Viajar de Arizona a California para abortar: “Quieren que tengamos vergüenza, pero es nuestro derecho”

Lo supo a principios de noviembre de 2023. Estaba embarazada de apenas cinco semanas y lo sabía incluso días antes de hacerse la prueba. “Pero no era el momento. Tenía una hija que estaba por cumplir un año… No lo podíamos tener”, explica Anna Abeytia, una joven arizonia de 28 años. Lo más difícil no fue la conversación con su pareja ni verbalizar que quería abortar. Para esta mujer de ascendencia mexicana, la odisea empezó justo después de tomar la decisión. En Arizona, uno de los Estados con mayores restricciones para las interrupciones voluntarias del embarazo, no había tiempo que perder. El servicio médico ofrecía sólo dos escenarios: o bien pagaba 900 dólares y sorteaba las zancadillas de la burocracia médica empeñada en que desistiera o tenía un hijo que no quería tener. Abeytia optó por un tercer camino cada vez más común en Estados Unidos: viajar a otro Estado más garantista para abortar.

Ella eligió California, donde la Constitución estatal protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y está cubierto por Medicaid y por los seguros médicos privados. Así que a finales de noviembre, metió a su bebé dormida en el coche, dejó descansar a su pareja en el asiento del copiloto y condujo más de seis horas hasta el centro médico. “Solo deseaba llegar ya y que no hubiera ningún ‘provida’ en el centro, o que no me negaran el acceso por no ser de California… Quería terminar cuanto antes con esto”, cuenta. Aunque el tratamiento sugerido fueron las pastillas abortivas, optó por un legrado —un procedimiento quirúrgico mucho más invasivo— ya que este no requería una revisión posterior. “No podía volver a venir otra vez. Fue demasiado fuerte todo”, narra.

Como Abeytia, una de cada cinco mujeres que se realizaron un aborto en los seis primeros meses de 2023 lo hicieron en Estados más garantistas que en los que vivían, según el Instituto Guttmacher, una organización enfocada en derechos sexuales y reproductivos. Pero muchas se preguntan hasta cuándo querrán los Estados más generosos asumir estos gastos extras. El Fondo para Abortos de Nueva York, por ejemplo, cubrió un 200% más de procedimientos desde que Florida prohibió el acceso a partir de la sexta semana. Para muchas, esta tendencia pende de un hilo.

Un mes después de que Abeytia abortara en California, mientras estaba en el supermercado con su hija empezó a sangrar muchísimo. “Me puse cuatro compresas en menos de media hora”, recuerda. En una sala de urgencias de Phoenix, las ginecólogas confirmaron el peor diagnóstico: estaba aún embarazada y había que intervenir urgentemente. “Recuerdo haber tenido más miedo por lo que me podrían decir los médicos de Arizona que por mi salud, porque estaba de mucho más que 15 semanas... Es absurdo”, narra. Ahora, un año después de lo sucedido, dice sentir mucha rabia. “Es ridículo haber tenido que sumarle millas a mi coche, meter a mi niña por seis horas en el carro y poner a mi pareja y a mí en esa situación tan incómoda, para tener acceso a un procedimiento que pude haber tenido al lado de casa”, critica. “Ellos quieren que tengamos vergüenza, pero este es nuestro derecho”.

Desde la caída de Roe contra Wade en 2022, el precedente legal federal que blindaba el acceso a la interrupción del embarazo, la legislación en Arizona, como en muchos otros Estados, ha sido un terreno en disputa. A partir de entonces, volvió a quedar vigente en el Estado sureño una ley de 1864 que prohibía el aborto bajo cualquier causal. Después de dos años de activismo, el movimiento feminista logró la ley actual, que permite el aborto apenas hasta las primeras 15 semanas, sin que este servicio lo cubra el seguro médico. A partir de la semana 16 —cuatro meses de gestación—, ninguna complicación en el embarazo es suficiente para acceder a la interrupción del mismo.

Si bien más del 60% de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de casos, la derogación supuso un enorme paso hacia atrás en los derechos sexuales y reproductivos de las más de 165 millones de mujeres norteamericanas. Que la decisión dependa ahora de cada Estado volvió a poner en tela de juicio una consigna que parecía ya asumida: que hablar de aborto es hablar de salud. Hoy, una veintena de Estados del país tienen legislaciones menos garantistas que hace dos años y este se ha convertido en uno de los temas más politizados en las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 5 de noviembre.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los temas que puede decidir la ajustada batalla entre Donald Trump y Kamala Harris. Es por ello que ambos han hecho campaña —con narrativas diametralmente opuestas— en Arizona, uno de los siete estados claves en estos comicios. Si bien Trump ha ido modificado su discurso (pasó de decir que el aborto quería terminar “decapitando bebés recién nacidos” a defender las tres causales), celebra la caída de la norma federal. Estas tres excepciones aluden a cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto o cuando la vida de la mujer o el feto corren peligro.

Mientras, Harris se ha mostrado abiertamente a favor del aborto reiterando la idea de que “los políticos no tienen que tomar decisiones por nosotras”. La candidata también ha recordado que el “40% de las latinas viven en un Estado en el que el aborto está prohibido” y ha volcado gran parte de su campaña precisamente a convencerlas a ellas, incluso en spanglish. Los votantes latinos (y sobre todo las latinas) son un electorado crucial ya que históricamente han presentado altísimas tasas de abstención y su movilización en estas elecciones llevarán a uno de los dos a la Casa Blanca.

“Las pobres se mueren y las ricas abortan”

Aunque el aborto no esté prohibido en Arizona, este derecho es también difícil de ejercer incluso durante las primeras 15 semanas de gestación. Los movimientos más conservadores se han encargado de darle forma a varias leyes pensadas exclusivamente para los proveedores de este servicio médico —conocidas como los Targeted Regulation of Abortion Providers o trap laws— que convierten la decisión en un camino lleno de zancadillas. Un periodo de 24 horas de “reflexión”, una ecografía obligatoria en presencia de la mujer gestante, prohibir el envío de las pastillas abortivas o dos visitas médicas necesarias antes del procedimiento son algunas de las que aplican en este estado.

“Estas trap laws afectan especialmente a las mujeres más vulnerables; sobre todo a las latinas”, cuenta Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center (WEC). “Sabemos que un gran número de latinas no siempre pueden permitirse el lujo de solicitar varios permisos en el trabajo o pagar estas cantidades absurdas de dinero”. Según cinco expertas consultadas por EL PAÍS, acceder al aborto en Arizona oscila entre los 400 y los 20.000 dólares, dependiendo del estado de gestación.

“Las pobres se mueren y las ricas abortan”, zanja. “La prohibición no va a hacer que las mujeres dejen de abortar, simplemente lo está convirtiendo en un privilegio”. Anna Abeytia sabe que, aún con los inconvenientes y las complicaciones, fue “afortunada”. “Me aterra pensar en las mujeres que siguen teniendo hijos que no quieren tener porque hay políticos decidiendo por ellas”, lamenta.

En Estados Unidos existe un fondo nacional —National Network of Abortion Funds— que asume muchos de los costes de traslados y abortos de un Estado a otro. María Teresa Liebermann-Parraga pertenece a la delegación de Nevada, un estado limítrofe a Arizona con una legislación más laxa, y asegura que semanalmente reciben “docenas” de peticiones de mujeres de otros estados. El principal desafío que tienen, además de la financiación, cuenta, es ayudar a mujeres indocumentadas o que no hablan inglés. “Muchas tienen miedo de que puedan deportarlas”, añade.

Las heridas de ser un hijo no deseado

Para Linette Corrales la prohibición del aborto va mucho más allá del derecho a las mujeres a decidir. Su voz, valiente y entrecortada, habla en nombre de quienes, como ella, fueron hijos no deseados. “Por muy satisfactoria que sea mi vida ahora, hay heridas que no acaban de cerrarse y que tienen una raíz en eso, en que no me quisieron tener”, cuenta emocionada aguantando en brazos a su bebé, Zahid, de menos de un año. “Mi bienvenida y la de mi hijo fueron muy diferentes”, lamenta. Lo cuenta conteniendo la emoción en un encuentro de mujeres latinas organizado por WEC para aliviar el peso de estas experiencias que suelen cargarse en silencio. “La vergüenza la tienen que sentir ellos [los políticos conservadores]. No nosotras”.

Corrales sabe que no es la única. La prohibición del aborto está generando que miles de niños crezcan en familias que no quisieron traerlos al mundo o que no tienen la capacidad para cuidarlos. “Aún no se habla de nuestros relatos lo suficiente porque a muchos les hace sentir incómodos pensar que ellos mismos no fueron queridos. O que tuvieron un hijo que no deseaban. Hay vergüenza en admitirlo, pero pasa”, zanja. La sensación de vacío, el miedo a tener relaciones sexuales o el tabú a la hora de planificar son algunas de las secuelas que nunca se fueron. “Aunque los latinos son muy conservadores en este tema, está cambiando porque a muchos nos ha tocado de cerca”. Más de 6,5 millones de latinas viven en Estados restrictivos.

A pesar de que el electorado latino ha sido históricamente más conservador, la movilización de las mujeres y los jóvenes está dándole la vuelta al estereotipo. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional Latino para la Justicia Reproductiva, el 82% de los latinos y latinas que votarán están de acuerdo con que cada mujer tome sus propias decisiones sobre su propio cuerpo. Raquel Cruz, migrante guatemalteca residente en Las Vegas, Nevada, resume esa conicencia creciente como la herencia de la Marea Verde y los movimientos feministas latinoamericanos que fueron las antesalas de las legislaciones tan garantistas presentes en gran parte de América Latina. “No queremos a Roe vs. Wade de vuelta. Queremos algo mejor, que no deje a ninguna migrante fuera”.

Así, en estados como Arizona y Nevada, la movilización latina suena más alto que nunca. Cruz, Corrales y Abeytia son algunas de las miles de mujeres que están abogando por un cambio en su comunidad. El 5 de noviembre, no sólo esperarán ansiosas los resultados de las elecciones presidenciales sino que estarán atentas a la proposición 139, una enmienda de iniciativa ciudadana que pretende establecer un derecho constitucional estatal al aborto. Como Arizona, otros diez estados votarán en dos semanas por enmiendas electorales que blinden este derecho. Pase lo que pase el 6 de noviembre ninguna suspirará tranquila. “Sabemos que nuestros derechos siempre están en disputa”, concluye Cruz.