Una víctima de abusos denuncia a la cúpula de la Compañía de Jesús en Chile por encubrir su caso

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Una víctima de abusos sexuales ha denunciado en la justicia de Chile y, por vía canónica, en el obispado de Tarragona, donde ahora reside, a siete provinciales de la Compañía de Jesús en el país sudamericano y a una docena de miembros chilenos de la orden, bien por haber encubierto los abusos que sufrió en su infancia, ya admitidos y condenados por la Iglesia, o bien por no querer investigar posteriormente esa ocultación del delito. También acudió en 2021 a los tribunales chilenos, donde la investigación por encubrimiento sigue abierta, mientras que lo hizo hace un mes a la diócesis catalana, que ha remitido la denuncia a la Secretaría de Estado del Vaticano. Hace una semana también ha llevado su caso ante la comisión del Defensor del Pueblo. David, nombre ficticio de la víctima, sufrió abusos en un colegio de la orden en la localidad chilena de Osorno, entre 1982 y 1995, a manos del jesuita Juan Miguel Leturia, fallecido en 2011. También acusa a dos arzobispos de Santiago de Chile, el cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz Ossa, y el que está actualmente en el cargo, el cardenal español Celestino Aós Braco, de haber ignorado sus denuncias para que se investigara a los encubridores. En total, señala a 21 personas por haber mirado para otro lado durante años y desoír sus peticiones de justicia.

La Iglesia chilena ya condenó en 2006 a Juan Miguel Leturia, tras la denuncia de esta víctima, pero lo hizo en secreto, sin informarle de nada. La pena fue apartar al cura del contacto con menores y de dar misa durante tres años, pero no juzgó el encubrimiento de los hechos de quienes conocían sus abusos. Y más de 15 años después sigue sin hacerlo, un tiempo en el que diversos responsables eclesiásticos, afirma este afectado, han continuado ignorando sus denuncias y respondiéndole con evasivas. Como otras víctimas ninguneadas, siente que nunca nadie en la Iglesia se ha preocupado realmente de escucharle, ni de profundizar en toda la verdad del caso, y espera que ahora lo haga el papa Francisco.

Gabriel Roblero, actual provincial de los jesuitas en Chile, afirma a EL PAÍS que los hechos denunciados por David se investigaron y se impuso una pena a Leturia que cumplió hasta su muerte. “El caso se encuentra canónicamente terminado en todas las instancias eclesiales”, dice. Sobre el encubrimiento y la lista de personas denunciadas ahora por David, explica que “la Compañía de Jesús no tomará decisiones al respecto” hasta que la justicia de Chile se pronuncie, ya que “es la entidad competente”.

David siente que llevan años mareándole y ocultándole la verdad. Para empezar, no fue hasta 2010 cuando se enteró del resultado del proceso canónico y descubrió que no se había investigado ni castigado a los responsables del encubrimiento. Y fue porque, tras irse a vivir a España, acudió a la archidiócesis de Barcelona a pedir ayuda para que le dijeran qué había pasado con su denuncia. Tras varios trámites, el Vaticano obligó a los jesuitas a que le informaran y solo entonces supo que se habían limitado a una ligera pena a su agresor. En 2019, animado por la ola de denuncias de abusos contra la Iglesia en España, decidió volver a pedir justicia y, de nuevo a través de la diócesis de Barcelona, presentó una denuncia canónica por encubrimiento, pero desde el Vaticano le respondieron que sus acusaciones eran “vagas”. Por eso ha vuelto a denunciarlo con un relato más pormenorizado que espera que permita reabrir su caso, como ha ocurrido recientemente en España con el del colegio vizcaíno de Gaztelueta, del Opus Dei, que el Papa ha ordenado volver a investigar, descontento por cómo se abordó la primera vez. David cree que las autoridades religiosas han “corrompido repetidamente” las investigaciones sobre su abusador.

La denuncia acusa a los últimos siete provinciales de la orden en Chile: principalmente a Juan Ochagavía y Guillermo Baranda, pero también a Fernando Montes, Eugenio Valenzuela —que en 2019 presentó su renuncia como sacerdote por estar acusado de abusos sexuales—, Christian Brahm, Christian del Campo y Gabriel Roblero, este último actualmente en el cargo. Junto a ellos, sacerdotes y rectores del colegio y otros responsables eclesiásticos.

David es una de las más de mil personas que han escrito a EL PAÍS para relatar su caso. Él lo hizo en 2020, en plena pandemia. Los abusos, asegura, comenzaron en 1988, cuando tenía 13 años y estudiaba en el colegio de San Mateo de la Compañía de Jesús en Osorno. Leturia llevaba varios meses como director del centro y, de manera periódica, empezó a llevar a este alumno y a un compañero a la rectoría. “Nos dijo que éramos sus elegidos”, cuenta el denunciante. Durante esas visitas, relata, Leturia abusaba de ellos. “Después de esos encuentros, me cruzaba por los pasillos con sacerdotes jesuitas de la comunidad, que posteriormente ocuparon los cargos de rector”, relata. Asegura que tenían que saber lo que pasaba. En concreto, señala a Thomas Gavin y Alejandro Pizarro Bermúdez, jesuitas que años después ocuparon el cargo de rector del colegio.

Leturia abandonó temporalmente el centro al final de ese curso, en 1988, según los responsables debido “a una fuerte depresión”, añade David. Poco después, en 1990, comenzó a escribir cartas a la víctima, que entonces tenía 15 años, y esporádicamente viajaba desde su nuevo destino, Santiago de Chile, para visitarle. Durante esos encuentros, según la denuncia, el pederasta siguió abusando tanto de David como de otros estudiantes. “Por entonces, los abusos a los alumnos ya eran vox populi. Los superiores de la orden lo sabían”. En 1995, el denunciante viajó a Santiago de Chile y quedó con Leturia para ir a una piscina de la ciudad. Luego, en el colegio jesuita donde se hospedaba, Leturia volvió a abusar de él. “Me dijo: ‘Hijo, yo te quiero. Esto es amor de padre”, relata David.

Una década después de haber sufrido los abusos, en 2005, y ya viviendo en España, la víctima escribió dos cartas al por entonces provincial de la congregación, Guillermo Baranda, donde relataba tanto las agresiones como los nombres de quien, según él, encubrieron a Leturia. “Tras recibir una muy escueta respuesta de Baranda, me informó de que recibiría una segunda carta una vez se investigasen lo hechos. Obviamente, nunca llegó”, dice la víctima, que al poco tiempo contrató a un abogado para que contactase directamente con la orden. A través de otro letrado, dice David, los jesuitas le ofrecieron “una salida pactada”: el pago de una indemnización a cambio de retractarse de las acusaciones. “Yo no la acepté”, dice David. Poco después, denunció al abusador en los tribunales chilenos, pero las autoridades decidieron archivarlo “por falta de pruebas”.

También envió cartas con su denuncia a varias autoridades de la Iglesia, una de ellas al cardenal Francisco Javier Errázuriz, por entonces arzobispo de Santiago de Chile. “Recibimos contestación del arzobispado en la que se indicaba que se harían algunas gestiones, sin concretar nada en particular. Nunca tuve ninguna noticia de ellas”, lamenta el afectado. Errázuriz fue imputado en 2019 por la justicia chilena por encubrir a sacerdotes del clero chileno que abusaron de menores. El prelado negó las acusaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con el arzobispado de Santiago para conocer su versión.

La víctima dice que la orden le instigó

Desde entonces, describe indignado David, los jesuitas no dejaron de instigarle. “Incluso lo hicieron a través de los medios de comunicación, hablando de que era una persona que solo buscaba dinero y desprestigiar a los jesuitas. Eso me afectó muchísimo”, afirma. La Compañía abrió finalmente una investigación canónica contra Leturia, pero no informó a la víctima de ello, por lo que no declaró durante el proceso, como marca el derecho canónico. Además, obligaron a un jesuita amigo de la víctima —actualmente retirado— a que escribiera un documento contra él para enviarlo, con la sentencia, a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En ese texto acusaba a David de ser “una persona psicológicamente desequilibrada y emocionalmente inestable”. EL PAÍS ha contactado con dicho exreligioso y corrobora esa versión. “El fin era desacreditar su testimonio”, admite.

Leturia fue condenado canónicamente en 2006 a una pena que incluía un tratamiento psicoterapéutico. “Todas las penas impuestas no se cumplieron y Leturia, quien gozaba de total libertad de movimientos, continuó abusando de niños de la calle o en grave riesgo social”, asegura David. Ningún miembro de la orden fue juzgado por encubrir, ocultar o silenciar los abusos, a pesar de que figuraban como tales en el relato de la víctima. “Los principales instigadores de los delitos de encubrimiento y fraude procesal fueron los superiores jesuitas Guillermo Baranda y Juan Ochagavía, que aún siguen impunes ejerciendo el sacerdocio”, acusa.

El pederasta murió el 22 de diciembre de 2011. En el funeral, el provincial Valenzuela definió a Leturia como “un hombre que hizo mucho bien, que queremos celebrar, y al mismo tiempo un hombre herido, que cometió errores”.

“El encubrimiento es el talón de Aquiles de la Iglesia”

Para David, la última década ha estado marcada por una búsqueda incansable de justicia y respuestas. Tras la denuncia de 2019 puesta en el tribunal eclesiástico de Barcelona contra la orden por cometer irregularidades durante el proceso canónico, el Vaticano le contestó en una carta, en mayo de 2020, que el texto de su declaración era “bastante genérico y vago” y que no permitía “una comprobación de la verdad”. Fue como un jarro de agua fría, pero no se rindió. Volvió a contactar con la orden para reclamar la documentación sobre el proceso canónico y pedir que se reabriera el caso. Pero no hicieron nada. Tan solo la orden accedió en diciembre de 2020, en un acuerdo extrajudicial, a reconocer “tanto pública como privadamente que los hechos denunciados son ciertos en su totalidad”, pero “excluyendo expresamente la responsabilidad del delito de encubrimiento”, dice el afectado. Un año después, ya en 2021, pidió ayuda al actual arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Aós Braco. Se cruzó correos, pero la situación, dice, no mejoró. “Lo que han hecho ha sido obstaculizar el proceso canónico y civil en Chile”, argumenta la víctima.

David cree que este puede ser su último intento de buscar justicia, pero duda de que pueda conseguir algo. “El encubrimiento es el talón de Aquiles de la Iglesia, pero en especial de los jesuitas, que gozan de un amplísimo poder. No quieren enfrentarse a eso”, dice. Esta vez, apela directamente al Papa: “Al santo padre Francisco suplico que investigue y proceda criminalmente a todos quienes sean responsables: autores, cómplices y encubridores del delito de abuso sexual”.