El Algarrobico, un problema autonómico

El hotel de El Algarrobico es un problema autonómico y del Ayuntamiento de Carboneras (Almería). El Ministerio de Medio Ambiente se desvincula del acuerdo de demolición que firmaron en noviembre pasado (en periodo electoral) la Junta y el Gobierno del PSOE. Cuenta para ello con un informe de la Abogacía del Estado que concluye que “la Administración General del Estado carece de competencia alguna” sobre la obra.

El Algarrobico no tiene padre. El plan urbanístico que lo ampara fue aprobado por el Ayuntamiento de Carboneras en 1988, poco antes de la aprobación de la Ley de Costas. Gracias a eso, el municipio interpretó que solo le afectaba la prohibición de construir a 20 metros de la playa y no la de 100 metros. Sin embargo, en 2005, el ministerio estableció que la servidumbre debía ser de 100 metros porque el plan sí le afecta esa disposición de la ley y el Tribunal Supremo lo confirmó el pasado 27 de marzo.

No es el único hilo de la madeja judicial de la obra. La construcción del hotel está suspendida desde 2006 por orden de un juzgado de Almería tras un recurso de Salvemos Mojácar contra la licencia de obras, de 2003. Y su horizonte judicial es cada vez más negro conforme caen las sentencias en contra, sea por el uso del parque natural, por la Ley de Costas o la normativa urbanística.

El ministerio que dirige Arias Cañete se ha encontrado con un acuerdo firmado en noviembre con la Junta de Andalucía para cofinanciar la demolición cuando el caso sea firme. Pero el departamento considera que ese pacto es papel mojado y no piensa pagar la costosa demolición de una obra aprobada por la Junta y el Ayuntamiento, ambos del PSOE.

La Abogacía del Estado da la razón al Ejecutivo. Considera que “las decisiones sobre la construcción” del hotel afectan a dos normas. La primera, la Ley de Costas. Pero, según la abogacía, “se trataría de la protección de la servidumbre, cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía” por el Estatuto de autonomía. El Gobierno solo es responsable del dominio público marítimo-terrestre, la playa. Si el Algarrobico incumple la normativa urbanística, tampoco sería el Gobierno responsable del derribo. En ese caso, “la competencia corresponde a la Junta de Andalucía o al Ayuntamiento de Carboneras” por el Estatuto y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El Gobierno ha tenido distintas opiniones sobre el Algarrobico. En 2006, Cristina Narbona aprobó la expropiación del hotel, pero dos años después el Gobierno derogó el acuerdo. La entonces ministra, Elena Espinosa, mantenía una opinión similar a la actual: que el ministerio no iba a expropiar con dinero público una obra que los tribunales podían declarar ilegal y que si había que indemnizar a la empresa por la licencia debían hacerlo el Ayuntamiento o la Junta.

Rosa Aguilar, que procedía de Andalucía, volvió a anunciar la intención de demoler el hotel. El 15 de noviembre pasado, cinco días antes de las generales, Aguilar y el presidente andaluz, José Antonio Griñán, suscribieron el acuerdo por el que en caso de tener sentencia favorable, el ministerio derribaría el hotel y la Junta restauraría el espacio. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de diciembre.

Derribar y restaurar es una tarea muy costosa, ya que el hotel está enclavado en una montaña en un paraje árido. Así que tirarlo dejaría un bocado en el monte difícil de disimular y no se puede plantar unos árboles que tapen el desaguisado. Además, la misma empresa mantiene suelo urbanizable alrededor.