El Congreso abre por tercera vez la expectativa de una ley de eutanasia

La ley de eutanasia ha llegado esta tarde por tercera vez al Congreso de los Diputados. El pleno aceptará previsiblemente tramitar la proposición de ley del PSOE, un texto que ya fue tomado en consideración en la Cámara baja en dos ocasiones anteriores. Su tramitación decayó en ambos casos por la convocatoria de elecciones, primero en abril de 2019 y después en noviembre de ese mismo año. Pero esta vez, sin elecciones ni fines abruptos de legislatura en el horizonte, quienes apoyan la nueva norma comparten la ilusión de que “esta vez sí” se reconozca a los españoles el derecho a una muerte digna.

Solo el PP y Vox, que suman 140 de los 350 diputados del Congreso, se han posicionado en contra de la nueva norma. Por ello, el PSOE confía en aprobar la ley este año pese a la dura confrontación ideológica que aguarda en la derecha. Mientras los socialistas defienden que se trata de un derecho de las personas a “poner fin al sufrimiento con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones”, la formación de Pablo Casado se refiere a la eutanasia como una “ley de suicidio asistido del Gobierno”.

De hecho, el PP ha acusado este martes a los socialistas de impulsar la ley de eutanasia con el objetivo de "ahorrar costes" con "personas que son muy caras al final de su vida". "Para el PSOE la eutanasia es una política de recortes", ha dicho el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, José Ignacio Echániz.

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“Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre”, zanjan fuentes socialistas, que esgrimen el respaldo social a la iniciativa. Según el CIS más del 70% de los españoles estarían a favor de la regulación. Un respaldo mayoritario incluso entre los católicos (60%).

Tras aprobarse su toma en consideración por el pleno, el texto será remitido a la Comisión de Sanidad, donde los partidos pactarán el articulado de la norma. Posteriormente, esta será remitida al Senado antes de su aprobación final. La tramitación parte de la proposición de ley impulsada por el PSOE, que es casi un calco —se ha precisado alguna definición y hecho retoques menores en algún artículo— de la que ya recibió el apoyo mayoritario del pleno en junio de 2018 y en septiembre de 2019.

El partido de Pedro Sánchez distingue entre la ley de eutanasia y la de muerte digna. Las fuentes consultadas explican que ambas leyes son “diferentes, necesarias y complementarias y constituyen dos debates jurídicos y sanitarios bien diferentes”. La ley de eutanasia regularía el “derecho individual subjetivo” de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, sufren una enfermedad grave, crónica o invalidante que produce sufrimiento insoportable, “deciden solicitar y recibir la ayuda para morir anticipadamente”. Su regulación, con un texto con rango de ley orgánica, implica la modificación del Código Penal y daría seguridad jurídica a los profesionales que participan. Será prestada por la sanidad pública —en hospitales o el domicilio del paciente—, aunque también podrán aplicarla centros privados. Los médicos podrán declararse objetores de conciencia.

El paciente debe ser mayor de edad y tener “plena capacidad de obrar”. Es decir, que no incluye a menores ni personas sin capacidad de decisión. La solicitud no la puede realizar otra persona y se puede revocar en cualquier momento. También exige la presencia de testigos (profesional sanitario). Una comisión de control y Evaluación pluridisciplinar autonómica sería la responsable de controlar todo el proceso de forma previa y posterior a la muerte.

La proposición de ley prevé que el paciente que solicita la eutanasia no tenga que esperar más de un mes para morir tras pedirlo por escrito a su médico. El facultativo abrirá en primer lugar “un proceso deliberativo” con el enfermo tras el que, si estima que se cumple la ley, deberá consultarlo con otro médico ajeno a su equipo.

El paciente reiterará su voluntad a las dos semanas, tras lo que el caso será remitido a una comisión de control, que lo valorará de nuevo. En caso de que todas las partes consideren que la ley se cumple, el enfermo verá satisfecha su voluntad de morir a los 15 días de la segunda petición. Para hacerlo, podrá elegir si toma él mismo los fármacos que le quitarán la vida o si son los médicos los que lo hacen.