Sanidad genera una polémica al imponer las mascarillas en centros sanitarios contra el criterio de las comunidades

Las mascarillas pasarán desde este miércoles a ser obligatorias en los centros de salud y los hospitales de toda España ―no en farmacias o residencias―, pese a la posición contraria de la mayoría de las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha decidido desoír al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano de coordinación que reúne al Gobierno central y a los autonómicos, el mismo que decidió sobre las vidas de los españoles ―desde posibilidad de desplazamientos entre comunidades a horarios― durante prácticamente dos años de pandemia. El departamento de Mónica García defiende su decisión como la única posible para igualar los derechos de todos los españoles y dar seguridad jurídica a todas las autonomías, pero está lejos de la ortodoxia y es discutida por los expertos en derecho sanitario.

Todo comenzó este lunes, cuando el fuerte crecimiento de los contagios de virus respiratorios (en particular, de gripe) llevó a Sanidad a convocar un pleno extraordinario del CISNS para proponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y los hospitales. Cuatro autonomías ya estaban aplicando esta medida y al día siguiente se sumaron otras dos, pero el resto era partidaria de limitarse a hacer una recomendación.

Incluso las comunidades que están de acuerdo con el fondo ―obligar a usar el tapabocas en centros sanitarios― critican la forma. Aseguran que la propuesta se distribuyó comenzada la reunión, por lo que no se pudo realizar una evaluación previa. Y que se saltó los procedimientos habituales en estos casos: un estudio de la Ponencia de Alertas ―el grupo de técnicos de comunidades y ministerio que, por ejemplo, establecían los niveles de riesgo en la pandemia―, seguida de una reunión de la Comisión de Salud Púbica ―que integran los directores generales de la materia― que emita un informe. Para tomar la decisión, García tampoco ha esperado las 48 horas que dio a las comunidades para presentar alegaciones a su propuesta, que terminan este miércoles.

Sanidad se ampara en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo artículo 65 le otorga la posibilidad de imponer una declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. Por lo general, ha de contar con el “previo acuerdo del CISNS, con audiencia de las comunidades directamente afectadas”, a no ser que se trate de “situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas”.

David Larios, de la Asociación Juristas de la Salud, supone que será este último supuesto al que se acoja el ministerio, ya que ha quedado de manifiesto que no hay consenso en el CISNS. Sin embargo, discute uno de los motivos aducidos por Sanidad: el de dar respaldo jurídico a las comunidades que han decidido imponer la obligatoriedad. “Entiendo que no lo necesitan, puesto que [las autonomías] tienen competencias en materia de salud pública para establecer este tipo de medidas, que son bastante proporcionadas. Se habla de centros sanitarios; otra cosa serían medidas limitativas de los derechos de los ciudadanos”, afirma Larios.

Esto mismo sostienen otros dos juristas integrados en el SNS y consultados por EL PAÍS que prefieren mantener su anonimato. Ambos afirman que mediante este procedimiento se desvirtúa el espíritu de lo que debería ser una declaración coordinada y que se debería haber procedido de otra forma, como un decreto ley posteriormente validado por el Congreso, que es la manera en la que se regularon las mascarillas hasta el pasado julio, cuando precisamente se eliminó su obligatoriedad en centros sanitarios y farmacias.

José Martínez Olmos, experto en salud pública que fue secretario general de Sanidad con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, sí cree que se trata de la fórmula jurídica adecuada: “Una de las competencias del ministerio es la coordinación de actuaciones, y, por lo tanto, si hay un problema de pico epidémico en el que unas comunidades aplican medidas y otras no, tienes que aplicar el artículo 65 de cohesión y calidad. Se pueden buscar las cosquillas que quieran, pero creo que no las tiene, porque la autoridad sanitaria tiene que proteger la salud, eso está en la Constitución”.

Con el camino que ha tomado Sanidad, Larios considera que no se podrá publicar una resolución del CISNS, ya que no hay acuerdo, sino una orden ministerial. “Esta orden obligaría a todas las comunidades, aunque hayan votado en contra, pero se les da la posibilidad de que las recurran ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. No sé si en este caso vamos a llegar al recurso, pero está tan polarizado el tema político, y tenemos un ministerio del Gobierno de coalición y la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, con lo que es probable que veamos escenificadas estas diferencias políticas en el órgano de gobierno del CISNS”, argumenta Larios.

Sanidad no ha confirmado a EL PAÍS cuál será la fórmula ni cuándo entrará en vigor, pero la propia ministra portavoz, Pilar Alegría, afirmó el martes tras el Consejo de Ministros que los cubrebocas serán obligatorios en centros sanitarios a partir de este miércoles.

Contestación autonómica

La consejera vasca de salud, Miren Sagardui, ha advertido este martes a Sanidad que sus servicios jurídicos autonómicos están analizando “los escenarios que pueden resultar de la imposición de una obligatoriedad” de ese tipo, ya que se toma sin que se haya decretado ningún estado de emergencia sanitaria que lo justifique.

Madrid, una de las comunidades más contestatarias contra el Gobierno central, ha anunciado que acatará lo que imponga el Gobierno central, pero deja claro que están en contra de la medida. “Ponemos en duda cómo se ha gestionado todo esto por parte de la ministra de Sanidad”, ha dicho su consejera del ramo, Fátima Matute, en una entrevista en Antena 3.

En este mismo tono y sentido se han manifestado la mayoría de los consejeros de sanidad, que han solicitado criterios técnicos y que se establezcan umbrales para imponer las mascarillas. También varios presidentes autonómicos del PP, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, quienes han criticado que Sanidad actúe “tarde y mal” tras una epidemia de gripe que, según los populares, ha pillado a la ministra “de vacaciones”.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha acusado a García de no haber estado “preparada”. “Puede ser una medida positiva, pero siempre avalada por criterios sanitarios”, ha declarado a los periodistas tras una reunión de los mandatarios populares en la sede nacional del PP recogidas por Efe. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dicho que la medida de Sanidad “no responde a criterios técnicos” y ha cuestionado que la decisión del ministerio haya sido tomada “pensando en la salud de los ciudadanos”, y ha afirmado que se ha adoptado solo “por las fotos”. “Echo de menos la opinión de expertos y creo que el uso de las mascarillas depende de las condiciones de contagios de cada comunidad autónoma”, ha señalado.