Anuncia, que algo queda

La política española, como la de otros países europeos, peca de un exceso legislativo que irrita a quienes, como jueces o abogados, deben luego lidiar con una densa y compleja red de normas. En esta forma de gobernar subyace la idea de que los problemas se resuelven promulgando leyes, un principio ampliamente discutible. Se legisla para mejorar la convivencia con normas razonables, no para afrontar problemas coyunturales. Pero aún hay algo peor que esa errónea creencia: considerar suficiente la mera elaboración de una ley para afrontar el desafío.

En el terreno de la educación, la fiebre legislativa española es especialmente alta e incongruente. Desde que se reinstauró la democracia, se han promulgado ya siete normas. Todas han desencadenado apasionados debates. Ninguna ha logrado el consenso entre los dos partidos que vienen alternándose en el poder: PP y PSOE, que fueron capaces, por ejemplo, de repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial; pacto ahora roto por razones ajenas a sus voluntades políticas.

El proyecto de reforma educativa que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez, y que se convertiría en el octavo de la democracia, promete tropezar con la misma piedra que los anteriores. Las propuestas socialistas son interesantes y derogan algunas de las medidas más contestadas de la llamada ley Wert que lanzó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero, nuevamente, el Ejecutivo de turno quiere sacar adelante su proyecto sin el apoyo del principal partido de la oposición. El resultado es previsible: un próximo gobierno conservador propondrá la novena norma para que la rueda sin fin siga dando vueltas. Con tanto cambio en un asunto tan crucial, parece un milagro que el sistema educativo español no esté peor situado en los estudios internacionales.

La ventaja de las reformas políticas es que permiten hacer anuncios rimbombantes escasos de base. Ha ocurrido con la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, entre otros. La educación puede convertirse de nuevo en una víctima importante porque, necesitada de consenso para dotarla de una cierta estabilidad, la propuesta parte de un partido con solo 84 diputados (de un total de 350). Puede que supere el trámite como ley orgánica (mayoría absoluta en el Parlamento), pero está condenada a una vida corta si el PP se niega a apoyarla. Puede que ni siquiera Ciudadanos la apoye.

Hay, según los expertos, un importante consenso educativo: la calidad de la enseñanza es directamente proporcional a la calidad de los enseñantes. La clave de la mejora reside en elevar la formación de los profesores. Sin embargo, sobre esto no profundiza la propuesta gubernamental porque para ello no hace falta ninguna ley. Basta con reforzar el Cuerpo de Inspectores y facilitar la formación permanente de los docentes. Pero, claro, entonces no se pueden hacer anuncios que conforman grandes titulares y causan la impresión de estar gestionando asuntos importantes.