Capillas de cofradías, campanarios o iglesias en cotos privados: los conflictos por las inmatriculaciones

Las casi dos décadas en las que la Iglesia católica pudo inscribir libremente, gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, parcelas, templos y otros edificios a su nombre han dejado tras de sí un reguero de pleitos y enfrentamientos con ayuntamientos, cofradías e, incluso, particulares. La Iglesia inmatriculó (registró por primera vez) en España un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015. Son 20.014 templos o dependencias complementarias y 14.947 fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”, según el informe, enviado por el Ejecutivo al Congreso este martes. La cifra clave en el centro de la polémica son los 30.335 bienes que han sido registrados con una certificación eclesiástica (4.583 se inscribieron en base “a un título distinto”).

El listado conocido este martes abre la posibilidad de nuevas reclamaciones. Pero otras ya se han efectuado en los últimos años y se han resuelto, algunas amistosamente, mientras que otras están pendientes de dirimirse en los juzgados. Las capillas de las hermandades de Sevilla, el conjunto monumental de Santa María la Real de Ujué (Navarra), una pequeña iglesia prerrománica y un cementerio en Castroverde (Lugo), y el campanario de Benicarló (Castellón) son algunos ejemplos.

Cofradías de Sevilla frenan la pasión inmobiliaria de la Iglesia

Por Eva Saiz

El 6 de mayo de 2015 —pocos meses antes de que se le cerrara a la Iglesia la posibilidad de inscribir a su nombre el dominio de fincas con solo una certificación eclesiástica— el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, aseguraba que la inmatriculación impulsada por su archidiócesis estaba casi terminada y que se habían registrado “templos, monasterios y todo tipo de edificios y bienes” que habían considerado que eran suyos “al estar en manos de la Iglesia desde tiempos inmemoriales”. Entre 1998 y 2015, se anotaron la propiedad de 295 fincas.

En ese tiempo, solo las hermandades han logrado por vías jurídicas y siempre de forma discreta, rectificaciones en los asientos registrales en los que la diócesis se había arrogado al 100% la titularidad de templos o iglesias con la mera certificación del obispo. Asenjo alegó que se había hecho “sin querer” o “por desconocimiento de la historia de esos lugares”. Uno de los casos más notorios fue la reivindicación que la Hermandad del Gran Poder hizo en 2014 de la propiedad de la capilla de la iglesia de San Lorenzo, que la Archidiócesis de Sevilla había inscrito a su nombre en 2009. “Nos enteramos al consultar en el registro después de la polémica por la inmatriculación de la Mezquita”, explica su hermano mayor, Félix Ríos. La titularidad del Gran Poder sobre esa capilla estaba históricamente acreditada por varias escrituras, la primera de 1703. Posteriormente, el Ayuntamiento fue haciendo más cesiones y en 1968, el propio arzobispado autorizó un contrato de arrendamiento de esa capilla a otra cofradía. “Tuvimos una reunión con el obispado de manera amistosa y conseguimos una rectificación”, explica Ríos.

La reclamación de la Hermandad de la Quinta Angustia fue más conflictiva. Cuando constataron que la archidiócesis había inscrito en 2011 la totalidad del dominio de la iglesia de la Magdalena, donde se encuentra la capilla que usan desde hace más de cuatro siglos, amenazaron con los tribunales. Dos años después lograron arrancar una peculiar nota aclaratoria en la que se reconoce “el uso y posesión indefinidos y perpetuos a título de dueño” a la hermandad.

“Desde su constitución hace 500 años, existe una fuerte aspiración de independencia de las cofradías respecto de la jerarquía eclesiástica. Por eso muchas han erigido capillas propias o las tenían dentro de otro templo”, explica Isidoro Moreno, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla. Esa autonomía quedó truncada cuando hace 15 años se estableció que las hermandades fueran asociaciones públicas de la Iglesia, una figura jurídica que las hace depender del arzobispado para cualquier toma de decisión relevante. “La Iglesia por esta vía ya puede controlar el patrimonio de forma indirecta de las cofradías, sin necesidad de acudir a la vía de la inmatriculación”, advierte Moreno.

Eso podría explicar que, en el proceso de reclamación de la propiedad de sus capillas por estas cofradías, de las más relevantes de Sevilla, la Iglesia diera marcha atrás de manera discreta. “En algunos casos las inmatriculaciones pudieron ser motivadas por cierta arrogancia o supremacismo del obispado, en otros, sí parece que se hizo por ver si colaba”, sostiene Moreno. “En estos casos, las hermandades estuvieron torpes y la Iglesia rápida”, opina el abogado Joaquín Moeckel, que recuerda la importancia que supone para estas corporaciones tener bienes inscritos a su nombre para ponerlos como aval en el caso de que necesiten pedir un crédito. “Aunque para solicitarlo también es necesario contar con la autorización del arzobispado”, señala. “Pero ser asociaciones públicas de la Iglesia no significa que no se pueda discrepar de sus decisiones”, puntualiza.

La Hermandad de la Exaltación, con sede en la Iglesia de Santa Catalina, también comprobó que la archidiócesis había inmatriculado en 2008 el 100% de la finca, pasando por alto que el 11,1% de los terrenos eran propiedad de la cofradía, que tenía inscrito a su nombre desde 1702 “el dominio útil en virtud de escritura” de la capilla sacramental y de la sala capitular. La Iglesia rectificó la inscripción en 2015, un día antes de que se anunciara el acuerdo de patrocinio para la restauración por parte de la empresa de aguas municipal por valor de 423.500 euros.

En estos tres casos, las hermandades conocieron que la Iglesia se había arrogado la totalidad de una propiedad que no le pertenecía al acudir por su cuenta al registro. Abraham Barrero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y experto de inmatriculaciones de la Iglesia cree que el listado del Gobierno incrementará la conflictividad no solo con otras hermandades, sino con otros particulares.

“Las cofradías que han salvado el intento de inmatriculación es porque tienen documentación acreditada y fehaciente que contrapusieron a la certificación de un obispo sin ningún aval. Lo que no se puede permitir es convertir bienes del común, como la Giralda o el Patio de los Naranjos, en bienes de la Iglesia”, sostiene Guillermo Casellas, portavoz de la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla. “No porque los templos sean católicos pertenecen a la Iglesia. Es necesario un título que lo acredite”, abunda Antonio Manuel Rodríguez, coordinador de Andalucía Laica.

Condicionada por estos reveses, la archidiócesis obró con mayor diligencia cuando en 2014 se dispuso a inmatricular el último gran templo de Sevilla que quedaba sin registrar a su nombre: la iglesia del Salvador, que justo acababa de ser restaurada con aportaciones públicas. “Conocíamos los precedentes de conflictividad con otras hermandades y la comunicación fue casi simultánea”, explica el Fiscal de Pasión, Juan Cartaya. Pese a que conservaban los títulos de propiedad del siglo XVIII sobre una capilla y la cripta, Cartaya reconoce que el proceso, aunque amistoso, fue laborioso. Finalmente, consiguieron que se respetaran sus derechos.

El corazón inmatriculado del rey Carlos II de Navarra

Por Pedro Gorospe

El conjunto monumental de Santa María la Real de Ujué (Navarra), del que forman parte la iglesia-fortaleza y la casa palacio del siglo XIV, fue inmatriculado el 4 de enero de 2006. El representante del arzobispado se presentó en el Registro de la Propiedad de Tafalla portando un certificado firmado por el arzobispo de Pamplona en el que aseguraba que esos bienes pertenecían a la Iglesia desde tiempo inmemorial. Se quedaron con el continente y todos los contenidos, incluido el corazón de Carlos II, el Malo, rey de Navarra que murió en 1387 y que quiso que sus entrañas fueran a Roncesvalles, su cuerpo a la Catedral de Pamplona y su corazón permaneciera en Ujué.

El Gobierno de Navarra se había gastado ya para 2006 en torno a tres millones de euros en la restauración de un conjunto monumental cuya construcción parcial “fue ordenada por Carlos II y pagada con los impuestos de los navarros”, precisa Andrés Valentín, uno de los miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Las obras de conservación no quedaron ahí. El Gobierno de la comunidad foral gastó otros tres millones entre 2010 y 2014 para evitar su deterioro y convertirlo en foco de atracción arquitectónico y cultural, como parte de una ruta navarra del románico y el gótico en la que Santa María la Real iba a ser la principal atracción turística.

Paradójicamente, “desde el momento en que acabaron las obras solo se puede visitar parcialmente”, lamenta el alcalde de Ujué, Rubén Sánchez. Una verja separa al visitante de las joyas románicas como el coro y la subida a la torre, pero sobre todo de la víscera real. Hay documentos que acreditan que el corazón fue depositado en el templo a los 18 días de la muerte del rey después de haber sido embalsamada por un físico ―así llamaban entonces a los galenos― de Zaragoza llamado Samuel Trigo. “Es curioso, el conjunto fue terminado a instancias de un rey navarro, se hizo con el esfuerzo de los navarros, se ha mantenido con los fondos públicos de Navarra y sin embargo la titularidad de todo ello, incluida la víscera del monarca, está en manos de un Estado extranjero, el Vaticano”, critica Valentín. “Y la gestión de este patrimonio de los navarros está en manos de la Iglesia, y esa no es su función”, puntualiza Sánchez.

“El templo está abierto”, clama el sacerdote José Luis García Pellejero, que vive en uno de los apartamentos de la casa palacio. “Y si un visitante viene a las dos de la madrugada yo se lo abro”, levanta la voz. “Es cierto que hay una verja que separa la parte románica [donde están el corazón y otras joyas], el coro está cerrado, y también la subida a la torre, pero es para evitar robos”, explica.

Las calles que conducen a la parte alta de la colina, donde se yergue el conjunto monumental están casi desiertas. Entre la despoblación ―Ujué tenía 1.500 habitantes a principios del siglo XX y ahora apenas si llega a 180―, y la pandemia, no hay visitantes. “Los turistas se acabaron antes de la pandemia porque como no hay un convenio para hacer visitas guiadas, pocas personas se aventuran a visitar el complejo”, recuerda el alcalde de un municipio que en 2015 rompió la relación con el arzobispado, enfadado porque “la rehabilitación se hizo mirando a la consolidación de una ruta turística que no ha prosperado”.

El Ayuntamiento mantiene ahora una relación cordial con el párroco consciente de que el pueblo está entre la espada y la pared. “La legalidad le da la propiedad a la diócesis, pero el patrimonio sigue siendo del pueblo. El objetivo es pactar un convenio para poder hacer visitas guiadas a todo el complejo. Queremos poner en valor la historia del pueblo. No tenemos más opciones”, explica, consciente de que parte de la supervivencia económica de la zona está en la explotación turística de su patrinomio cuando acabe la pandemia. El consejero de Justicia de Navarra, Eduardo Soto, asegura que está recopilando todas las inmatriculaciones de los registros para tener una fotografía real. “No podemos arbitrar una solución hasta ese momento”, asegura.

“Que gestionen la parte del culto si quieren, pero esto debería ser de todos los navarros”, clama taxativa una vecina que va a comprar el pan frente al Ayuntamiento de Ujué. A las 10 de la mañana todo está cerrado. El olor a garrapiñadas típico del pueblo y el de las famosas migas de la zona apenas si reaparecen los fines de semana, con permiso de las restricciones debidas a la pandemia.

Una iglesia prerrománica a disposición del pueblo

Por Caridad Bermeo

Una pequeña iglesia prerrománica resiste los golpes de los años y la maleza en el municipio lucense de Castroverde. Este templo cuenta con una ubicación privilegiada, está a tan solo nueve kilómetros de Lugo y conecta con el Camino Primitivo. Además, tiene el cementerio más pequeño de la provincia a pocos metros. Estas dos propiedades fueron inmatriculadas por la Iglesia en 2015, según Antón Valcarce. Este escritor y músico gallego está en una lucha con el Obispado de Lugo por ambas edificaciones y el terreno que las une. Él no lo supo hasta hace un par de años, cuando recibió un burofax que declaraba la titularidad de la Iglesia y, más tarde, una demanda por no entregar las llaves.

Valcarce, nacido en Monforte y de 68 años, explica que las propiedades forman parte del Real Coto de San Salvador de Soutomerille, de 21 hectáreas, que heredó de su abuelo, y aporta una copia de la herencia. La Iglesia, por otro lado, alega —según el demandado, ya que el obispado ha preferido no hacer declaraciones sobre el pleito— que le pertenecen “desde tiempos inmemoriales y para uso religioso”, lo que sustenta con documentos de oficios de hace varias décadas y justifica la falta de actos recientes en la despoblación. Valcarce refuta: lo último que se celebró ahí fue la primera comunión de sus hijos, en 1993, y para la que él buscó un sacerdote. Además, sostiene que la zona en la que se encuentran “no es una aldea, ni un núcleo”, sino parte de los predios de su familia, y el templo era para los trabajadores y el uso de los dueños.

Ahora están a la espera de la vista judicial, que tuvo que ser aplazada por la pandemia. El monfortino se negó a llegar a un acuerdo con el obispado. “Me llevé una sorpresa porque no solo me enajenan el templo, sino parte del terreno, y con formas abusivas”, lamenta, en referencia al único argumento con el que la Iglesia sustenta la inmatriculación, el de que posee el templo “desde tiempos inmemoriales”.

Esta no es la primera batalla legal del Obispado de Lugo por un bien. En 2012, la Audiencia Provincial de A Coruña —la región con más propiedades registradas por la Iglesia en España— falló en segunda instancia a favor de la institución religiosa en un pleito por el terreno en el que los vecinos de Ribadulla (Santiso) celebraban sus fiestas. En este caso fueron los ciudadanos los que hicieron la inmatriculación y, en la primera instancia, el juzgado les concedió la posesión, entre otros motivos, porque habían hecho uso del campo por años, añadiendo edificaciones y celebrando eventos. Sin embargo, ya en el recurso, la Audiencia consideró que usar esta finca por más de 35 años no es motivo suficiente para acreditar que los vecinos fuesen o se considerasen los propietarios, y resalta el hecho de que pidieron permiso para estas fiestas, admitiendo así que no son suyas.

Valcarce, en cambio, tiene un argumento similar a su favor. El alcalde de Castroverde le pidió permiso para construir un camino junto al cementerio porque la propiedad es privada y este es uno de los testimonios que llevará al juicio. Está seguro de que la intención del obispado es vender. “Quiero que esto esté siempre a disposición de los demás, como si mañana viene el obispado a hacer allí una misa, no hay problema, lo que quiero es mantenerlo para uso del pueblo”, concluye.

Un campanario exento inscrito junto al templo

Por Ferran Bono

Vicenta y Tere salen de misa de10.30 y se disponen a volver a casa. Caminan unos metros y se detienen bajo el campanario de Benicarló. “Toda la vida se ha dicho que es del pueblo”, comenta la primera, de 78 años, mientras la segunda, de 86, asiente. “El campanario es nuestro, y santas pascuas, aunque lo utilice la Iglesia”, asevera Rosario, aunque no todos opinan igual. “Es de la Iglesia. Es lógico, ¿no?”, apunta otro vecino.

Esta torre barroca no ha recobrado el papel protagonista que tenía cuando antes sus campanas y su reloj pautaban la vida cotidiana de la población castellonense, pero sí ha vuelto a centrar la atención, a tenor de los testimonios recogidos el pasado viernes. Dos son los motivos: el juicio que dirimirá a partir del miércoles su titularidad tras la demanda del Ayuntamiento contra el Obispado de Tortosa, al que pertenece la diócesis; y la publicación de la lista de las inmatriculaciones de la Iglesia, en la que se inserta el conflicto.

Todo empezó en 2015. El Consistorio recibió un edicto del Registro de la Propiedad notificando que el obispado se había inscrito a su favor una finca con un certificado catastral que incluía la iglesia de Sant Bartomeu y también, para sorpresa de muchos, el campanario, levantado a principios del siglo XVIII, junto al templo (que data de la misma época), pero no pegado ni conectado a él. Por eso se define arquitectónicamente como torre exenta. Hay varios ejemplos en la zona, siendo el más popular el campanario de Castellón, que se ha quedado con el nombre en valenciano de su registro más coloquial, el Fadrí (el soltero, en castellano), de titularidad municipal.

Los partidarios de que el campanario de 37 metros de altura es del pueblo inciden en esta característica y sostienen que el catastro contiene un error al unir el templo con la torre. La alcaldesa de la localidad de 28.000 habitantes, Xaro Miralles, recuerda que todos los partidos, el PSPV-PSOE (el suyo), Compromís, el PP y Ciudadanos, aprobaron por unanimidad presentar la demanda ante la inesperada notificación, tras reunirse con el obispado para intentar buscar infructuosamente una solución. El objeto de discusión es la propiedad, no el uso compartido. La luz y el mantenimiento del edificio y del reloj siempre han ido cargo de los presupuestos municipales, alegan en el Ayuntamiento, que preparaba un proyecto de rehabilitación cuando se produjo el litigio. “A mí me da igual de quien sea, pero que lo arreglen”, afirma el dueño de un bar bajo la imponente silueta octogonal.

“Tenemos mucha documentación en el archivo sobre una torre que siempre se ha considerado en el pueblo como civil”, explica la alcaldesa, que prefiere no dar más detalles de las pruebas para no interferir en la vista. Miralles apunta que tiene una buena relación con el párroco, Carles García, pero considera su deber defender el patrimonio del pueblo.

Tampoco el rector de la iglesia, ubicada frente del Consistorio, quiere soltar mucha prenda: “No queremos ninguna polémica, ni conflicto con el Ayuntamiento, con el que nos llevábamos muy bien. Hay un documento del catastro. Pero es el obispado el que debe hablar”. El portavoz de la diócesis lo hace: “Lo hemos hecho todo con arreglo a la ley, y si hemos hecho algo mal, pues ya lo dictaminará el tribunal”.