El Constitucional avala el registro navarro de médicos objetores al aborto

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso del PP contra la ley navarra que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la práctica de interrupciones del embarazo. La norma, aprobada por el Parlamento regional en 2010, trataba de tumbar el argumento del Gobierno de Unión del Pueblo Navarro de que era imposible la práctica de abortos en la sanidad pública de esta comunidad debido a la objeción de conciencia de los sanitarios. El recurso fue presentado por 50 diputados del PP, que entendían que este registro suponía una restricción del “derecho básico de los profesionales a ejercer su libertad de conciencia". Sin embargo, el tribunal de garantías avala la norma navarra con el único voto particular del magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP.

El registro se puso en marcha en 2011, un año después de la aprobación de la ley. Desde entonces, solo un profesional sanitario se ha apuntado. Sin embargo, el actual Gobierno de Yolanda Barcina asegura que la sanidad pública seguirá sin practicar abortos y mantendrá el concierto con la clínica Ansoain, en las cercanías de Pamplona, que a finales de 2011 se convirtió en el primer centro médico que practicaba interrupciones del embarazo en esta región. Hasta entonces el Ejecutivo pagaba las intervenciones en otras comunidades. El año pasado la clínica navarra realizó 790 abortos dentro de las 14 primeras semanas de embarazo y unos 200 se derivaron fuera del territorio.

El registro de objetores fue propuesto por el PSN y apoyado por Nafarroa Bai e IU frente al criterio del gobernante UPN, en minoría parlamentaria, después de la aprobación de la normativa nacional sobre el aborto. El Ejecutivo foral argumentaba que no realizaba las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad navarra porque no había médicos dispuestos a realizarlas. El entonces presidente, Miguel Sanz, se mostraba radicalmente en contra del aborto, hasta el punto de que su Gobierno recurrió ante el Constitucional la ley de 2010. Ese recurso aún está pendiente de resolución y el actual Gabinete ha informado de que no va a retirarlo.

Desde la apertura de la clínica Ansoain, grupos antiabortistas ultracatólicos convocan a menudo concentraciones en sus alrededores para pedir su clausura. Los llamados Rosarios por la vida se suceden cada mes frente al centro e incluso varias pacientes han denunciado coacciones e insultos de los participantes en estas protestas.