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Prisión permanente revisable para Bernardo Montoya por la violación y asesinato de Laura Luelmo

El tribunal le aplica la agravante de reincidencia y le impone otros 17 años de presidio por secuestro

Jesús A. Cañas
Bernardo Montoya, a la izquierda, junto a su abogado Miguel Rivera en la Audiencia Provincial de Huelva, durante el juicio.
Bernardo Montoya, a la izquierda, junto a su abogado Miguel Rivera en la Audiencia Provincial de Huelva, durante el juicio.PACO PUENTES

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a Bernardo Montoya a prisión permanente revisable por el asesinato y la agresión sexual de la profesora Laura Luelmo, ocurrido en diciembre de 2018 en el pueblecito de El Campillo. La sentencia, emitida este viernes y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, confirma el veredicto pronunciado el pasado 19 de noviembre por los nueve miembros del jurado popular que ya consideraron al asesino culpable de todos los cargos. En su pronunciamiento, el magistrado Florencio Ruiz Yamuza ha resaltado la “extrema violencia” con la que Montoya violó y golpeó hasta quitar la vida a la joven zamorana, que falleció un día después del brutal ataque, según los hechos probados.

Laura Luelmo desapareció el 12 de diciembre de 2018 en el pueblo onubense, apenas unos días antes de haberse incorporado como profesora de dibujo en un instituto de la cercana localidad de Nerva. Su cadáver apareció cinco días después, el 17 de ese mes, en Las Mimbreras, un paraje a las afueras del municipio en el que se había instalado. Los hechos probados de la sentencia 135/2021 recogen cómo Montoya —un exconvicto con una pena anterior de robo y asesinato de diciembre de 1997— secuestró a la que se acababa de convertir en su vecina de enfrente, la introdujo en el interior de su destartalada vivienda y allí la agredió sexualmente y la hirió de gravedad. Una de las claves del juicio era determinar si el asesino confeso raptó a la joven con el fin de forzarla con fines sexuales, algo que el tribunal considera probado: “Se produjo una agresión sexual con penetración”.

Este hecho, unido al propio asesinato, el secuestro y la reincidencia por el crimen de 1997, apuntalaba la petición principal de prisión permanente revisable que realizó la Fiscalía de Huelva y a la que se adhirió la acusación particular y la que ostenta la Junta de Andalucía. El magistrado argumenta en una sentencia de 106 páginas la idoneidad de esta pena para Montoya, reforzada con 17 años y medio de cárcel más, por el delito de detención ilegal en concurso ideal con un delito de agresión sexual con la agravante de género. Además, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima, aunque no a su novio, ya que “no consta que existiera una relación estable”. “Es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual”, apunta el pronunciamiento. Y añade: “Bernardo Montoya utilizó la violencia para conseguir la sumisión total de Laura Luelmo a la satisfacción del deseo sexual, incurriendo en una conducta particularmente degradante para la mujer, de cosificación y dominación, que se corresponde con su propio concepto de los roles de género”.

El pronunciamiento también recoge que el acusado sometió a la joven a “padecimientos innecesarios y un sufrimiento más intenso que el que se requería para causarle la muerte” y abunda que “el despliegue de violencia” desde que la secuestró “fue de una intensidad enorme”. La joven profesora, de 26 años, se vio sorprendida por Montoya en torno a las 17.30 de ese 12 de diciembre e introducida a la fuerza en el domicilio de su agresor. La sentencia considera seguro que la mujer se defendió, golpeando a su asesino con un martillo o bien con alguna maniobra de kárate que conocía. En respuesta, él la golpeó en la mandíbula, le ató las manos a la espalda y la llevó al dormitorio, donde la desnudó de cintura para abajo para violarla. Esta agresión sexual ha quedado probada, tanto por las lesiones en la zona, como por los restos del ADN de Montoya localizados en el cuerpo de la joven. Posteriormente, la golpeó de nuevo con brutalidad en la cabeza, antes de trasladarla a Las Mimbreras y dejarla así en un paraje de difícil acceso.

Pese a la exacerbada violencia, la joven quedó gravemente malherida y no falleció hasta un día después, aproximadamente a las 20.15 horas del día 13 diciembre de 2018, según los informes y los testimonios de los forenses, a los que la sentencia cita. Poco después de su detención, el 18 de ese mismo mes, Montoya declaró ser el asesino de Luelmo. Sin embargo, posteriormente fue rehaciendo su declaración en varias ocasiones a lo largo de la instrucción del caso para acabar culpando a una expareja suya, una versión que mantuvo en el juicio, en el que la defensa solicitaba la libre absolución de su cliente. Para el magistrado Ruiz Yamuza sus esfuerzos exculpatorios no resultan creíbles, frente a esa primera confesión y la multitud de pruebas científicas y testimonios de los agentes, médicos forenses y testigos que apuntalan la culpabilidad de Montoya en los hechos juzgados.

El caso de Luelmo conmocionó al país durante días y provocó multitud de muestras de solidaridad con la familia en diversos puntos de España. Desde el primer momento, sus allegados optaron por un mutismo casi total, roto el pasado 19 de noviembre, tras cuatro sesiones de un juicio que consiguieron que se celebrase a puerta cerrada y sin medios de comunicación. Entonces, el tío y abogado de sus allegados, Francisco Luelmo, leyó un comunicado de agradecimiento a todas las partes implicadas en la investigación e instrucción del caso. En él, mostró su “inmenso agradecimiento” a quien de forma altruista les dio refugio durante los meses de diciembre y enero, “tan terribles”. “Sin su protección no hubiéramos podido soportar el sufrimiento”, explicó Luelmo.


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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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