Derechos Sociales defiende la “absoluta necesidad y urgencia” de que España tenga una prestación universal por crianza

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha defendido este viernes que España tenga una prestación universal por crianza. Ha sido en su primera comparecencia en comisión en el Congreso. Es una propuesta que ya realizó en la legislatura pasada su predecesora en el cargo, Ione Belarra (Podemos), pero no cosechó el apoyo del PSOE. El ministro ha indicado que en el tramo de hasta los tres años España ya posee una prestación “casi universal”, si se tiene en cuenta por un lado el complemento a la infancia del ingreso mínimo vital (una ayuda de 115 euros al mes que perciben familias vulnerables) y por otro la deducción por maternidad del IRPF (100 euros al mes), cuya cobertura amplió el Gobierno anterior. Pero ha llamado a ir más allá. “Debemos trabajar para ampliar la deducción por maternidad hasta los seis años, ampliando su cobertura. Este es un objetivo inmediato, parcial, insuficiente, pero necesario”, ha dicho Bustinduy (Sumar). “No me cansaré y utilizaré también cada intervención pública que tenga al respecto para expresar la absoluta necesidad y urgencia de que España adopte una prestación universal por crianza”, ha añadido. Ninguna de las dos medidas consta en el acuerdo de gobierno con los socialistas.

El ministro, que ha expuesto las líneas de actuación de su departamento en los próximos cuatro años, ha considerado que “es una excepción incompresible en el ámbito europeo que España no tenga una prestación de esta característica”. Las organizaciones de infancia y expertos en política social han reclamado esta medida y la OCDE ha llamado al Gobierno a explorar esta vía. “Será una prioridad en el trabajo dar todos los pasos necesarios para que más pronto que tarde podamos resolver esa anomalía e incorporar esta prestación”, ha continuado el ministro, que ha considerado la “infrafinanciación estructural” de la protección social a la familia y la infancia en España como un “reto” de país que es fundamental abordar. Bustinduy ha lanzado esta propuesta mientras hablaba de la Ley de Familias, cuya tramitación parlamentaria se vio interrumpida debido al adelanto electoral. Según ha explicado, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto “en las próximas semanas”.

En los presupuestos para 2023, se recogía una mejora de la deducción del IRPF para mujeres trabajadoras, que se puede aplicar cuando se realiza la declaración de la renta, o también pidiendo el reembolso por adelantado de 1.200 euros (100 euros al mes) y después ajustar cuentas al hacer la declaración. Derechos Sociales explicó entonces que la mejora, que incluía casos que hasta entonces no podían beneficiarse (como por ejemplo quienes perciben una prestación por desempleo o hayan trabajado al menos 30 días desde el nacimiento del niño), permitiría alcanzar una tasa cercana al 90% de mujeres con hijos de hasta tres años. Las organizaciones de infancia aplaudieron el paso, pero lo consideraron insuficiente. En el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar se recoge que se revisará “la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual complemento de ayuda a la infancia del ingreso mínimo vital y la deducción por maternidad en el IRPF”. La diputada socialista Sonia Guerra ha afirmado durante su intervención que “las exenciones fiscales deben estar relacionadas con la renta de las familias”.

Dos “hitos” legislativos

El ministro ha explicado que su departamento arranca la legislatura con dos “hitos”, dos leyes que decayeron por el adelanto electoral: además de la Ley de Familias, la Ley de Atención a la Clientela. La primera, además de incluir los tres nuevos permisos por cuidados ya aprobados por real decreto el pasado verano, reconocerá jurídicamente la diversidad en los modelos de familias y equiparará los derechos de las parejas de hecho con los matrimonios, entre otras medidas. El ministro ya anunció en diciembre su intención de que esta normativa recoja la ampliación de los permisos por nacimiento a las 20 semanas, frente a las 16 actuales, y la retribución de al menos cuatro semanas de las ocho que contempla el permiso parental por cuidados, que se puede utilizar hasta que los hijos cumplan ocho años. El texto que llegará al Congreso será el mismo que había dejado el Ejecutivo anterior. Con el objetivo de “acortar tiempos todo lo posible”, los cambios se introducirán en el trámite parlamentario, a través de enmiendas.

Respecto a la Ley de Atención a la Clientela, Bustinduy ha explicado que su tramitación se iniciará “de manera inmediata”, durante el próximo mes. Esta normativa limita a tres minutos los tiempos de espera en las llamadas telefónicas para recibir información o reclamar y prevé que, aunque se puedan usar sistemas automatizados, las personas tengan derecho a ser atendidas por un operador.

En el ámbito de consumo, también se marca el objetivo de reforzar el mecanismo sancionador contra los abusos que las empresas puedan cometer sobre los consumidores, que será una “prioridad estratégica” del ministerio, que se tomará “la inspección muy en serio”. Además, propondrá una ley de consumo sostenible, “regulando cuestiones como la promoción del derecho a la reparabilidad, la lucha contra el blanqueamiento ecológico [lo que se conoce como greenwashing] o la protección contra las prácticas desleales”. También ha considerado “vital” regular el acceso al juego, con una “ley de mecanismos aleatorios de recompensa de videojuegos, cajas botín y dispositivos similares”, unos sistemas que, según ha apuntado Bustinduy, contienen elementos equivalentes a los juegos de azar, por lo que es necesario proteger a los menores. Además, intentará regular, como hizo su predecesor en Consumo, Alberto Garzón, la publicidad de los alimentos insanos para niños y adolescentes.

Cambiar el modelo de cuidados

Una parte central de la labor del ministerio será el cambio de modelo de cuidados de larga duración. Es decir, que se dé una atención centrada en la persona, que sean los recursos los que se adapten a sus necesidades, y no al revés, y que les permitan seguir conectados con la comunidad. Un objetivo para el que se seguirá la senda iniciada con el anterior Ejecutivo, que realizó “un incremento de la financiación estatal que no tiene precedentes históricos”, pasando de 1.400 millones a 2020 a 3.200 en 2023, ha precisado Bustinduy. El ministro ha explicado que la financiación de la Administración General del Estado seguirá aumentando hasta alcanzar “el 50% del total, asegurando que las comunidades autónomas mantienen su inversión propia”. Actualmente, la mayor parte de la financiación es autonómica. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, explicó a Efe esta semana que cumplir esta meta supondría unos 1.000 millones de euros al año.

“Este aumento de la financiación va a estar estrechamente vinculado a generar un cambio integral en el modelo de cuidados de larga duración”, ha afirmado el ministro. Para ello, ha añadido, se modificará la ley de dependencia, que mejorará la definición de la ayuda a domicilio, entre otros puntos. También se realizará seguimiento a la aplicación del acuerdo alcanzado el año pasado con las comunidades autónomas sobre los requisitos mínimos que se exigen a los servicios de dependencia, entre ellas, las residencias de mayores, con medidas, por ejemplo, como limitar el tamaño de las nuevas construcciones.

El ministro se ha comprometido a aprobar una estrategia estatal de desinstitucionalización y ha anunciado que la Ley de Cuidados que recoge el acuerdo de coalición mejorará la situación de las cuidadoras (en su mayoría son mujeres), que “con demasiada frecuencia trabaja en condiciones precarias”. Y también de las personas cuidadas, “que pasarán a ser consideradas como sujetos con derechos, con capacidad de decisión y, por lo tanto, con la obligación de respetar su voluntad y su autonomía”. Bustinduy quiere, asimismo, que las condiciones laborales se traten en la mesa de diálogo social de la dependencia.

El titular de Derechos Sociales ha calificado como “intolerable” que una cuarta parte de la población esté en riesgo de exclusión social y ha asegurado que, pese a los “avances muy significativos” de la anterior legislatura, el trabajo por delante es “inmenso”. Ha definido la reforma del ingreso mínimo vital, creado la legislatura pasada para dar un último colchón económico a quien no tiene más recursos, como “otro de los retos de esta legislatura”. Es preciso simplificarla y desburocratizarla, ha afirmado. También se ha comprometido a aprobar la que será la primera ley de servicios sociales de la democracia, que probablemente supondrá un reto, dado que los grupos nacionalistas han recalcado que las competencias son autonómicas.