La gran ruina solar

No se puede tapar el sol con un dedo, pero es que apenas ven un rayo de esperanza. “Mi nombre es Baldassare G. G. Voy a cumplir 45 años. Estoy casado y tengo dos hijos. Soy peluquero y productor fotovoltaico en fase terminal. Verán por qué”. Con este arranque de terapia de grupo, Baldo, un peluquero de Alicante en graves apuros económicos, envió hace dos semanas un correo electrónico a los 350 diputados y 208 senadores de España. Quería contarles su caso, el de un peluquero que solo debía 19.000 euros al banco hace seis años y que decidió empeñar sus ahorros y su casa en una minihuerta solar con la que aspiraba a una jubilación tranquila. Se trataba de poder comprar una caravana —“como los guiris”— y de ir de aquí para allá con su mujer. Nada excesivo. Su carta personifica el calvario de 30.000 pequeños inversores en huertos solares que confiaron sus ahorros a un proyecto garantizado por el Estado que poco a poco les está dejando en la ruina. Ninguno de los diputados o senadores le ha contestado. Ni un acuse de recibo.

Baldo creyó que invertir en una minihuerta solar de 100 kilovatios, suficiente para abastecer de energía a 22 casas, podría ser un buen complemento a su trabajo en la peluquería familiar. Sus placas ocupan dos hectáreas de un antiguo viñedo de la sierra de El Carche en Jumilla (Murcia). “El sol puede ser suyo”, rezaba una promoción del Ministerio de Industria de 2005, en la que se garantizaba una rentabilidad de hasta un 14%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia, entre otras ventajas de invertir en energía verde. La realidad ha sido distinta. “Mi rentabilidad era de un 9%. Llevo seis años sin ver un duro, solamente nos daba para la cuota de los préstamos. Ya no puedo pagar más, estoy en descubierto”.

El Gobierno, entonces socialista, animó a la inversión en fotovoltaica divulgando sus múltiples usos. Las instalaciones se podían conectar a la red y producir electricidad. Otras, aisladas, servirían para señalización, aplicaciones agrícolas, viviendas. Una intensa campaña de promoción con el sello del Ministerio de Industria informaba de la capacidad de las energías limpias para reducir las emisiones de CO2. Su auge ayudaría al país a cumplir los compromisos adoptados por los protocolos de Kioto para luchar contra el cambio climático.

Como otros muchos inversores, el peluquero puso su casa como garantía para obtener un crédito de 540.000 euros que firmó a medias con un amigo y desde entonces socio. “A mi padre le he dicho mil veces que fue un loco cuando en 1976 vino desde Suiza con su mujer y tres niños pequeños a empezar una nueva vida. Resulta que el loco he sido yo”. Afortunadamente la peluquería familiar se ha quedado fuera de los avales. Es lo único que le queda.

¿Qué pasó para que esta inversión se viniera abajo? Varios especialistas coinciden en que el gran error del Gobierno socialista fue no limitar la potencia fotovoltaica con derecho a prima, la ayuda que cobran por vender su energía al sector eléctrico. “Creo que los bancos por los que pasó el plan de viabilidad de mi planta solar se quedaron una copia para sus clientes preferentes porque en mi zona hay un montón de instalaciones exactamente iguales a la mía”, sospecha uno de estos pequeños inversores que pide anonimato. Este afectado asegura que las Administraciones llegaron a pedirle todo tipo de compensaciones económicas para levantar una planta muy cerca de Toledo. “Que si acciones compensatorias, hacer algo por la comunidad, donar 20.000 euros, poner salvapájaros”, detalla. Fue de los pioneros, planteó su proyecto en 2005. Y pagó la novatada.

La solar creció como la espuma. Desde 2007 a 2010, año en el que empezaron los recortes, la energía fotovoltaica que recibía primas se multiplicó por cinco, pasó de 53,7 a 313,7 gigawatios hora, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). No tuvieron apenas luna de miel. Los sacrificios temporales que pidió el ministro Miguel Sebastián empezaron a descuadrar las cuentas. Alfredo Candela, de 46 años, insiste en que ellos han firmado un contrato con el Estado. “El PP puso el grito en el cielo con los primeros recortes, diciendo que se creaba inseguridad jurídica. Ellos no solo no lo han quitado, sino que lo multiplican por diez”, critica este empresario que siempre simpatizó con el PP, pero que ahora no puede ni oír hablar de la formación. Pertenece a la cuarta generación de las bodegas Barahonda, que compra la uva a numerosos agricultores murcianos. “¿Cómo pueden tener la caradura de promocionar la Marca España con las energías renovables como bandera? ¿Qué inversor se puede meter en esto si a mitad de partido nos cambian todas las reglas?”, se pregunta. En su inversión, en la que también participó su hermano, puso todos los ahorros familiares: 120.000 euros. Lleva tres años añadiendo dinero. Tiene tres hijos, de 6, 8 y 9 años, y contaba con el dinero de las placas para pagarles la universidad.

En 2010 Sebastián redujo a 25 los años que les garantizaban las primas —antes se podían percibir durante toda la vida útil de la instalación—, y ese mismo año bajó también el número de horas de emisión de energía con derecho a subvención. El primer soponcio con el PP, a finales de 2012, lo protagonizó el impuesto del 7% sobre la generación de electricidad. Este año, les congelaron la actualización del IPC. Si sus ganancias iniciales ya habían bajado entre un 30% y un 40%, la reforma del sector energético las vuelve a bajar a la mitad. Según el decreto principal, las renovables pasarán a recibir una retribución “razonable”, y que el Gobierno estimará en función de unos parámetros alambicados que vendrán a suponerles un ingreso de un 7,5% antes de impuestos.

“Cuando apliquen la reforma energética lo mejor va a ser dejar el cuerpo muerto y que el banco te lleve”, comenta Santiago Martínez, agricultor de 53 años. Parco en palabras, Santiago confiesa una “preocupación total” por su futuro y el de las dos cooperativas de energía fotovoltaica que ha ayudado a constituir en la localidad murciana de Cieza, conocida por sus plantaciones de melocotones, nectarinas y albaricoques. Sus 248 socios están en una situación muy similar.

Los agricultores suelen ser bastante planificadores con el dinero, por eso cuesta creer que 248 de ellos se embarcaran sin reticencias en préstamos de unos 600.000 euros de media. “Si te dicen que el Gobierno lo apoya para cumplir los objetivos de reducción de emisiones protocolo de Kioto, que es una energía limpia, que no contamina, y que además puede complementar a la pensión de 400 euros que te queda por trabajar en el campo es difícil que le veas algún inconveniente”, razona Pascual Hortelano, de 51 años. Con chaleco verde de infinitos bolsillos, polo con el cuello desgastado y vaqueros salpicados de pintura blanca, Hortelano pasea entre las placas solares del huerto La Serrana. “El primer año no me lo creía, pero tanto vinieron a explicarnos, que a fuerza de repetirlo y que todo el mundo nos decía lo mismo, terminé entrando. Nos dijeron que criáramos energía, yo sé un poco de melocotones, pero creo que esto nos vino grande”, dice. Cieza, de 34.000 habitantes, está especializada en el cultivo de fruta dulce. Es el municipio con mayor concentración de frutales por metro cuadrado. Los melocotoneros tienen entre 10 y 15 años de vida útil. Después comienzan a perder el nivel de producción, los frutos no tienen la misma forma, la madera de la corteza empieza a tener mal aspecto. Con las placas solares pasa algo parecido. Tienen unos treinta años de vida útil. Y la inversión consistía en que el banco se quedara con las primas recibidas del Gobierno los primeros 15 años, el mismo tiempo que tarda un melocotonero en cumplir su ciclo, y los 15 siguientes tendrían unos rendimientos de unos 2.500 euros mensuales. Hortelano, acostumbrado a guardar en la despensa una parte del dinero de la cosecha, le dio el visto bueno. Su hermano, profesor de secundaria, le siguió. “Cuando me llama y me dice: ¿has visto lo que ha dicho el ministro? No sé qué decirle”, confiesa.

Uno de los sentimientos comunes a estos entrampados por el sol es el cargo de conciencia y el sentimiento de culpabilidad por haber animado a familiares o amigos a seguir su camino. Santiago Martínez tiene la misma preocupación que Pascual. Un crédito de 600.000 euros y un hermano y una hermana que siguieron sus pasos. En el mismo grupo de inversores, Manuel Herrera no trabaja en la agricultura, pero depende directamente de ella. Es instalador eléctrico y tiene el hándicap de ser uno de los convencidos de las bondades de la energía solar. Manuel compró tres participaciones de 50 kilovatios. “Una para mi mujer y para mí, y las otras dos para nuestras hijas”. Los tres cooperativistas de Cieza no han acusado los recortes de los últimos años porque pidieron una ampliación del crédito a 20 años. Otros muchos no lo hicieron y ahora tienen que renegociar nuevos préstamos con intereses desorbitados.

Los campos solares con participaciones más pequeñas se concentran en Murcia, Navarra y Cataluña. El colectivo intenta presionar en todas las esferas para que se les dé una solución y pronto. No saben cuánto van a aguantar. Representan el 2% de la energía fotovoltaica del país. No son grandes empresas ni tienen los prestigiosos abogados como los fondos de inversiones. Un tercio de la energía fotovoltaica española está en manos de grandes fondos de inversión de bancos extranjeros que han denunciado al Estado español por el cambio en las condiciones que se les garantizaron en un Boletín Oficial del Estado.

En Navarra, lo habitual es que los inversores compraran por 40.000 euros una placa en los huertos solares que hay en los alrededores de las Bardenas, al sur de la región. Mercedes Seviné adquirió la suya en 2008 financiada al 80%. La venta de la energía producida le suponía entonces un beneficio suficiente para pagar el crédito y una cierta rentabilidad. Ahora tiene que poner 200 euros mensuales para no endeudarse.

El régimen fiscal propio de Navarra otorga a estos afectados una pequeña ventaja sobre el resto. Como las energías renovables son uno de los ejes estratégicos de desarrollo de la región, quienes invierten en este sector obtienen un 10% de deducción fiscal. Aunque la energía eólica mantiene mayor potencia instalada, con 980 megavatios, unas 10.000 familias de la comunidad han realizado inversiones en placas solares, tanto para consumo propio como para invertir sus ahorros.

Con la reforma energética, presentada hace apenas dos semanas, el Gobierno ha abierto la posibilidad de que aquellos inversores que no puedan sobrevivir pidan un rescate voluntario. La letra pequeña todavía no está lista. Se deja para otro decreto que probablemente no vea la luz hasta finales de año. Antonio Betancor (39 años) no puede aguantar tanto tiempo. Se disculpa porque está tomando ansiolíticos y tiene un ligero tic. Tiene una empresa de muebles de cocina en Cartagena (Murcia), de la que dependen 37 familias. Hace 11 días que no pega ojo. “Este Gobierno nos va a arrastrar a la ruina”, sentencia. “Tengo a diez personas avalándome, mis padres, mis hermanos y van a tirar de sus bienes”. Entregó al sol 600.000 euros de sus ahorros, todo el dinero familiar, y se embarcó en un préstamo de 1,8 millones. Es vicepresidente de la patronal empresarial de Cartagena (COEC) y está más que dispuesto a salir a la calle para que se conozca la situación en la que el Gobierno les ha dejado.

“Nos dijeron que criáramos energía, yo sé de melocotones. Creo que nos vino grande”, dice un agricultor

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de estos pequeños productores, cuenta que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les llegó a ofrecer en una reunión llevar sus inversiones al banco malo, donde están todos los activos inmobiliarios de las entidades rescatadas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, descartó esta posibilidad públicamente poco después. La reforma energética ha reavivado la sensación de que las instalaciones que no generan suficientes ingresos para cubrir la deuda caminan hacia una expropiación encubierta. Acabarán en manos de las entidades financieras y en última instancia, de las eléctricas. “¿Quién las va a querer si no?”, se preguntan.

“Estas propuestas —del PP— no dan señales de futuro, no son sanas”, dice Teresa Ribera, que fue secretaria de Estado de Cambio Climático con el PSOE. Acaba de terminar su etapa como directora de desarrollo estratégico de la fabricante de placas fotovoltaicas Isofotón. La empresa malagueña presentó concurso voluntario de acreedores en junio. Ribera habla de un “ensañamiento ideológico contra la fotovoltaica” y de la “obsesión para volver al sistema anterior, de los combustibles fósiles”. “Las señales que manda el Gobierno son que tiene apuestas tecnológicas que son de pasado o de transición, no de futuro”, añade.

Todos los recortes se han justificado por la necesidad de reducir el déficit de tarifa, la diferencia entre lo que cuesta producir y distribuir la electricidad y lo que realmente ingresa el sistema eléctrico. En los primeros cinco meses del año ese agujero ha sido de 2.624 millones. En total llega a los 28.000 millones. Para que no siga engordando, Industria se ha propuesto recortar 4.500 millones entre todos los actores del sistema y en esa poda las energías renovables se han llevado una pérdida de unos 1.400 millones. Al sector fotovoltaico, que cubre el 3% de la demanda eléctrica, le tocan unos 600 millones.

Los parques solares con participaciones más pequeñas están en Murcia, Cataluña y Navarra

Hartos de que se acuse a las renovables de ser las causantes del déficit, la Plataforma por un nuevo modelo energético y la asociación de pequeños productores viajaron el 21 de julio a Bruselas. Se reunieron con el comisario de Energía, Günther Oettinger, y le pidieron que se haga una auditoría externa al origen del déficit tarifario español. “Vinieron con una argumentación tan bien armada que Oettinger les ha propuesto cooperar”, explica por teléfono Inés Ayala, eurodiputada socialista.

En mayo de 2012, la Comisión Europea emitió un informe que consideraba que el déficit tarifario español se había generado por una “compensación excesiva de algunas infraestructuras”, como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas. También “por mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón”.

El Ministerio de Industria no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS. La patronal de las eléctricas, Unesa, ha pedido tiempo para estudiar las nuevas normativas. El peluquero de Alicante, sin pelo de tanto sufrimiento, considera clave que el Congreso rechazara en junio, con los votos de 300 de los 323 diputados, que se hiciera una auditoría del déficit eléctrico antes de la reforma del sector eléctrico. Una propuesta que partió de Izquiera Plural. “Ahí se retrataron todos”.

Con información de Lluís Visa y Javier Doria.