La vuelta al “orden público”

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende sacar adelante una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para sustituir a la del mismo nombre que impulsó en 1992 el entonces ministro del Interior socialista José Luis Corcuera. Sin embargo, la norma que ahora patrocina el ministro Jorge Fernández supone unas cuantas vueltas de tuerca más. Y, además, todo apunta a que se le pueda haber ido la mano y se le haya pasado la rosca. “La calle es mía” parece querer decir el ministro Fernández. Pero no, la calle no es suya; la calle es de todos los ciudadanos. Y así está recogido en la Constitución, que consagra el derecho de manifestación como uno de los fundamentales de los españoles.

La oposición ya ha salido en tromba contra un proyecto legislativo cuya finalidad última es acallar las críticas ciudadanas. O, si no es así, lo aparenta. Pero es que incluso a voces tan poco sospechosas como la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria les recuerda a la franquista Ley de Vagos y Maleantes.

Entre los 55 artículos que componen esta futura ley Fernández hay más de uno que parece redactado directamente por algún mando de los antidisturbios. Tan es así que la norma podría llamarse de Protección de la Policía más que de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si no, es inexplicable que Interior amenace con sanciones de hasta 30.000 euros a quien insulte a un agente cuando esté “velando por el mantenimiento del orden público” en una manifestación. ¡30.000 euros! Eso es un disparate. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Código Penal castiga una agresión —no un insulto— con multas de menor cuantía.

El proyecto de Interior resucita el viejo “orden público”, un concepto que huele a naftalina y que nos retrotrae a épocas pretéritas. El “orden público” sugiere una política de palo y tentetieso, con la indisimulada finalidad de paralizar las protestas sociales. Por eso, no es de extrañar que Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural, haya bautizado esta ley como la de la “patada en la boca de la democracia”.

El borrador legislativo es un batiburrillo criticable desde muchos puntos de vista: desde su dudosa constitucionalidad hasta la intención de imponer multas de hasta 30.000 euros a quien haga de taxista para llevar a toxicómanos a comprar droga (las llamadas cundas). En este y otros casos de supuestos infractores, resultaría más lógico castigarles con trabajos en beneficio de la comunidad, en vez de hacerlo con multas que probablemente no van a pagar jamás (por ser insolventes).

Las sanciones de 30.000 euros previstas para las prostitutas que capten clientes en zonas próximas a colegios o cerca de carreteras son simplemente otro intento de luchar contra la prostitución, sin atreverse a abordar este problema en toda su complejidad y dimensión social.

A este Gobierno no le gustan ni las manifestaciones ni las huelgas, como han admitido en más de una ocasión algunos de los líderes del PP. Está en su derecho. Pero entonces debería atreverse a plantear abiertamente y sin subterfugios cambiar la vigente Constitución.