Castilla y León privatiza las PCR a alumnos y profesores
Educación adjudica las pruebas, que no son obligatorias, por 741.000 euros. Los sindicatos sanitarios critican la externalización
La consejería de Educación (PP) de la Junta de Castilla y León (PP-Cs) publicó el 9 de septiembre una orden para adjudicar a las empresas privadas Cualtis y Quirón Prevención la realización de pruebas PCR a los alumnos, docentes y sus contactos en caso de detectarse síntomas de coronavirus en las aulas de la comunidad autónoma. La Junta pagará 741.000 euros por un servicio desde septiembre hasta diciembre, que se podrá prorrogar mes a mes. El Ejecutivo regional lo incluyó en su plataforma de contratación del sector público dos días después y confirmó que 428.169 euros serán para Cualtis y otros 313.031 le corresponderán a Quirón. Sin embargo, la instrucción proporcionada desde el área de Educación a los centros educativos apunta que “la realización de las PCR no es obligatoria”, pero que los estudiantes y sus familias deben comprometerse a no acudir a las aulas si presentan síntomas.
La adjudicación llega unas semanas después de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado (Cs), avisara de que los centros de salud castellanoleoneses peligraban ante la falta de profesionales y una “sobrecarga importante”.
La secretaria general del sindicato sanitario Satse en Castilla y León, Mercedes Gago, critica que la externalización “no tiene sentido ninguno” porque el sistema sanitario autonómico (Sacyl) “tiene capacidad para hacerlo”. “Dale el dinero al Sacyl y mejora la atención primaria”, reclama, y detalla que no encuentra lógica en este desembolso cuando serán los pediatras y médicos públicos quienes harán el seguimiento de los menores contagiados. Miguel Holguín, responsable sanitario de UGT, cree que “la Junta ha optado por el modelo de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz] Ayuso externalizando servicios para favorecer siempre a los mismos”. El Gobierno de Ayuso (PP) también privatizó, por más de un millón de euros, la aplicación de los test serológicos efectuados a los docentes antes del inicio del curso. Holguín tacha de “intolerable e inexplicable” que dichas entidades reciban ese encargo cuando “debería ser responsabilidad de la consejería”, y considera que se vulnera la protección de datos de los menores y sus familiares.
Fuentes de Educación explican que no externalizar las PCR podría “sobrecargar aún más la sanidad pública” y destacan que “para el buen funcionamiento del sistema educativo, se precisaba mucha rapidez en la toma de muestras”. La contratación se define oficialmente como “tramitación de emergencia” ante la “situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19”. Los documentos distribuyen la atención a las nueve provincias de Castilla y León entre Cualtis y Quirón bajo la misma motivación: “Ser la única oferta presentada a este lote y cumplir los requisitos exigidos”. Una de estas ofertas de Quirón planteaba el 2 de septiembre “incorporación inmediata, presumiblemente 9-10 de septiembre” y solicitaba enfermeras para la provincia de Soria. Agustín Sanz, el contacto de Quirón en esa oferta, afirma que ya han incorporado a dos personas con formación sanitaria y procedentes del ámbito privado.
Dicho anuncio apareció en el Colegio Profesional de Enfermería de Soria una semana antes de difundirse esta privatización y nueve días después de que la consejera de Sanidad admitiera que, tras firmar a 2.847 sanitarios más que lo habitual por la pandemia, no había más capacidad: “Queremos contratar médicos y enfermeros, pero no existen. Nuestras bolsas de empleo están completamente agotadas”. Gago expone que algo estará fallando si el sector público no logra atraer a trabajadores y sí lo consigue el ámbito privado.
El día 1 Cualtis ofertó un “contrato de duración mínima de tres meses”, con jornada completa y “salario atractivo” para “actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales en Burgos”. La remuneración, según un puesto que alberga el portal InfoJobs también para Burgos, oscilaría entre 15.000 y 18.000 euros brutos anuales, menos de 1.500 mensuales, “para la realización de las actividades sanitarias derivadas de los Conciertos de Prevención”. Gago censura que la ausencia de efectivos en la sanidad autonómica responde a unos salarios muy inferiores al del resto de España, hasta 600 euros mensuales en el caso de las enfermeras. Según ella, la falta de estímulos impide que los jóvenes sanitarios que se forman en la comunidad decidan asentarse laboralmente y propician así la escasez que reseñaba Casado.
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