Nueva York ofrece una segunda oportunidad a los delincuentes

Nueva York es desde hace unos días uno de los 12 Estados del país en el que el derecho a una segunda oportunidad es más que un eslogan. La ley Clean Slate, aprobada el año pasado y que puede traducirse como “borrón y cuenta nueva” o “comenzar de cero”, acaba de entrar en vigor. Se trata de una legislación que obliga a sellar delitos del historial (como si se archivara) de una persona tras su condena o su paso por prisión. El sellado no es un borrado del historial, pero evita que este pasado salga a la luz para determinar la idoneidad de una persona cuando quiera alquilar una vivienda (el 94% de los caseros verifica estos datos), acceder a educación u optar a un buen número de empleos.

En el caso de delitos menores el sellado llega después de tres años y para la mayoría de los delitos graves la espera es de ocho años. Quedan excluidos del sellado condenas fuera del Estado, delitos contra la libertad sexual y casi todos los considerados como clase A (asesinato, secuestro, terrorismo o incendio intencional). Para que el plazo empiece a correr se debe haber completado la libertad condicional u otro tipo de restricción a esta. Y no se puede volver a tener una condena durante el plazo de tres u ocho años.

El hecho de que no se arrastren indefinidamente las consecuencias de las acciones cometidas en el peor momento de una vida no solo es un alivio para individuos y familias, sino que además es una medida que ayudará a la economía del Estado. Según la organización que patrocina esta medida a nivel nacional, The Clean Slate Iniciative (CSI), la exclusión laboral a la que están sometidas las personas con historial delictivo cuesta al país 87.000 millones de dólares en pérdidas en el Producto Interno Bruto (PIB). Coincidiendo con la entrada en vigor de CSI, se ha estimado que la contribución positiva al Estado será de 12.600 millones.

Un estudio de Harvard Law Review reveló que, en el caso de Michigan, dos años después de sellar los historiales, el 11% de los beneficiados por la ley tenían más posibilidades de encontrar un trabajo. Uno de cada cuatro cobraba más y tenían menos probabilidades de volver a ser condenados que el resto de la población.

Según CSI, los más beneficiados por esta ley son quienes más afectados se han visto por el “racismo sistémico del sistema criminal de Nueva York en el que las consecuencias civiles resultantes de historiales con antiguas condenas impacta desproporcionadamente a los neoyorquinos de origen no blanco, lo que profundiza las desigualdades ya existentes”. Los datos más recientes muestran que en la ciudad de Nueva York tanto negros como latinos son los más afectados en este sentido y quienes se beneficiarán más de este sellado automático. “Son datos similares a las tendencias que hay en el resto del estado”, explica la iniciativa.

La ley gozó para su aprobación del apoyo de empresas como Microsoft, Verizon , JP Morgan Chase y el Business Council of New York State, que engloba a más de 3.000 compañías además de sindicatos del Estado. Las agencias estatales tienen que haber terminado de preparar sus sistemas para operar bajo esta ley en 2027. El sellado no funciona, no obstante, en todos los casos. Definitivamente no se aplica en casos de inmigración. “Si usted no es ciudadano y tiene una condena debe consultar con un abogado de inmigración antes de intentar un cambio de estatus o viajar al extranjero”, sugiere la directriz del Estado.

Tampoco pueden optar los policías o agentes del orden público, además de personal de justicia o quienes estén a cargo de verificación de datos para licencias de armas. El Departamento de Vehículos de Motor (DMV, por sus siglas en inglés) también tendrá acceso al historial delictivo en caso de que haya actuaciones criminales relacionadas con el manejo de un automóvil.

En algunos trabajos en los que se trabaje con población vulnerable como menores de edad, mayores o personas con discapacidades, los empleadores también podrán levantar el sellado. Es algo que también podrán hacer “las redes de transporte para las que el estado requiere o autoriza el acceso a la información criminal”, es decir empresas como Uber y Lyft.