El desesperado intento de DeSantis por torpedear en las urnas la protección del aborto en Florida

La policía toca a la puerta. Están investigando un posible indicio de fraude, dicen. “¿En verdad fue usted quien firmó la petición para que la Enmienda 4 se presente en las urnas en noviembre?”.

El episodio, repetido a grandes rasgos en numerosos condados de Florida en las últimas semanas, según testimonios recogidos en medios locales y redes sociales, es parte de una desesperada campaña del gobernador republicano Ron DeSantis en contra del derecho al aborto. El esfuerzo coordinado va dirigido a hacer descarrilar el plebiscito incluido en la papeleta electoral del Estado que tumbaría la restricción vigente —que limita el procedimiento hasta la sexta semana, antes de que muchas mujeres siquiera sepan que están embarazadas, sin excepciones reales— y que él mismo firmó el año pasado después de la revocación del derecho a nivel federal. Si recibe por lo menos el 60% de los votos, el derecho estaría garantizado por la constitución estatal.

La norma conocida como Ley del Latido fue aprobada por los legisladores de Florida, de mayoría republicana, en abril de 2023, con una votación de 70-40, y entró en vigor el primero de mayo de este año. Es una de las leyes más restrictivas del país, que tras el histórico fallo del Supremo en 2022 en contra de Roe vs. Wade, el precedente legal que garantizaba el acceso al aborto a nivel nacional, entregó a los Estados potestad para legislar al respecto. La Ley del Latido, que es una de las banderas del popular gobernador DeSantis y excandidato en las elecciones primarias republicanas, solo mantiene la posibilidad de abortar antes de la semana seis y solamente si se presentan pruebas y documentación para demostrar que se trata de una violación, incesto o tráfico de personas; si peligra la salud de la madre, dos doctores tienen que certificarlo, y aun en esos casos los profesionales temen que se tomen medidas penales en su contra. En la práctica, actualmente no hay manera realista para llevar a cabo un aborto legalmente en Florida.

La severidad de la norma generó una enérgica respuesta desde que apenas era una propuesta de ley. Y cuando fue aprobada, se inició una enorme recolecta de firmas liderada por la organización Floridians Protecting Freedom para una petición que pusiera la cuestión en un plebiscito en las elecciones de noviembre de 2024. Tras largos meses de campaña se lograron un millón de firmas, 100.000 más que las necesarias para traer una pregunta directamente a los votantes. Las firmas fueron validadas durante ocho meses independientemente y también por los supervisores electorales del Estado. En abril fueron finalmente aceptadas y ratificadas por el Tribunal Supremo del Estado, afín a DeSantis, que nombró a cinco de sus siete jueces.

La propuesta de reforma constitucional que se presentará a los votantes se conoce como Enmienda 4 y establece lo siguiente: “Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional del Legislativo para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor se someta a un aborto”.

Desde entonces, la misión de Floridians Protecting Freedom y otras organizaciones aliadas ha sido hacer campaña a favor de la Enmienda 4. Recaudaron 12 millones de dólares en dos meses, según sus cuentas, y no han parado de tocar puertas y educar a los votantes, explica la portavoz Lisa Zayas. “Estamos hablando con la gente sobre los riesgos de la prohibición, porque ya estamos viendo muchísimas mujeres a las que se les está denegando cuando más lo necesitan… Y vemos que la mayoría de la ciudadanía nos apoya. Esto es una iniciativa que no es partidista, que cuenta con apoyo transversal de los floridanos”. Las encuestas de los últimos meses y semanas muestran un apoyo al derecho al aborto y a la enmienda en de entre el 55 y el 69%, apuntando que sí se lograría la mayoría necesaria para convertirse en ley.

Ante este panorama, a finales de agosto el ejecutivo y legislativo de Florida comenzó una serie de acciones atacando la enmienda desde diferentes flancos. Primero, el 21 de agosto, el Supremo aceptó que una declaración del impacto financiero acompañara al texto de la enmienda en la papeleta. El enunciado, sustancialmente más largo que la Enmienda en sí, dice lo siguiente: “La enmienda propuesta provocaría un número significativamente mayor de abortos y un menor número de nacidos vivos al año en Florida. El aumento de abortos podría ser aún mayor si la enmienda invalida las leyes que exigen el consentimiento paterno antes de que las menores se sometan a abortos y las que garantizan que sólo los médicos con licencia realicen abortos. También existe incertidumbre sobre si la enmienda obligará al Estado a subvencionar abortos con fondos públicos. Los litigios para resolver esas y otras incertidumbres supondrán costes adicionales para el gobierno y los tribunales del estado que repercutirán negativamente en el presupuesto estatal. Un aumento de los abortos puede afectar negativamente al crecimiento de los ingresos estatales y locales a lo largo del tiempo. Dado que el impacto fiscal del aumento de abortos en los ingresos y costes estatales y locales no puede estimarse con precisión, el impacto total de la enmienda propuesta es indeterminado”.

Lauren Brenzel, directora de la campaña a favor de la enmienda, acusó a los patrocinadores de la declaración financiera de buscar causar confusión y esconder la cuestión real bajo consideración. “Nuestra campaña trabajó duro para garantizar que el lenguaje de nuestra iniciativa cumpliera las normas constitucionales y el Estado debería cumplir esas mismas normas de claridad y precisión para no engañar a los votantes. Cualquier declaración de impacto financiero debe ser legalmente precisa, inequívoca, directa, clara y transparente. Esta farsa de proceso es un recordatorio a los votantes de Florida de que los políticos están jugando sucio para complicar en exceso y politizar una simple solución administrativa”.

El siguiente paso de DeSantis consistió en la creación de una página web por parte de la Florida Agency for Health Care Administration en oposición abierta a la Enmienda 4. La ley estatal prohíbe al gobierno usar su autoridad y fondos para influenciar una elección o el voto de un ciudadano. Ante las preguntas generadas por la página web, que alega que la enmienda pone en peligro la salud de las mujeres, DeSantis se defendió públicamente. “No es electoralismo. Son cosas que se pueden hacer absolutamente a través de estos anuncios de servicio público. Y me alegro de que lo estén haciendo”.

No satisfecho con eso, el Departamento de Estado de Florida, también bajo la cercana influencia del gobernador, reclamó unas 37.000 de las firmas verificadas hace unas semanas, pues había sospechas de fraude. DeSantis ha dicho que se estaban investigando peticiones “hechas en nombre de personas muertas”. A partir de aquí es cuando se empezaron a realizar las visitas a domicilios para comprobar que efectivamente los firmantes habían firmado la petición, a pesar de que ya habían sido validadas y que el plazo para cuestionar las firmas había pasado hacía tiempo. Por lo tanto, no queda claro cuál es el objetivo, pues parece legalmente improbable que puedan eliminar la enmienda de la papeleta a estas alturas.

Lisa Zayas y el resto de la campaña a favor de la enmienda ve en todos estos esfuerzos una campaña intimidatoria y diseñada para torpedear el proceso democrático, pero no se inmutan en su propia misión. “Obviamente, se está respondiendo a esas acciones y a la difusión de desinformación que es patética y dramática [...] pero estamos firmes en que vemos en todas nuestros estudios, en toda nuestra información, que la mayor parte de los ciudadanos la apoyan. Nosotros seguiremos educando para consolidar ese apoyo porque sabemos que lo podemos lograr”, dice Zayas. De todas formas, este viernes, Floridians Protecting Freedom y la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida presentaron una demanda contra el “uso indebido del dinero de los contribuyentes para mentir a los votantes sobre esta enmienda”.

Lejos de la campaña oficial, las movidas también han generado múltiples acciones legales en respuesta y esta semana el Supremo aceptó acelerar un caso en contra del gobernador DeSantis y otros oficiales que los acusa de usar su poder oficial inapropiadamente. El demandante pidió que se prohibiera el “mal uso o abuso de sus cargos y agencias para interferir con la elección de la Enmienda 4″. Si bien los jueces habrían podido desestimar la petición, han pedido que los acusados respondan a los alegatos antes de la tarde del 23 de septiembre.

Todo esto podría tener un impacto electoral más amplio en elecciones locales, a la Cámara de Representantes, al Senado e incluso en las presidenciales. Precisamente, el candidato republicano, Donald Trump, es residente de Florida y deberá votar por la Enmienda 4. En semanas recientes se le ha preguntado en múltiples ocasiones sobre su posición al respecto y sus respuestas han patinado. Primero diciendo que no apoyaba la restricción de las seis semanas, para retractarse unos días después. No está claro si votará a favor o en contra de la Enmienda 4, ni el efecto que esto pueda tener en las elecciones de Florida o en las nacionales.

Florida se ha convertido desde la irrupción de Trump en la política en un Estado de clara mayoría republicana después de años de ser uno de los territorios bisagra más importantes. Aun así, las veces que se ha sometido a referéndum el derecho al aborto desde la decisión del Tribunal Supremo de 2022 tanto en Estados conservadores como progresistas, la mayoría de los ciudadanos han votado a su favor. Y en esta campaña presidencial, el aborto es uno de los temas más fuertes de la candidata demócrata, Kamala Harris. Nadie se atreve a decirlo en voz alta por ahora y las encuestas que hay apuntan a que es altamente improbable, pero en medio de una batalla encarnizada que está poniendo el asunto en el centro del debate, tal vez el aborto está volviendo a hacer de Florida un territorio en disputa.