Belarra propone un permiso retribuido de siete días al año para cuidado de familiares

“España tiene que empezar a homologarse con otros países de la Unión Europea y establecer un permiso de cuidado de al menos siete días al año por persona, que esté 100% remunerado”, ha afirmado este jueves la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, durante la presentación de un informe de la OCDE sobre la protección a las familias en España. Su departamento está negociando con el resto de miembros del Ejecutivo una ley de familias en la que proponen incluir este permiso. “Que te permita quedarte en casa cuidando a tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja cuando está enferma”, ha dicho Belarra.

Esta es precisamente una de las recomendaciones que hace la OCDE en el Libro blanco para un nuevo marco nacional sobre el apoyo y protección familiar, un documento al que tenido acceso EL PAÍS. Se recogen más de 40 propuestas que la ministra ha definido como “la hoja de ruta” que debe guiar los pasos con el objetivo de acabar con “el déficit que ha arrastrado España para apoyar a las familias”. Entre ellas, se insta al Gobierno a explorar la creación de una prestación universal por hijo a cargo ―una medida que ya han puesto en marcha 16 de los 27 países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Dinamarca―. Belarra ha reiterado este jueves que su planteamiento es que la ley, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en 2022, recoja una prestación universal por crianza ―el pasado diciembre había anunciado que sería de 100 euros al mes― y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas en lugar de las 16 actuales.

Belarra ha reconocido que el apoyo a la conciliación es una de las grandes carencias. La propuesta de Derechos Sociales e Igualdad es que estos permisos por cuidado, 100% retribuidos, puedan disfrutarse para cuidar de cualquier conviviente, además de a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad ―como abuelos o nietos―. La idea es que los siete días previstos se puedan elevar hasta nueve en caso de que haya que desplazarse a otra comunidad autónoma. Actualmente, la legislación solo contempla para el trabajador dos días de permiso retribuido por motivos como fallecimiento o enfermedad grave de parientes de hasta segundo grado, lejos de la directiva europea que debe transponer España y que recomienda un permiso de cinco días. El planteamiento es que no haga falta que se trate de una enfermedad grave. Esto quiere decir que, de salir adelante, podría aplicarse a los casos de covid.

Las organizaciones de infancia y que luchan por la conciliación reclaman la creación de estos permisos, especialmente a raíz de la pandemia, cuando el cuidado de los niños ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para las familias. La presidenta de la Asociación Yo no Renuncio, Laura Baena, explica que este es uno de los puntos que han solicitado que se incluyera en la ley de familias: “Son fundamentales, como hemos comprobado en esta pandemia, que nos ha obligado a sobrevivir como hemos podido”. Esta entidad advierte, no obstante, de que la norma aún está en fase inicial y tiene que conocerse el detalle.

Nuevas definiciones de familia menos “tradicionales”

Además de hacer recomendaciones concretas, la OCDE concluye en su análisis que la sociedad ha avanzado a un ritmo mucho más rápido que el marco de protección jurídica y económica a las familias, que ha quedado desfasado. El modelo “tradicional”, formado por una pareja heterosexual con hijos, ha disminuido y otros muchos se han abierto paso sin que se haya armonizado una definición de unidad familiar ni legislado para ampararlas a todas ―hoy solo existe la ley de familias numerosas del año 2003―. Además, el gasto en familias es menor en España que en países de su entorno y las tasas de pobreza infantil, mayores.

El documento, elaborado por la OCDE y financiado por la UE, parte de una petición de asistencia técnica en 2019 del por entonces Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar a la Comisión.

Nathalie Berger, directora de Apoyo a las Reformas de los Estados miembros de la Comisión Europea, explica que “el Consejo ha subrayado” en sus recomendaciones a España la necesidad de “mejorar el apoyo a las familias”, puesto que es “uno de los más bajos” de la Unión. El gasto en familia e infancia se situó en 2019 en el 1,3% del PIB frente a un promedio del 2,3% en la Unión y del 2,2% en la zona euro. Un 19,3% de los niños vivían bajo el umbral de la pobreza en 2018, frente al 12,9% de media de los países de la OCDE. El informe constata que España es uno de los países que menos reduce la pobreza de las familias a través de sistemas de redistribución a nivel fiscal o de prestaciones. Finlandia o Dinamarca lo consiguen mucho más.

Más niños de padres no casados

La OCDE cree preciso un nuevo marco jurídico. Si bien el derecho de familia ha evolucionado en consonancia con los cambios sociales (aprobación del matrimonio de parejas del mismo sexo, del divorcio o la custodia compartida), la política familiar ―la combinación de prestaciones, exenciones fiscales, servicios y permisos laborales para cuidar a menores a cargo― no ha sido objeto de “importantes reformas”. La ley de 2003 de familias numerosas sigue siendo el único marco jurídico nacional en este ámbito, del todo insuficiente si se tiene en cuenta que el tamaño de los hogares ha ido disminuyendo con los años. En España se ha ido reduciendo el número de hijos por mujer. En 2018 era, de media, 1,3, la tasa más baja de la UE, donde el promedio era de 1,5. Y han aumentado los niños que viven en familias monoparentales o reconstituidas, así como la proporción de nacimientos con progenitores no casados (del 18% en 2000 al 47% en 2018). Aunque se amparan situaciones de necesidad de determinados tipos de hogares, se hace “de forma fragmentada”, “con diferencias territoriales”, y no existe una visión global de todas ellas.

El informe, que recoge ejemplos de los países del entorno, recomienda que se incluyan definiciones de la unidad familiar y tipos específicos de familia. Una definición que haga alusión a la “unión económica o funcional”, es decir, personas que viven juntas y comparten recursos, y no a la “consanguinidad” (individuos que conviven por lazos de sangre, matrimonio o adopción), como hace actualmente España. Por ejemplo, en Dinamarca se entiende que hay una unidad familiar cuando personas de 25 o más años tienen la misma residencia, un hijo u otro indicador de que son pareja, como una cuenta común en el banco o una hipoteca.

En palabras de Veerle Miranda, economista sénior en el departamento de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, es preciso “ofrecer a las familias un apoyo continuo desde el nacimiento hasta la edad adulta, ayudar a los padres a cumplir sus objetivos laborales y familiares y proteger a todos los hogares de la pobreza”. Una “combinación de servicios y prestaciones universales” podría contribuir a “la igualdad de oportunidades y la protección de todos los niños”. Este es uno de los enfoques que aporta el documento: poner al niño, y especialmente sus primeros años de vida, en el centro de la política.

También debe abordarse, según la OCDE, la protección económica de los hijos de parejas no casadas, por ejemplo en caso de fallecimiento de uno de los progenitores, y mejorar el apoyo a los niños en caso de divorcio o separación y la protección de las familias monoparentales, que tienen tasas de pobreza muy elevadas. Cita el ejemplo de Francia, que en 2020 creó un nuevo servicio público para la intermediación en el pago de las pensiones en caso de separación, de forma que si se produce un impago por parte del progenitor, automáticamente el Estado responde y se transfiere la cantidad a la familia, a la vez que inicia un procedimiento para recuperar la cantidad del deudor.

Ayudas “insuficientes” a la familia

El problema es que las ayudas a la familia son “insuficientes” y están “fragmentadas”. En España la única prestación universal que ha existido ha sido el cheque bebé instaurado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 2.500 euros que se recibieron por cada nacimiento entre 2007 y 2011. La mayoría del apoyo a la infancia se articula a través de deducciones fiscales, que varían en función del número de niños y sus edades, y que no llegan a todos los hogares dado que aquellos que no realizan la declaración de la renta no pueden beneficiarse de las mismas.

Para familias pobres existen medidas como el ingreso mínimo vital, que acaba de incorporar la posibilidad de solicitar un complemento de infancia de entre 50 y 100 euros. También hay medidas a nivel autonómico, con grandes diferencias entre comunidades, desde las distintas coberturas de las rentas mínimas de inserción para hogares vulnerables hasta servicios directos que se ofrecen a familias, como las becas comedor, por ejemplo. “Debe garantizarse una protección mínima común en todo el territorio”, sin perjuicio de que las autonomías luego aporten mejoras, señala el informe.

Dada esta situación, José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, destaca que por “primera vez un documento de un organismo internacional valora la necesaria convivencia de los beneficios fiscales por hijo a cargo con las prestaciones directas”. Ricardo Ibarra, de Plataforma de Infancia, una red de 74 organizaciones especializadas en los derechos de los niños, también cree positivo que “la OCDE proponga beneficios fiscales que lleguen a todas las familias”. Y añade: “España tiene grandes carencias y debemos replantearnos el apoyo a todos los hogares, a la conciliación y a la crianza, porque hay un gran déficit que afecta al bienestar de los niños, hay que empezar a plantear beneficios como derechos subjetivos, por ejemplo en la educación de 0 a 3 años, o permisos parentales remunerados” para el cuidado de los hijos, más allá del de nacimiento.