El Supremo de Estados Unidos levanta el veto a un accesorio que convierte un rifle en una metralleta
Esas culatas, que aceleran la capacidad de disparo de un fusil, fueron prohibidas durante la Administración de Trump, tras la mayor matanza de la historia del país
Desde este viernes, vuelve a ser legal en Estados Unidos comprar y vender un accesorio que convierte un rifle semiautomático en un arma tan rápida y mortífera como una metralleta, capaz de escupir centenares de balas en unos pocos segundos. El Tribunal Supremo dictó sentencia en un caso que cuestionaba el veto para el uso de esa culata que acelera los disparos conocida como bump stock en un país con un nutrido léxico para todo lo que tenga que ver con las armas. Sus nueve magistrados decidieron en una votación de seis contra tres que la Administración de Donald Trump se extralimitó en sus atribuciones ejecutivas cuando decidió prohibir esos accesorios tras una matanza en Las Vegas, la más letal de la historia de Estados Unidos. Aquel día murieron 58 personas y más de 500 resultaron heridas.
Según la argumentación de la supermayoría conservadora del Supremo, resumida en un texto firmado por el juez Clarece Thomas, por más que a un rifle se le añada uno de esos complementos sigue siendo un rifle, y no una metralleta, porque el tirador “no dispara más de una bala cada vez que aprieta el gatillo”. La opinión, de 19 páginas, arranca con la explicación de que por qué ambas armas son distintas, extraída de una ley de 1934, cuando los asesinatos masivos no eran una epidemia en este país. Las disquisiciones semánticas sobre lo que es una cosa y la otra se acompañan de varios gráficos para explicar cómo actúa un bump stock.
“Con o sin culata, el tirador debe soltar y apretar el gatillo entre cada disparo”, continúa el razonamiento de Thomas, tal vez el magistrado más conservador de los nueve. “Y cualquier disparo posterior realizado después de soltar y volver a apretar el gatillo es el resultado de un gesto separado y distinto. El bump stock se limita a acelerar la velocidad de disparo al provocar la sucesión rápida de esos gestos distintos”.
En la opinión disidente de las tres jueces progresistas, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, Sotomayor refuta con sorna el argumento de Thomas del rifle que no es una metralleta: “Cuando veo a un pájaro andar como un pato, nadar como un pato y graznar como un pato, suelo considerarlo un pato”. “La definición de ‘ametralladora’ del Congreso equipara con total naturalidad un rifle con bump stock incorporado con una M16. La decisión de hoy pasa por encima del hecho de sus consecuencias mortales”.
En su texto, la jueza recuerda que la prohibición partió en 2018 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, pocos meses después de que en el octubre anterior un jugador profesional con un pasado de inversor inmobiliario llamado Stephen Paddock, de 64 años, se subiera a la suite del piso 32 de un hotel en Las Vegas y abriera fuego contra la multitud que asistía a un concierto de Jason Aldean en un festival de música country al aire libre.
Lo había preparado todo con espantosa minuciosidad: durante días, Paddock condujo su furgoneta Chrysler para ir a volver a su casa en Mesquite, Nevada. En cada viaje llevaba más y más maletas cargadas de armas: 15 rifles de asalto AR-15 y ocho AR-10. En su macabra misión se gastó 95.000 dólares en armas, munición y accesorios como las culatas que este año han entretenido el debate de los jueces del Supremo. Cuando llegó el momento, disparó 1.057 balas en unos 10 minutos. Después, se suicidó de un solo tiro de un revólver Smith & Wesson del calibre .38.
Una armería en Texas
El horror de la matanza llevó a la Administración de Trump, un presidente que siempre apoyó la Segunda Enmienda, la que garantiza el uso de armas, a prohibir esos accesorios. Después, la de Joe Biden peleó en los tribunales para que no se levantara el veto.
De hecho, el caso cuyo fallo se conoció este viernes lleva por título Garland contra Cargill. Garland es Merrick Garland, fiscal general estadounidense nombrado por el actual presidente. Cargill, el demandante, es Michael Cargill, propietario de una armería en Texas que consideraba que la prohibición atentaba contra sus derechos constitucionales. La respaldaba la New Civil Liberties Alliance (Alianza por los nuevos derechos civiles), un grupo de activismo conservador vinculado con el multimillonario Charles Koch, conocido por financiar causas republicanas y libertarias.
Tras conocerse la sentencia, Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado abogó por sacar adelante una ley que los prohíba de nuevo como reacción “al ataque del Supremo a la seguridad pública”. Esta solución es poco probable, teniendo en cuenta la parálisis del poder legislativo en Estados Unidos. Menos aún durante un año electoral.
En un duro artículo de opinión publicado en The Washington Post a las pocas horas de conocerse la sentencia, el columnista E. J. Dionne Jr. acusó al alto tribunal de entretenerse con la semántica en lugar de “salvar vidas”. “¿Permitirá este fallo que un asesino demente dispare más de 1.000 balas en 10 minutos? Ese no es nuestro problema, parecen decir [con su decisión] los seis magistrados conservadores”, escribe Dionne. “Lo realmente importante es que sabemos cómo funcionan esas armas y hemos consultado varios diccionarios para aclararnos sobre el significado de las palabras”.
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