El valor de la Universidad

La semana pasada nos ha deparado imágenes en nuestros campus universitarios que nos retrotraían a otras épocas. Lejos de ser algo aislado, esta sensación de regreso al pasado se extiende a diversos ámbitos de nuestra sociedad. Las barricadas y los furgones policiales primero, el miércoles, y la presencia de los antidisturbios de nuevo el jueves siguiendo la manifestación de estudiantes por la Ciudad Universitaria de Madrid e intentando entrar en algunos centros han llamado la atención, tanto por inusual, como seguramente por evitable.

Frente a explicaciones simplistas y quizás interesadas en mostrar una Universidad pública sumida en el caos, la ineficacia y el descontrol, creemos que es importante intentar situar las cosas en su contexto y entender por qué se ha llegado a esta situación. Por supuesto hay que comenzar condenando la violencia y señalando que la actividad en la Universidad transcurre con normalidad, dentro del ambiente general de distensión, estudio y también crítica y discusión que les son propios, y ello a pesar del maltrato y asfixia económica a que está siendo sometida por las distintas Administraciones del Estado.

En segundo lugar, es imprescindible señalar el importante y decisivo papel que la Universidad Pública española ha jugado y debe seguir jugando en la modernización, la equidad y el desarrollo del país, habiendo asumido con éxito para las condiciones de partida, sus funciones de formación, de generación de ciencia y más recientemente de transferencia de conocimiento.

Hay interesados en mostrar una imagen de inoperancia y despilfarro

Efectivamente, la Universidad en la que nos formamos parte del profesorado actual, con un débil grado de internacionalización, una muy escasa y apenas institucionalizada investigación y unas estructuras aún marcadas por la impronta del franquismo, no solo ha quedado atrás, sino que ha sido sustituida por un sistema universitario maduro e integrado en el contexto europeo e internacional. Además de dar una formación homologable a la de nuestros vecinos, la Universidad española se ha sumado a la investigación, pasando de aportar menos de un 30% de la producción científica del país hace 30 años, a aportar más de un 60%, contribuyendo de una manera decisiva a situar a España en puestos destacados en las clasificaciones de publicaciones en el mundo.

Y todo ello lo ha hecho sin estridencias, con unos recursos sensiblemente inferiores a los de la mayoría de nuestros colegas europeos, desempeñando además un papel de movilidad y equidad muy importante en la sociedad española. Aunque sigue habiendo una mayor representación de las clases medias y altas en la población universitaria, se ha conseguido una incorporación significativa de personas procedentes de familias con menor bagaje educativo o capital económico y social. Al mismo tiempo, la Universidad ha contribuido decisivamente a la transformación de la situación de la mujer en la sociedad española mediante su incorporación masiva a las aulas y al claustro.

No debe sorprender, por tanto, la alta estima que la ciencia y la universidad tienen en la opinión de la población española, ni el esfuerzo colectivo de una sociedad que ha apostado fuertemente por la educación universitaria de sus jóvenes que, aunque desafortunadamente no siempre tiene después una traducción laboral acorde con el nivel conseguido, sigue ofreciendo todavía unas tasas de desempleo muy inferiores a aquellas de quienes no tienen educación superior. Sin duda hay mucho que mejorar y debemos seguir repensando la Universidad a la luz de los nuevos retos económicos y sociales, de la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación, etcétera, pero no cabe negar por ello el logro alcanzado, que posiblemente represente uno de los hitos más importantes del proceso de transformación de la sociedad.

No cabe negar el logro de los campus en la transformaciónde la sociedad, aunque haya mucho que mejorar

Sin embargo, en el marco general de la crisis económica, la Universidad pública española está siendo sometida a una tremenda asfixia económica. En los últimos tres años ha perdido más de 1.200 millones de euros de transferencias de las Administraciones correspondientes. La subida de tasas ha supuesto que en muchos casos el coste de los estudios universitarios se haya multiplicado por dos o más variando también en las distintas comunidades autónomas. Simultáneamente, las becas se han reducido o se ha dificultado el acceso a las mismas. Los drásticos recortes en I+D afectan al desarrollo de la investigación y las infraestructuras universitarias. El número de estudiantes de doctorado también se resiente y los recién doctores no encuentran espacio para desarrollar sus carreras. Todo ello en un marco social donde la desigualdad y la pobreza se han acentuado, donde las prestaciones sociales disminuyen afectando más a los más desfavorecidos, entre ellos los estudiantes con menos recursos, mientras que las grandes fortunas y los beneficios de las grandes compañías siguen aumentando. Se nos transmite que la única forma de progresar es apostando por el conocimiento, pero al mismo tiempo se dificulta el acceso a la educación superior y la realización de la actividad docente e investigadora. Se nos transmite como inevitable un nuevo modelo que irá instalándose por Real Decreto, sin un debate abierto en el que los ciudadanos podamos expresar nuestras opiniones, y que va cercenando ilusiones e instituciones que hasta ahora han funcionado. Falta de diálogo, que se ha extendido también, en un efecto dominó, al interior de esas instituciones, y que conduce a una falta de horizonte, a la impotencia, la crispación y las protestas, que ocasionalmente toman derroteros inadecuados.

Sin duda hay interesados en denostar la Universidad pública. En mostrar una imagen de inoperancia, despilfarro y descrédito. Lo hemos vivido ya en otros sectores públicos. Por eso es importante evitar dar carnaza a estos agoreros y los comportamientos violentos y las intervenciones policiales lo son. Necesitamos inteligencia colectiva, necesariamente basada en el diálogo y la sensibilidad entre todos los sectores de la sociedad para plantear el modelo de universidad pública que queremos y necesitamos para el siglo XXI, que siga contribuyendo al avance del conocimiento y al desarrollo social, al menos como lo ha hecho, con razonable éxito, hasta ahora.