen, en el juicio en la Audiencia Nacional al mayor Josep Lluís Trapero y a la cúpula de la consellería de Interior de la época, en una sesión en que denunció que su comparecencia en el Supremo le cambió la vida, hasta el punto de que ahora tiene que llevar escolta. Tras su declaración del 6 de marzo de 2019 en el Supremo, Del Toro asegura que fue sometida a amenazas de muerte "y de otra entidad", que alegó que no podía reproducir, por lo que los Mossos le pidieron una reunión y desde entonces le han puesto un escolta y le ofrecieron también vigilancia para su domicilio personal. El día después de su declaración en el Supremo, la secretaria judicial interpuso una denuncia en los juzgados de guardia por los mensajes amenazadores publicados en las redes sociales tras su testifical.