La mascarilla será obligatoria desde este jueves en espacios públicos si no se puede garantizar la distancia

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El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la orden por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarillas que empezará este jueves: tendrán que usarla obligatoriamente, aunque con excepciones, los mayores de seis años cuando estén “en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia” de dos metros. Por ejemplo, si uno está solo en una tienda podrá no usarla, pero si está en una calle muy concurrida deberá ponérsela. La disposición será obligatoria para “las personas de seis años en adelante”, con lo que afectará a unos 45 millones de personas. Y recomendable en los menores a partir de los tres (otros 1,3 millones).

Ante la dificultad de prever qué se va a encontrar una persona cuando sale de casa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho hoy que lo conveniente era salir siempre con ella, por lo menos en el bolsillo, para poder ponérsela si se encontraba con un sitio, abierto o cerrado, concurrido. Lo prioritario, según Simón, es la distancia de seguridad, pero si no se puede mantener esta, hay que recurrir a las mascarillas.

La orden ministerial establece cuatro excepciones para esta norma. “Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria”, “personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización”, “desarrollo de actividades en las que resulte incompatible el uso de la mascarilla” y un genérico “causa de fuerza mayor o situación de necesidad”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya anunció el martes que el Gobierno no va a regalarlas, aunque eso podrán hacerlo las comunidades, como ya hizo Madrid (aunque la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso lo hizo con unas de tipo FFP2, que son para profesionales). La orden no fija qué modelo de protección debe emplearse y dice que será obligatorio usar, si se va a estar a menos de dos metros de otras personas, “cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénica y quirúrgica, que cubra nariz y boca”. Las quirúrgicas son las que tienen un precio máximo fijado (las más comunes son las que son blancas por un lado y azul por otro) a 96 céntimos la unidad. Si estas fueran para un uso diario –las hay de un solo uso y otras que no lo son–, a una por día supondrían unos 29 euros al mes.

El uso generalizado de mascarillas está justificado por la alta transmisibilidad del virus y, también, por la capacidad que han demostrado para “bloquear la emisión de gotas infectadas, muy importante cuando no es posible mantener la distancia de seguridad”, señala el texto. Es decir, su objetivo es que las personas portadoras del virus sin saberlo –las que lo saben deben guardar aislamiento– no contagien al resto.

Sobre la posibilidad de emplear mascarillas de tela caseras, Sanidad remite a una norma de la Sociedad Española de Normalización para su confección. Pero esta regulación, como admitieron fuentes de la entidad cuando se publicó en abril, está dirigida a empresas textiles. Y especifica cuestiones como que el tejido a emplear debe tener una eficacia para la filtración de más del 90% o que la respirabilidad debe de ser menor de 60 pascales por centímetro cuadrado, por ejemplo, condiciones que es imposible saber de las telas de las que puede disponer la persona que va a confeccionar una mascarilla en casa. El Centro de Control de Enfermedades de EE UU (CDC) es mucho más práctico. “Las cubiertas de tela para la cara confeccionadas con artículos del hogar o hechas en casa a partir de materiales comunes de bajo costo pueden usarse como medida adicional y voluntaria de salud pública”, afirma. Y luego especifica que deben ser lavables (basta con el proceso de la lavadora para desinfectarlas). Y detalla que, para fabricarlas, se usen dos piezas superpuestas de algodón de 10 por 6 pulgadas (25 por 15 centímetros). “Use algodón de trama cerrada, como el de telas acolchadas o sábanas. La tela de las camisetas funcionará sin problemas”, explica en su guía práctica el CDC. Este luego indica cómo se cosen y se meten las gomas por los lados. También explica cómo hacer una con un pañuelo.

La orden, como es habitual, no establece un régimen específico de sanciones para quien no use mascarilla. “Actuaremos con proporcionalidad”, dicen fuentes de Ministerio del Interior, y se establecerá un primer periodo en que los agentes informarán y no sancionarán. Hasta ahora los incumplimientos del confinamiento se han estado persiguiendo de acuerdo con el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza), informa Óscar L. Fonseca, que cataloga como falta grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Esta infracción lleva aparejada multas que van de los 601 a los 30.000 euros. Es la que se ha venido usando, indican fuentes de Interior, que afirma que se ha aplicado a casos de personas reincidentes en el incumplimiento del confinamiento, por ejemplo.

La opinión de los expertos que asesoran al Gobierno sobre la utilidad de las mascarillas ha ido cambiando. De considerarla poco eficaz a obligar a llevarla tan solo en el transporte público y, ahora, a esta norma. Aparte del aumento del conocimiento del coronavirus, con el inicio de la desescalada aumenta la movilidad y la posibilidad de que varias personas coincidan, como ha explicado Simón. También sucede que ahora ya hay material disponible, lo que no sucedía hace mes y medio.

Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad anunció el martes que iba a repartir 9,6 millones de mascarillas entre las comunidades. “El objetivo es facilitar la conformación de una reserva estratégica a nivel autonómico con un stock correspondiente, al menos, a cinco semanas de consumo”, dice la nota del ministerio. Desde el 10 de marzo, Sanidad afirma que ha distribuido a los Ejecutivos autonómicos 100.802.812 mascarillas. Fuentes del departamento que dirige Illa añaden que, de hecho, garantizar el suministro de este material de protección a la población general será uno de los criterios para permitir que las comunidades progresen en las fases de desescalada. Y añaden que es imposible determinar cuántas se van a necesitar porque eso depende del “tipo de mascarilla usen los ciudadanos, de cuántas salidas hagan teniendo en cuenta que se sigue fomentando el teletrabajo, de si pueden o no mantener la distancia mínima durante las salidas, etcétera”.

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