Reelección y narcotráfico: del ascenso en Honduras a la caída de Juan Orlando Hernández en una cárcel de Estados Unidos

El 27 de enero de 2014, cuando Juan Orlando Hernández fue investido como presidente de Honduras, su biografía publicada por el portal oficial del Gobierno celebraba que era el mandatario más joven que había llegado a ese cargo desde 1980. Tenía 45 años y era una especie de meteoro político catracho, en específico del ese entonces muy fuerte Partido Nacional. Una década después –con una reelección ilegal de por medio y tras haber detentado el poder sin mayores contrapesos– el expresidente consiguió otro hito –nada halagüeño– en su hoja de vida: se convirtió en el primer expresidente de Honduras condenado por narcotráfico en el extranjero. El imperio de JOH, como se le conoce a este político, colapsó finalmente a partir de enero de 2022, luego de entregar el poder a Xiomara Castro.

El punto final de la era JOH lo puso la semana pasada un tribunal federal en Nueva York que lo procesaba, y encontró culpable, por asociarse durante más de una década con narcotraficantes que pagaban sobornos para asegurarse de que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos. La sentencia fue dictada por el juez Kevin Castel, tras un juicio que atrajo la atención internacional.

Un jurado de 12 estadounidenses en la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Hernández por convertir a Honduras “en un narco Estado”, a pesar de que públicamente fue un presidente amigo del Gobierno de los Estados Unidos. Pero los pecados de Hernández le persiguieron hasta el momento en que fue condenado y no solo tienen que ver con el narcotráfico. El juez Castel le dijo a la audiencia el día que leyó la sentencia contra Hernández: “No está siendo sentenciado por corrupción en Honduras, eso le corresponde al pueblo hondureño”.

Hernández fue hallado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y poseer armas de fuego, entre otros cargos relacionados con el narcotráfico. Desde su arresto en febrero de 2022 y su posterior extradición en abril del mismo año, el exmandatario ha mantenido públicamente que él es inocente. Alega que el proceso judicial estuvo lleno de “errores e injusticias”.

A pesar de la severidad de la sentencia, que incluye además cinco años de libertad supervisada y una multa de 8 millones de dólares, Hernández y su defensa han expresado que apelarán la decisión.

Originario de las tierras del “indómito” cacique Lempira

Juan Orlando Hernández nació el 25 de octubre de 1968 en la aldea Río Grande, Gracias, cabecera del departamento de Lempira, en un entorno de producción agrícola. Estudió la secundaria en la ciudad de San Pedro Sula y luego estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se graduó como abogado y notario. Después, estudió una maestría en Administración Pública en la ciudad donde fue condenado: en Nueva York, en la Universidad Estatal de esa ciudad.

Durante sus años en la universidad hondureña estuvo vinculado a movimientos políticos y estudiantiles. En 1990, el hermano de Hernández, Marco Augusto, llegó a la Primera Secretaría del Poder Legislativo y lo nombró asistente. Es cuando JOH inicia a tener relaciones con el Partido Nacional. Durante esos años cumple funciones de coordinación política en Lempira, pero su ascenso político se da en 1998 cuando fue electo diputado. En 2010 logra la presidencia del Congreso Nacional durante la Administración de Porfirio Lobo y en 2012 gana los comicios internos del Partido Nacional para ser el candidato presidencial.

El Partido Nacional apostó al liderazgo de Hernández como pilar fundamental para seguir controlando el Estado de Honduras, sobre todo después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. JOH asumió la presidencia de Honduras en 2014 de esta manera: “Soy Juan Orlando Hernández, de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo de la mayoría del pueblo. ¡Soy el presidente de Honduras”. Fue un periodo presidencial convulso.

En 2015 el pueblo hondureño salió a las calles a señalar al Gobierno de Hernández de corrupción. El movimiento Indignado de Honduras estuvo inspirado por los logros de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG) e impulsado a las calles por denuncias de corrupción a gran escala como el desfalco millonario del Seguro Social en Honduras. En ese año la gente comenzó a pedir la renuncia del presidente, pero al contrario, Hernández tenía el plan de reelegirse a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

En lugar de responder al clamor popular o renunciar ante las graves denuncias de su participación en el desfalco del seguro social para financiar su campaña política, Hernandez continuó el camino del autócrata: concentró todo el poder emulando a Daniel Ortega en Nicaragua; militarizó el país y se reeligió ilegalmente y de manera fraudulenta en 2018. En esa época sus adversarios políticos aseguraban que el JOH tenía vínculos con el narcotráfico.

Nexos con el narco

Antes, en 2012, en Honduras no solo iniciaron las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos, sino también las entregas voluntarias que representaron un verdadero terremoto para las fuerzas políticas del país. Cuando Los Cachiros, unos famosos narcotraficantes hondureños, declararon en Estados Unidos, muchos se pusieron nerviosos. Y cuando confesaron que el expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió sobornos de su parte y su hijo coordinó toda la relación, se le comenzó a tambalear el piso al oficialista Partido Nacional y también a los otros partidos importantes .

El hijo del expresidente, con el que cogobernó Juan Orlando Hernández tras el golpe de Estado de 2009, está preso en Estados Unidos. La red de corrupción alrededor del caso Cachiros penetraba hasta lo más profundo de las estructuras del Estado, sobre todo las estructuras del partido en el poder. De 2009 a 2012 aumentó la tasa de homicidios, llegando a su punto máximo en 2011, según un informe de seguridad ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El Gobierno tomó el control de todos los poderes del Estado, y la DEA entraba y salía de los territorios libremente, se llevaba y traía presidentes para hablar de la lucha contra el narco, en sus helicópteros, con sus condiciones. La dupla del poder: Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. La política de mano dura contra el crimen organizado que promulgaron en su gobierno, al parecer es solo pantalla de lo que ocurre: una relación de concubinato entre las mafias y el Estado”, reconstruye en un artículo el medio Contracorriente.

Pero lo que terminó de enterrar a Juan Orlando Hernández fue el juicio en contra de su hermano, el diputado por el Partido Nacional Antonio Tony Hernández en 2021, quien fue condenado por narcotráfico en la corte del distrito sur de Nueva York. Tony fue expuesto como un intermediario entre el poder político y el poder criminal en Honduras.

El expresidente fue capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero de 2022, pocos días después de haber concluido su segundo mandato, y el 21 de abril de ese año fue llevado, esposado de manos y pies, a Nueva York, donde el pasado miércoles fue sentenciado a 45 años de cárcel, en cambio de la cadena perpetua que solicitaba la Fiscalía.

Actualmente la esposa de Juan Orlando Hernández aspira por la presidencia de Honduras para las elecciones de 2025 por el Partido Nacional y su campaña se basa en proclamar que su esposo es inocente y que los narcos conspiraron para vengarse del presidente que más los combatió. Ella y sus hijas hacen campaña política por los barrios y pueblos de Honduras cargando una camiseta con la frase que Hernández dijo al ser juzgado en una corte de Nueva York: “Díganle al mundo que soy inocente”.

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