Ana Redondo: “Me gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista de la prostitución”

Justo antes de que se abra la enorme puerta de madera se oye un “quiero sobrevivir”. Quien gira el pomo mientras dice esa frase es Ana Redondo, la ministra de Igualdad. Viene corriendo del Congreso y tiene que volver corriendo al Congreso. Es 26 de febrero cuando se hace esta entrevista, en el Ministerio de Igualdad, justo antes del debate y la votación de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. No quiso mientras hablaba darlo por hecho: “Nunca sabes, sinceramente, pero ha sido trabajo muy riguroso donde el interés general ha primado sobre el particular”. El acuerdo se aprobó, con los únicos votos en contra de la ultraderecha, a la que la ministra se refiere cuando dice que “había una idea clara de avanzar en nuevos mecanismos para combatir todas las formas de violencia machista, pero también necesidad de generar un cordón sanitario frente al negacionismo de Vox, un partido claramente retrógrado que pretende devolver a las mujeres a casa con la pata quebrada”.

Redondo (Valladolid, 58 años) lleva poco más de un año en el cargo, después de que Irene Montero le traspasara la cartera en noviembre de 2023 en una especie de movimiento de tierras, tanto para el Gobierno de coalición ―en aquel momento con Unidas Podemos―, como para el feminismo, para el que fue una sorpresa. El contexto de este Ejecutivo con Sumar como socio es distinto que con Podemos; la cartera, en manos del PSOE, ayuda a la calma, al menos aparente. También la actividad legislativa, ahora mismo de perfil bajo, da relativa paz a su mandato. Y el foco del debate feminista ya no está, o no tanto, o no siempre, en su ministerio.

P. Quedan también cosas pendientes, como la ley de trata.

R. Está pendiente de segunda lectura en Consejo de Ministros. Y en este tiempo hemos hecho tres cosas. Reunirnos con asociaciones y activistas que trabajan sobre el terreno, queríamos escucharlas y ser conscientes de los problemas que existen en el día a día de las mujeres que son sujeto de trata con fines de explotación sexual, pero también laboral, tráfico de órganos o matrimonios forzados; avanzar en los análisis; y estamos trabajando con otras instituciones, estatales y autonómicas. Todo para mejorar un proyecto que era francamente mejorable.

P. El documento que se conoce de la norma va a cambiar, entonces.

R. Tiene que cambiar. El Observatorio contra la Violencia de Género, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, está armando un proyecto más contundente, riguroso y exhaustivo que queremos pasar por el Consejo de Ministros. Calculo que a lo largo del año y espero que antes del verano.

P. ¿Estará incluida la prostitución?

R. Hablar de trata sin hablar de prostitución es ofrecer una solución coja. Hay trata porque hay clientes, tratantes, mafias. Si no, no estaríamos hablando de las cifras terribles de las que hablamos, más de 115.000 mujeres en España en situación de prostitución. Hay que dar una solución holística. ¿Cuál es el problema? No es fácil concitar los acuerdos para incorporar la prostitución, cuando se toca el tema, las divergencias son grandes. Y no somos capaces de eliminarlas hasta el punto de avanzar en una regulación punitiva que creo necesaria. Me gustaría una ley de trata con incorporación de penas para la tercería locativa [las personas propietarias de los pisos donde se ejerce la prostitución] y penas reforzadas para los proxenetas, pero esta cuestión genera mucha controversia entre los grupos parlamentarios. Soy posibilista y prefiero una ley de trata con derechos y alternativas para las mujeres víctimas de trata que ninguna ley.

P. ¿Cómo queda el compromiso de la abolición de la prostitución?

R. No se puede avanzar en la misma ley. Tiene que ser por otro camino. Lo voy a intentar, mi partido es abolicionista de la prostitución, una forma de discriminación radical y feroz que esclaviza a las mujeres. Me gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista.

P. ¿Es posible?

R. Hay una posibilidad.

P. La ley de violencia de género, la de libertad sexual, la del aborto o la trans... Tienen un problema de falta de desarrollo, ¿cómo influye en eso las competencias de las comunidades y su relación con el Gobierno?

R. Tengo que quejarme de mi comunidad, Castilla y León, que todavía no tiene una ley específica de violencia de género. Es incomprensible. Muchas comunidades han cumplido y tienen sus propias leyes y toda una estructura para las víctimas. Pero, en general, España es un país en el que la violencia se ha tomado en serio. Una democracia que quiere avanzar tiene que hacerlo de la mano de la igualdad. Y soy consciente de que en muchos países del mundo nos miran como un país de referencia. España, en el Índice Europeo de Igualdad, es el cuarto con 76 sobre 100. Se puede hacer mucho más, pero somos un referente internacional porque se ha hecho mucho y lo que se ha hecho funciona.

P. En la ley trans, por ejemplo, ¿qué está pasando con aquellos que intentan defraudar la ley?

R. Ese es el único problema de la ley trans, aquellas personas que quieren cuestionarla a través del abuso y que generalmente no actúan solas, están organizadas y políticamente animadas por la extrema derecha. Hemos hecho ya algunas cosas. La primera, ponernos en contacto con los registros civiles para que tuvieran una documentación suficientemente clara que facilitar a cada persona que quiere hacer un cambio registral, donde se dice claramente cuáles son los riesgos de fraude. Por tanto, el que defrauda está conociendo que está cometiendo un fraude. En segundo lugar, hemos trabajado con la Federación Estatal LGTBI+, necesitamos su complicidad y yo les he pedido que se personen como acusación popular en las causas que se abran frente a los defraudadores. Y en tercer lugar, con la Dirección General estamos trabajando en alguna medida más específica en torno al fraude que se puede cometer para evadir la Ley Integral contra la Violencia de Género, es decir, cuando el defraudador, para evitar una condena o para evitar un juicio por violencia de género, utiliza esta vía. La ley es clara y diáfana respecto a esto, pero estamos trabajando para reforzar esa respuesta institucional.

P. ¿Y los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual? Las autonomías tenían hasta final de año para tenerlos operativos.

R. Ahora mismo los 54 están abiertos, la inmensa mayoría están funcionando, pero hay mucha diferencia. Hay centros, por ejemplo, que entienden que esa apertura 24 horas no es física, es online o telemática, y otros, como el de Pamplona, tiene incluso una sala gesell [un espacio adecuado para recoger y grabar testimonios que servirán luego en un proceso judicial para que las víctimas no tengan que repetir el relato una y otra vez]. En cualquier caso, no creo que podamos mirar hacia otro lado con estos centros.

P. ¿A qué se refiere?

R. En España las mujeres tienen que tener los mismos recursos en todo el territorio. Tenemos que ser conscientes de lo que suponen esos centros: la primera puerta a la que llama una mujer víctima de violencia sexual. Y tiene que tener una respuesta. Por eso, en la próxima sectorial [las reuniones con las CC AA] ofreceremos una cartera básica de servicios para que ese mínimo contra la violencia sexual esté garantizado en todo el territorio.

P. Respecto a la actualidad política en violencia sexual. Los últimos casos del ámbito político, las denuncias y acusaciones contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, y la relación con la prostitución de la que se señaló a José Luis Ábalos, ¿cómo afectan al discurso feminista de la izquierda?

R. El machismo es una cuestión estructural y ningún partido puede decir que esté libre de personas con actitudes machistas. Lo importante es cómo reaccionan, y hay que exigir ejemplaridad, coherencia y dignidad a los representantes públicos, y apartar a la persona que ha podido cometer una actitud machista. Ningún machista tiene por qué estar en ningún partido. La sociedad ya no lo tolera y son indicios de que está cambiando la estructura social. El cambio significativo que tenemos que hacer las instituciones con las mujeres es estar de su lado, no cuestionar su voz, su verdad. Y afortunadamente tenemos una ley que nos permite no cuestionar la palabra de las mujeres cuando dicen que no ha habido consentimiento, que es la LOGILS [la ley de Libertad Sexual], que es una buena ley y supone un avance.

P. Con este contexto, y el de los últimos años, ¿cómo cree que llega el feminismo al 8M? Lo primero que dijo es que venía a coser, ¿cómo va esa costura?

R. Es una costura muy respetuosa. En este tiempo hemos podido hablar con prácticamente todas las asociaciones, con todo el movimiento, con los diversos discursos. Se cose estando en la calle. No tenemos por qué compartir exactamente todo el ideario, lo importante es que compartamos lo esencial y lo esencial en el 8M es que se alce y se escuche la voz fuerte, potente, exigente de las mujeres con un cambio de cultura en la que todas podamos desarrollar nuestros proyectos de vida en igualdad y libertad. Creo que en eso estamos todas absolutamente de acuerdo.

P. El sábado aun así habrá dos manifestaciones, otra vez, ¿a cuál irá?

R. Muy probablemente me vaya a Valladolid, con mis hijas, que es donde he estado asistiendo a las manifestaciones del 8M toda mi vida.

P. ¿Y si se quedara en Madrid?

R. A las dos manifestaciones.

P. ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio para los próximos años?

R. La prioridad es liberar la democracia española de la violencia machista. La prostitución es otro de los de los objetivos, una exigencia ética, política y democrática. Y las brechas, que todavía impiden que nos podamos sentir iguales en el ámbito laboral, salarial, en los cuidados. Es verdad que con la que está cayendo a nivel internacional, con esta ola reaccionaria que se extiende desde Estados Unidos hasta Europa, tenemos que ser conscientes de reforzar alianzas.

P. Después justo del 8M, se va a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, en Nueva York.

R. Otro de mis objetivos es seguir tejiendo con otros países cómplices que están dispuestos a defender la igualdad frente a todo. También frente a las imposiciones económicas de Donald Trump, intentando reducir la igualdad al mínimo en las empresas con las que contrata la Administración. Es un paso atrás que no vamos a consentir desde desde el Gobierno. Porque hay otra cuestión evidente, diáfana, que la igualdad es rentable para las empresas. Excluir a las personas por una condición sexual o por una condición de género es una torpeza democrática, pero también la mayor torpeza económica que puede cometer un gobierno. Tiene que ver con el ensayo que estoy leyendo ahora.

P. ¿Que es?

R. 1914, de la paz a la guerra, de Margaret MacMillan, sobre cómo la Primera Guerra Mundial fue una carambola histórica por la que los más ineptos, los más locos, los más alejados del interés general, llegaron a los gobiernos, una confluencia de estupidez en los liderazgos.